El pleno del Congreso aprobó en segunda votación los cambios al Nuevo Código Procesal Constitucional que incluyen reducir de cinco votos a cuatro los necesarios para emitir fallos en procesos competenciales, a pesar que actualmente el Tribunal Constitucional (TC) está evaluando la demanda del Parlamento contra el Poder Judicial.
La votación este jueves 17 de octubre concluyó con 72 votos a favor del texto sustitutorio que ya había sido aprobado en primera votación la semana pasada.
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Las bancadas que votaron a favor fueron, en bloque, Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso (APP), Renovación Popular, Honor y Democracia, así como la mayoría de Podemos Perú, Perú Libre, Bloque Magisterial, Avanza País y Somos Perú.
Los votos en contra fueron de Juntos por el Perú – Voces del Pueblo, Bancada Socialista, y el Bloque Democrático Popular.
El proyecto plantea reducir de cinco votos a cuatro el total necesario para que el TC emita una sentencia que declare fundada una demanda competencial.
También favorece al Parlamento al restringir en el Poder Judicial la admisión de medidas cautelares en demandas de amparo que estén relacionadas con funciones como la lección de magistrados del TC, defensor del Pueblo y la inhabilitación de altos funcionarios o la vacancia presidencial.
Estos cambios ahora deberán pasar al Poder Ejecutivo, donde se deberá promulgar o devolver al Congreso con observaciones dentro del plazo establecido. Caso contrario, el Parlamento podrá promulgar la norma directamente.
Estos cambios al proceso competencial fueron cuestionados por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), ya que actualmente el Congreso se encuentra inmerso en una demanda contra el Poder Judicial por la restitución de Aldo Vásquez e Inés Tello pese a sus inhabilitaciones aprobadas en el pleno.
El presidente de la JNJ, Antonio de la Haza, aseguró el último jueves que la decisión del Congreso “podría debilitar la capacidad del Tribunal [Constitucional] para actuar como contrapeso en casos críticos que comprometen los derechos fundamentales y el estado de derecho”.
“La independencia del sistema de justicia enfrenta desafíos significativos y es importante que todos seamos conscientes de los riesgos que ciertos cambios legislativos podrían tener en el equilibrio de poderes”, señaló.
