Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
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Donald Trump lleva años abogando por restringir el voto por correo. Ha dicho que su existencia permite el escenario perfecto para un fraude en las urnas y hasta ha secundado teorías de la conspiración con miras a cambiar las reglas electorales. Esta semana, el presidente de Estados Unidos obtuvo una victoria cuando el Tribunal Supremo le permitió seguir adelante con sus planes para limitar el voto por correo, al menos por ahora.
A casi dos meses de las elecciones legislativas de mitad de mandato, todos los ojos están puestos en si habrá o no cambios significativos en la votación por correo, un método que casi un tercio del país -en su mayoría demócratas- utiliza para votar. La expectación es aún mayor debido a que algunas boletas para los próximos comicios están próximas a enviarse.
La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó el lunes la entrada en vigor de un decreto firmado por Trump el 31 de marzo que exige la elaboración de listas de votantes habilitados y que el Servicio Postal entregue las papeletas únicamente a los votantes que figuren en esos registros.
Cada estado procesa de manera diferente el recuento de los votos por correo.
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La victoria temporal de Trump del lunes mostró las divisiones dentro del máximo tribunal de nueve integrantes, con tres de ellos votando en contra de los reclamos del presidente.
Al tomar la decisión, la mayoría de magistrados destacó que los estados que impugnaron la orden ejecutiva del gobierno no pudieron demostrar que las normas electorales, que aún no habían entrado en vigor, les hubieran perjudicado suficientemente. Los magistrados enfatizaron que su resolución no era definitiva y que seguirán a la espera de más litigios para determinar si la orden de Trump es legal.
“La decisión del Tribunal respecto de esta solicitud no significa que cualquier medida que tome el Gobierno para implementar la Orden sea necesariamente legal”, señalaron. “En ese aspecto, el tiempo lo dirá”.
El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, calificó la decisión de “vergüenza”. “El intento malicioso de Trump de impedir el voto por correo no es más que una injerencia electoral a plena luz del día. Quiere dificultar el voto a los estadounidenses para que no le exijan responsabilidades por los costos desorbitados, la guerra ilegal [en Irán] y la corrupción desenfrenada que caracterizan a su administración”, afirmó.
Las tensiones alrededor de las restricciones al voto por correo han provocado amplio debate en los últimos años. El diario “The New York Times” explica que la orden ejecutiva de Trump instruía a las agencias federales a crear “listas estatales de ciudadanía” de personas que tuvieran 18 años o más el día de las elecciones.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 24 de agosto de 2026. Foto: EFE/EPA/WILL OLIVER / POOL
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“Posteriormente, se ordenó a los funcionarios federales que enviaran esos nombres a los funcionarios electorales estatales, quienes administran la votación, supuestamente para que pudieran utilizarlos para depurar las listas de registro de votantes de cualquier persona que no fuera ciudadana. La orden también instruía al Servicio Postal a no enviar boletas en nombre de ninguna persona cuyo nombre no figurara en la lista aprobaada”, señala el medio.
La politóloga María Puerta Riera, profesora de Gobierno Americano en el Valencia College de Orlando señala que Trump tiene varios años hablando de fraude electoral y centra esa narrativa en factores como, en primer lugar, el registro electoral, que el presidente está solicitando a todos los estados a través del Departamento de Justicia.
“En segundo lugar, Trump busca atacar el voto por correo, porque su tesis es que ese voto es uno de los instrumentos que contribuye al fraude electoral, cosa que es debatible porque para votar por correo se necesita una serie de verificaciones, no cualquiera puede llegar y votar por correo. Y él lo sabe porque él vota por correo”, comenta a El Comercio.
Una de sus estrategias ha consistido en involucrar al Departamento de Justicia en la exigencia del registro electoral. Esto es clave porque el registro electoral en Estados Unidos no es de manejo federal, sino que cada estado controla esa información que por su naturaleza es muy delicada.
“El problema es que, hasta ahora, 23 estados han ganado sus demandas negándose a proporcionar esa información, a suministrar esos listados”, dice Puerta.
Los medios y analistas en Estados Unidos han señalado que si bien es poco probable que haya un fallo que limite el voto por correo y que es decisión se pueda aplicar en los comicios de noviembre, el solicitar los registros electorales estatales e involucrar el correo postal en esta situación puede generar confusión entre el electorado.
La Corte Suprema de Estados Unidos analiza un caso que podría obligar a que las boletas por correo sean recibidas antes o el mismo día de las elecciones. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Perplexity)
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Para Puerta el impacto fundamentalmente es que puede reducir la participación electoral, pues aquellos ciudadanos que crean que votar por correo será muy complicado o que su voto no contará, podrían decidir no sufragar.
También es importante destacar que la decisión de la Corte Suprema es preliminar. La analista señala que lo que ha dicho hasta ahora el máximo tribunal a los demandantes es que ellos se adelantaron con la demanda porque no se ha producido todavía el daño que ellos alegan.
“La decisión de la corte se centró en que no se puede demandar sobre algo que aún no ha ocurrido. Es decir, hay que esperar, tiene que haber un tiempo para que haya críticas, rectificaciones, sugerencias. Ahora, hay una segunda decisión importante porque hay dos demandas diferentes. La otra decisión mantiene que el correo postal no se puede negar a facilitar el voto por correo. Esa decisión de la corte atañe a una de las demandas. Entonces por ahí ya queda claro que no hay una suspensión del voto por correo. Solamente se ha dado una decisión que dice que los demandantes tienen que esperar para demandar”, concluye.
