El Congreso de la República incluyó en la agenda del pleno de esta semana un dictamen que le permitiría contar con un representante en el consejo directivo del Instituto Nacional de Radio y Televisión (IRTP), a cargo de TV Perú, Radio Nacional y otros medios de comunicación del Estado.
La iniciativa plantea que la Mesa Directiva del Congreso se encargue de elegirlo.
Además, de acuerdo con la propuesta, los otros representantes serían elegidos por el Poder Judicial, la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación.
El dictamen fue aprobado por mayoría en la Comisión de Descentralización del Congreso en junio pasado. Recoge proyectos de ley de Avanza País, Alianza para el Progreso y la Defensoría del Pueblo.
Actualmente, el Poder Ejecutivo se encarga de la designación de los cinco miembros del directorio (un presidente y cuatro miembros designados por resolución suprema).
“Agravará la situación ya crítica”
La presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), Zuliana Lainez, señaló que la inclusión del dictamen en la agenda del pleno “sin que haya existido un debate previo o se hayan recibido opiniones de instituciones que tienen que ver con el ejercicio de los medios de naturaleza pública en Perú demuestra que se quiere aprobar al ‘caballazo’”.
Lainez señaló que incorporar representantes de poderes del Estado en el directorio del IRTP “agravará la ya crítica situación de autonomía e independencia” de esa entidad.
“Hemos tenido situaciones tan críticas como el nombramiento de la última presidenta del directorio, que no era ni más ni menos que la persona que se encargaba de ver los temas de imagen de la presidencia de la República. Eso ya es crítico, pero un proyecto como el que está en orden del día del pleno agravaría muchísimo más esa situación, porque le da incluso un matiz mucho más político a los medios del Estado”, añadió Lainez.
En mayo del 2023, el gobierno nombró como presidenta ejecutiva del IRTP a Ninoska Chandía, quien antes se desempeñó como directora de imagen del despacho de la presidenta Dina Boluarte.
Recordó que en los últimos años, instituciones de prensa como la ANP, el Consejo de la Prensa Peruana y el Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) han cuestionado cómo los medios de comunicación del Estado son utilizados por los mandatarios de turno como cajas de resonancia. “Nunca se ha respetado la independencia que deberían tener ni se ha garantizado su autonomía”, señaló.
Lainez cuestionó que el dictamen no considere que el directorio del IRTP cuente con representantes de la sociedad civil, tal como acaba de plantearse mediante un proyecto de ley presentado por el congresista Carlos Anderson (no agrupado) el último 27 de noviembre.
“Los medios públicos no son de quien está en el gobierno. Tendrían que tener naturaleza pública. Por ello, la asociación de periodistas suma su voz […] para que el dictamen regrese de manera inmediata a comisión para que sea discutido junto al proyecto presentado por el congresista Anderson. Este tiene una composición mucho más democrática”, dijo.
La fórmula planteada por Anderson busca que el consejo directivo se amplíe de cinco a siete miembros. De estos, tres serían designados por instituciones del Estado y cuatro por la sociedad civil mediante concursos públicos de mérito. Esto con el objetivo que el órgano de control del IRTP tenga una mayoría de directores independientes.
El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) conformó una comisión el año pasado para elaborar un anteproyecto de ley que garantizara la independencia y autonomía del IRTP. Luego de realizarlo, lo presentaron a Anderson, quien realizó cambios y lo presentó al Parlamento.
Según la propuesta, los miembros del consejo directivo serían designados por el presidente de la República, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, las organizaciones representativas de pueblos indígenas u originarios, las facultades de Comunicación Social y Periodismo de las Universidades Públicas y Privadas del Perú y las asociaciones de consumidores.
Además, a diferencia del actual sistema, la presidencia ejecutiva del IRTP no sería nombrada por la presidencia de la República, sino por los siete miembros del consejo directivo.
La reforma apunta a que el control editorial e informativo de TV Perú y Radio Nacional no recaiga en funcionarios que responden al poder de turno. Se encuentra en manos de la Comisión de Constitución y la Comisión de Cultura y Patrimonio.
Controlado por intereses políticos
El director ejecutivo del CPP, Rodrigo Salazar Zimmermann, señaló que el dictamen que ingresó a la agenda del pleno “concentra de manera total y absoluta” la gobernanza del IRTP.
“[Con el dictamen] las sillas del directorio se reparten en función de las instituciones públicas del Estado. Le toca al Legislativo, al Judicial, a la PCM, cuando no debería ser un juego de sillas rotativas, sino una gestión profesional en términos de brindar la mejor información posible y la más imparcial a los ciudadanos”, dijo en diálogo con El Comercio.
Adelantó que el CPP exhortará públicamente al Congreso a que el dictamen regrese a comisión para que se evalúe junto con el proyecto de Anderson.
Salazar añadió que deberían colocarse candados para evitar la remoción del presidente ejecutivo del IRTP por intereses del poder de turno. Recordó el despido intempestivo de Hugo Coya en el 2019, durante la gestión del entonces presidente Martín Vizcarra, con Francisco Petrozzi como ministro de Cultura.
Además, resaltó que en la gestión de la actual presidenta del IRTP – nombrada a dedo por el gobierno de Boluarte – se han reportado presiones editoriales, despidos arbitrarios y censura de información desfavorable para la jefa del Estado.
En la mira de la fiscalía
Por otro lado, representantes del Ministerio Público acudieron el último martes a las oficinas del IRTP por presuntas irregularidades en la contratación de servicios para la transmisión del foro APEC 2024.
La diligencia estuvo a cargo del sexto despacho de la Segunda Fiscalía Anticorrupción de Lima Centro. Consistió en la exhibición y entrega de documentos por parte del IRTP.
Mediante un comunicado, el IRTP aseguró que colabora con las investigaciones. Añadió que los documentos sobre la contratación de servicios fueron remitidos a la Contraloría General de la República, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado y la Oficina de Control Interno (OCI).
