Los parlamentarios Edward Málaga (no agrupado) y Norma Yarrow (Renovación Popular) se adhirieron formalmente al pedido de la congresista Gladys Echaíz (Honor y Democracia) para que la Comisión de Constitución convoque a una sesión extraordinaria y analizar las presuntas irregularidades ocurridas durante las elecciones generales del pasado 12 de abril.
Los parlamentarios Edward Málaga (no agrupado) y Norma Yarrow (Renovación Popular) se adhirieron formalmente al pedido de la congresista Gladys Echaíz (Honor y Democracia) para que la Comisión de Constitución convoque a una sesión extraordinaria y analizar las presuntas irregularidades ocurridas durante las elecciones generales del pasado 12 de abril.
A través de un oficio enviado el 29 de abril al presidente de la comisión, Arturo Alegría (Fuerza Popular), Málaga señaló que existió una “masiva vulneración del derecho al libre sufragio”. El legislador argumentó que los hechos ocurridos ponen en duda la legitimidad de las autoridades electas y solicitó la participación de expertos en derecho electoral para determinar acciones legales.
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Por su parte, Norma Yarrow, de la bancada de Renovación Popular, también expresó su adhesión al pedido de Echaíz. La congresista fundamentó su solicitud en la defensa del artículo 31 de la Constitución y cuestionó las fallas en el sistema electoral que afectaron el derecho al voto de los ciudadanos.
La iniciativa surge tras las declaraciones de Gladys Echaíz, exintegrante de Renovación Popular, quien calificó el proceso como un “abierto fraude, premeditado y escrupulosamente elaborado”. Según indicó, existieron irregularidades en la contratación de personal, el manejo del software electoral y la falta de instrucciones para la instalación de mesas de votación que contaban con material disponible.
La Comisión de Constitución acordó realizar una sesión conjunta con la Comisión de Fiscalización y Contraloría para abordar la situación del sistema electoral.
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró inviable la realización de elecciones complementarias, calificando el pedido como ilegal por no estar previsto en la Ley Orgánica de Elecciones. El organismo autónomo sostuvo que el ausentismo respondió a múltiples factores y que el cronograma electoral debe respetarse para asegurar la transición de mando.
