Conflicto de interés

Un principio básico de gobierno corporativo indica que cuando un director de empresa tiene un interés personal que podría chocar con su deber hacia la compañía, ese director tiene la obligación de evitarlo o, si no puede evitarlo, declararlo con transparencia total ante el resto del directorio. Los códigos de gobierno corporativos son claros: ocultar un vínculo relevante incumple el deber fiduciario más básico de un director, que es actuar de buena fe en interés de la organización. En el sector privado esto no es un formalismo: es la línea que separa una decisión objetiva de un favor disfrazado de política.

Y sin embargo, en el Perú tratamos el conflicto de interés como un detalle administrativo. Dos casos de las últimas semanas lo confirman. El primero es el del ministro de Defensa, Rafael Belaúnde. En su declaración jurada de intereses, presentada tras jurar al cargo el 28 de julio, escribió que su padre “no labora”. Los registros públicos dicen otra cosa: desde mayo, Rafael Belaúnde Aubry es director de Paltarumi S.A.C., empresa que compra oro proveniente de Pataz, la misma provincia donde las Fuerzas Armadas -que dependen del ministro- combaten la minería ilegal bajo estado de emergencia. No hace falta probar intención para entender el problema: la declaración jurada existe justamente para que la ciudadanía pueda verificar, sin depender de la buena voluntad del funcionario, si hay algo que vigilar. Cuando ese instrumento falla, falla el control mismo.

El segundo es el del ministro de Educación, José Antonio Chang, cuestionado por nombrar a la excongresista Tania Ramírez como representante del sector ante el directorio de la Derrama Magisterial -cargo con una dieta mensual de 22 mil soles- luego de que se revelara que ambos coincidieron en al menos tres viajes al extranjero. Chang lo niega y ofrece explicaciones institucionales, y puede que tenga razón. Pero el punto no es si existe o no una relación sentimental: un nombramiento en una entidad que administra fondos de miles de maestros debe estar blindado de cualquier sospecha razonable, sin depender de que confiemos en la palabra de quien nombra.

En ambos casos la respuesta política fue la misma: minimizar, explicar por partes, esperar que pase la ola noticiosa. Así hemos normalizado que el conflicto de interés sea un escándalo de coyuntura y no una falla estructural de gobernanza. En el mundo corporativo, un director que omite un vínculo como el de ambos ministros enfrentaría una investigación del directorio y, potencialmente, su inhabilitación. En el Estado peruano, en cambio, la declaración jurada de intereses -creada precisamente para prevenir estos casos- se llena una vez, casi nadie la audita a fondo, y las sanciones por consignar información falsa son prácticamente inexistentes en la práctica.

Gobernar un país no es tan distinto de gobernar una empresa: ambos exigen que quien decide no tenga, ni parezca tener, un interés propio en la decisión que toma. La diferencia es que cuando falla el directorio de una empresa, pierden los accionistas. Cuando falla el Estado, perdemos todos. Por eso los ciudadanos no podemos seguir tratando estos casos como anécdotas de la semana: debemos exigir declaraciones juradas auditadas de oficio, sanciones reales por omisiones y funcionarios que entiendan que gestionar el conflicto de interés no es un trámite, sino el primer examen de integridad que deben aprobar.