La congresista Diana Gonzales (Avanza País) presentó un proyecto de ley donde propone que los senadores o diputados condenados por minería ilegal pierdan su escaño sin posibilidad de reemplazo por un accesitario de su mismo partido, aplicando la figura de la “silla vacía”.
Se trata de la iniciativa legislativa N° 13835/2025-CR, que plantea modifica el artículo 19 del Reglamento del Congreso, aprobado por Resolución Legislativa N° 004-2025-2026-CR y aplicable tanto a la Cámara de Diputados como a la de Senadores con miras al próximo Parlamento que se instalará en julio del 2026.
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“En caso de que un senador o un diputado hubiera sido condenado mediante sentencia judicial firme por la comisión de un delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico ilícito de drogas, terrorismo, trata de personas y lavado de activos provenientes de estos ilícitos y minería ilegal no es aplicable lo dispuesto en las normas de los reglamentos de las cámaras sobre el reemplazo por el accesitario”, indicó.
Cabe indicar que la pérdida de escaño parlamentario o “silla vacía” se aplica actualmente cuando un congresista es condenado mediante sentencia judicial firme por delitos como tráfico ilícito de drogas, terrorismo, trata de personas o lavado de activos derivados de estos ilícitos.
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El proyecto propone incorporar a la minería ilegal dentro de este régimen. Gonzales Delgado explicó que la medida busca fortalecer los incentivos para que los partidos revisen con mayor rigurosidad las hojas de vida de sus postulantes y, al mismo tiempo, enviar un mensaje político firme sobre la gravedad de este delito.
La iniciativa responde al impacto cada vez mayor de la minería ilegal en el país. Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), entre enero de 2021 y marzo de 2024 esta actividad causó la deforestación de 30,846 hectáreas en la Amazonía y opera asociada a organizaciones criminales en zonas donde el Estado tiene poca presencia.
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A ello se suma el crecimiento acelerado de las exportaciones de oro ilegal, que llegarían a entre 105 y 115 toneladas en 2025, por un valor de hasta US$ 12,000 millones. La ciudadanía también percibe esta amenaza.
De acuerdo con un estudio de Ipsos de diciembre de 2024, tres de cada cuatro peruanos consideran que la minería ilegal pone en riesgo la seguridad de sus familias, mientras que casi el 70% cree que ya influye directamente en la política.
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Asimismo, el 63% teme que las mafias vinculadas al oro ilegal puedan capturar el poder en los próximos años. En este contexto, el proyecto busca que los partidos asuman responsabilidad directa por los candidatos que postulan.
