La exclusión del periodista ecuatoriano Paul Romero de actos oficiales de las Fuerzas Armadas destapó la existencia de una directiva interna que condiciona la cobertura periodística en función de la línea editorial y el tratamiento informativo de cada medio. Lo que comenzó como un veto individual tras la publicación de reportajes de investigación, terminó revelando una matriz de evaluación emitida por el Comando Conjunto que clasifica a periodistas y medios según criterios como su postura histórica frente a la institución militar en Ecuador.
El documento, que no fue difundido públicamente y que Romero obtuvo mediante investigación propia, establece parámetros para autorizar o restringir acreditaciones en eventos y coberturas oficiales. Organizaciones de defensa de la libertad de expresión han advertido que estos lineamientos podrían constituir censura previa, al supeditar el acceso a la información pública a la valoración subjetiva del enfoque editorial de cada medio.
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En diálogo con El Comercio, Romero indicó que tuvo acceso a un oficio del jefe del Comando Conjunto, Henry Delgado, fechado el 28 de enero, donde se ordena a los comandantes del Ejército, la Marina y la Aviación que evalúen a cada medio y a los comunicadores para cualquier cobertura periodística.
Un soldado a bordo de un vehículo blindado patrulla una calle mientras militares realizan inspecciones de armas y drogas en Quito el 10 de febrero de 2026, como parte de las medidas para combatir la delincuencia. (Foto de Rodrigo BUENDIA / AFP).
/ RODRIGO BUENDIA
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Esta directiva establece cuatro parámetros para autorizar coberturas y acreditaciones. El primero es la línea editorial del medio, donde se valora si la empresa o el periodista tiene una postura editorial que, según la institución, es favorable, neutral o crítica respecto a las Fuerzas Armadas.
El segundo es el tratamiento informativo histórico, donde se revisa cómo ese medio ha cubierto históricamente a las Fuerzas Armadas, incluyendo si ha sido positivo o crítico.
El tercero es el rigor informativo y conducta profesional, que incluye aspectos como el nivel de precisión, ética periodística y profesionalismo en la cobertura.
Y el cuarto es la postura institucional frente al rol constitucional, que evalúa si la cobertura respeta o cuestiona la función que, constitucionalmente, las Fuerzas Armadas deben cumplir.
Mediante un comunicado, el 10 de febrero el Comando Conjunto confirmó la existencia de la orden y criticó “la reciente difusión de documentación oficial por parte de un medio de comunicación”. Dijo que los lineamientos “no tienen como propósito restringir, limitar ni impedir el ejercicio del trabajo periodístico ni afectar el derecho a la información”, sino “ordenar, planificar y garantizar que la labor informativa se desarrolle de manera adecuada, oportuna y segura durante los eventos oficiales organizados por las Fuerzas Armadas”.
Vetado tras publicar irregularidades en Defensa
El periodista de Ecuavisa Paúl Romero.
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Romero manifestó a este Diario que su exclusión de coberturas oficiales del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas responde a una serie de reportajes en los que reveló presuntas negligencias en la adquisición de un radar estratégico para la lucha contra el narcotráfico.
Explicó que sus investigaciones se centraron en un radar comprado en 2021 a una empresa española por más de 24 millones de dólares. El equipo, que explotó ese mismo año, debía instalarse en un punto clave para el control del espacio aéreo en la costa del Pacífico, una zona considerada estratégica por la salida de droga desde Ecuador. Sin embargo, cinco años después —ya en 2026— el sistema no ha sido reinstalado, pese a la suspensión del contrato inicial.
“Esa publicación molestó e inquietó a las Fuerzas Armadas y al ministerio de Defensa”, afirmó. Según relató, tras la difusión de los reportajes comenzó a enfrentar restricciones: se le prohibió el acceso a eventos oficiales y se le negó información institucional.
El periodista indicó que el pasado 26 de enero fue invitado por la Fuerza Terrestre a un evento conmemorativo por los 31 años de la Guerra del Alto Cenepa, en la frontera sur con el Perú. Sin embargo, al llegar al lugar se le informó que existía una orden del ministerio de Defensa que le impedía participar en la cobertura. Dos días después, el 28 de enero, se emitió la resolución que formalizó los criterios de evaluación. El periodista señaló que, al indagar sobre lo ocurrido, descubrió la existencia de la orden.
Romero calificó estos lineamientos como “censura previa” y sostuvo que contravienen compromisos internacionales suscritos por Ecuador, como la Declaración de Chapultepec y los principios del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, además de disposiciones de la Constitución y la Ley Orgánica de Comunicación vigente.
Con más de 15 años cubriendo temas de seguridad y defensa, Romero señaló que no es la primera vez que enfrenta este tipo de situaciones. Recordó que durante el gobierno de Rafael Correa también fue objeto de restricciones, amenazas y seguimiento por publicaciones críticas.
“Eso pasó antes y me pasa ahora. No me extraña y tampoco me amedrenta. Voy a seguir informando”, concluyó.
“Estos lineamientos equivalen a un estado de censura previa en Ecuador”
Un soldado revisa el bolso de un hombre mientras militares realizan inspecciones de armas y drogas en Quito el 10 de febrero de 2026. (Foto de Rodrigo BUENDIA / AFP).
/ RODRIGO BUENDIA
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El director ejecutivo de Fundamedios, César Ricaurte, calificó como una forma de censura previa los lineamientos emitidos por las Fuerzas Armadas.
En diálogo con El Comercio, Ricaurte señaló que, aunque la directiva se presenta bajo parámetros técnicos, en la práctica el criterio determinante para permitir o negar información sería la postura editorial del medio y si esta es considerada favorable o no a la institución militar.
El representante de la organización que defiende la libertad de prensa y de expresión recordó que la censura previa está prohibida por la Constitución ecuatoriana y por tratados internacionales de derechos humanos que tienen rango supraconstitucional en el país. A su juicio, la aplicación de estos lineamientos no solo vulnera esos principios, sino que implica “un grave rompimiento del orden constitucional”.
Ricaurte contextualizó la situación en el creciente protagonismo de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna, en el ámbito del conflicto contra el crimen organizado. Sin embargo, advirtió que un mayor rol institucional debe ir acompañado de más controles democráticos, transparencia y rendición de cuentas.
“El trabajo periodístico es uno de los principales mecanismos de control en una democracia. Puede incomodar, pero es parte esencial del Estado de derecho”, sostuvo. En ese sentido, consideró que la institución militar “no está entendiendo que su labor se da en el marco del respeto a la Constitución y los tratados internacionales que prohíben la censura previa”.
Consultado sobre antecedentes históricos, Ricaurte aseguró que no recuerda una imposición institucional similar por parte de las Fuerzas Armadas en las últimas décadas. “Siempre puede haber fricciones entre prensa y fuerzas de seguridad, pero de ahí a establecer un reglamento interno que imponga este estado de censura previa, sinceramente no lo habíamos visto”, afirmó.
Aunque evitó equiparar la situación con etapas autoritarias del pasado, advirtió que no encuentra precedentes comparables desde el retorno a la democracia a finales de los años setenta.
