Las cirugías estéticas persiguen a la presidenta Dina Boluarte. Un tema que desde el principio debió resolverse con la verdad por delante se enredó con versiones contradictorias que terminaron convirtiéndolo en un asunto de Estado.
En la víspera de que el Gabinete presidido por Eduardo Arana acudiera al Parlamento a solicitar el voto de confianza, el cirujano plástico de la presidenta Boluarte decidió desenvainar el bisturí y colocar a la mandataria en una situación peligrosa de cara a la estabilidad de su gobierno.
En la carta notarial que el doctor Mario Cabani dirige a la presidenta Boluarte y envía a la Comisión de Fiscalización del Congreso, el Ministerio Público y el Poder Judicial, le exige a la jefa del Estado que se rectifique sobre la naturaleza de la operación, que cesen los hostigamientos en su contra y que le devuelva la historia clínica.
El asunto de la carta señala el “requerimiento notarial de rectificación por declaraciones inexactas sobre intervención quirúrgica, emplazamiento para que cese difamación y reconocimiento del procedimiento de cirugía plástica estético múltiple y funcional en su rostro bajo sedación anestésica. La presente carta notarial es un enérgico rechazo a sus falsedades y nuestra solicitud de rectificación es inmediata, y se le emplaza a que cese el hostigamiento al personal médico y a amenazarnos que no podemos declarar ante la Comisión de Fiscalización del Congreso y ante la prensa peruana e internacional”.
Cabani apunta al abogado defensor de Boluarte, Juan Carlos Portugal, y al ministro de Educación, Morgan Quero, como los autores del hostigamiento en su contra y la de su equipo.
A sabiendas del impacto legal de sus afirmaciones, Cabani coloca sal en la herida cuando afirma: “No entendemos el poder de desdoblamiento en dos lugares, ya que aseveramos que estuvo internada en nuestra clínica todo el día 29 de junio del 2023 hasta el 30 de junio del 2023, y a la vez junto con sus ministros firmaron el mismo día 29 una resolución que se expidió el mismo día, en sede de gobierno, siendo que nadie más pudo ingresar a la clínica donde usted estuvo con reposo absoluto”.
Esta afirmación apunta a generar la sospecha de que los decretos firmados mientras Boluarte se encontraba internada en la clínica Cabani no hayan sido suscritos por ella.
Este es quizás el único elemento que podría tener connotaciones penales serias si después de un peritaje se demostrara que no es la firma de la presidenta.
El secretismo nunca es buen consejero. Si la señora hubiera informado con transparencia que se iba a someter a una cirugía para poder respirar mejor, y de paso también a intervenciones de carácter estético, el país se habría ahorrado presenciar este debate entre una paciente y un médico.
Es importantísimo marcar una línea entre el escándalo salpicado de chisme y las connotaciones penales de un hecho que hace rato se le salió de las manos al Gobierno.
El país no se merece esta incertidumbre por una cirugía plástica y las mentiras que la rodearon.
