Los conductores y propietarios de vehículos tubulares en el balneario de Huacachina iniciaron un paro indefinido el lunes 14 de setiembre. Esta medida extrema responde a la suspensión de sus actividades turísticas y a los continuos operativos de fiscalización en las dunas de Ica.
Los conductores y propietarios de vehículos tubulares en el balneario de Huacachina iniciaron un paro indefinido el lunes 14 de setiembre. Esta medida extrema responde a la suspensión de sus actividades turísticas y a los continuos operativos de fiscalización en las dunas de Ica.
La paralización mantiene fuera de circulación a más de 400 unidades que ofrecen paseos recreativos en el territorio desértico. Cientos de visitantes nacionales y extranjeros expresaron su malestar tras la cancelación repentina de los recorridos contratados.
El conflicto en esta zona se ha visto recrudecido las últimas semanas tras reportes de un accidente de tránsito que dejó a un turista con graves lesiones. La falta de un marco regulatorio adaptado a la realidad local dificulta la formalización de los operadores del sector.
Los representantes gremiales de los tubulares solicitan la instalación inmediata de una mesa de diálogo con las autoridades del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ellos exigen la elaboración de una normativa especial que reconozca este transporte como una actividad de deporte de aventura.
Los choferes cuestionan la aplicación del Decreto Supremo 026-2019-MTC que impone límites estrictos de antigüedad a la flota vehicular. Según afirman los dirigentes, dicha regla contempla el tránsito sobre pistas asfaltadas e ignora las condiciones propias del desierto.
Los manifestantes defienden la seguridad de sus estructuras compuestas por jaulas antivuelco y chasis reforzados para la protección de los pasajeros. Además, señalan que las contingencias pasadas ocurrieron por fallas humanas de conductores imprudentes y no por problemas mecánicos.
Investigación de la Fiscalía sobre los tubulares en Huacachina
La Fiscalía de Prevención del Delito de Ica intervino los vehículos tras detectar severas deficiencias operativas y documentarias en los coches. El fiscal Pedro Del Carpio Soto afirmó que los autos modificados carecen de la homologación legal exigida por las autoridades.
El Ministerio Público sostiene que la alteración del chasis y la remoción de la carrocería original modifican el peso industrial de fábrica. Por este motivo, la entidad exige una certificación técnica emitida por talleres autorizados antes de autorizar el reinicio del servicio.