En el último CADE Ejecutivos 2024, el expresidente colombiano Álvaro Uribe nos hizo reflexionar a todos los peruanos sobre la importancia de la seguridad ciudadana en la prosperidad económica de los países. El bajo crecimiento económico de Colombia en el siglo XX es tremendamente aleccionador, pues muestra cómo una creciente violencia y criminalidad puede socavar y hacer que incluso un buen manejo macroeconómico –no tuvo hiperinflación, no incurrió en default y tuvo menos interrupción democrática– no sea suficiente para crecer.
Está claro que, sin seguridad ciudadana, no hay confianza –ocho de cada diez peruanos no se sienten seguros en las calles (Ipsos, 2024)– y sin confianza no hay inversión privada –en el 2021, las familias peruanas sacaron del país cerca de US$23 mil millones (12% del PBI) –, y sin inversión privada, incluso teniendo a uno de los mejores bancos centrales del mundo, es muy difícil alcanzar altas tasas de crecimiento económico. Así que la tarea más importante para el Ejecutivo hoy es frenar a toda costa la criminalidad.
Las matanzas en pleno estado de emergencia son una señal clara de que el gobierno está afrontando un problema de inconsistencia dinámica, que significa que su amenaza de declaración del estado de excepción para controlar la inseguridad ciudadana ya no es creíble y no es suficiente. Los delincuentes han internalizado en sus expectativas la incapacidad del gobierno para enfrentar esta problemática.
¿Cómo podemos entonces detener el avance de la criminalidad? Dos ideas. Por un lado, podemos usar las lecciones aprendidas de políticas públicas de cuando le ganamos la batalla a la hiperinflación. Pasar de una inflación de 39,5% en 1993 a una por debajo de 3% nos tomó una década, ¿qué nos hace pensar que un problema tan complejo como la criminalidad se resolverá solo con una declaración de estado de emergencia? El Ejecutivo recién ha dado su primer paso, ahora necesita bombardear con medidas contundentes. Por ejemplo, los operativos y requisas policiales con bastante frecuencia y un lapso de tiempo prudente son una buena medida, pero no podemos esperar que con un mes de requisas el problema se detendrá. El BCR probablemente no hubiese podido controlar la inflación si solo un año hubiese cumplido su rango objetivo de inflación y el resto de años no. Nuestra autoridad monetaria cumplió año tras año desde 1994 con la Carta de Intención del FMI de manera disciplinada.
Otra buena medida es involucrar al sector privado y al sector del conocimiento en la solución de esta problemática. Por ejemplo, abrir las bases de datos de salud durante la pandemia sumó esfuerzos desde otros sectores. Hoy podemos hacer lo mismo con los datos de criminalidad para sumar a más investigadores de diversas profesiones que desean contribuir.
En tanto, el Ministerio del Interior ha intentado justificar su incapacidad para hacer frente al crimen aduciendo la falta de efectivos policiales. Según la Policía Nacional del Perú (PNP), Lima tiene un policía por cada 500 habitantes. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) sugiere que lo óptimo es tener un agente policial por cada 250 habitantes. ¿En el corto plazo, cómo podemos conseguir esto? Podemos seleccionar una porción de los militares para que reciban un entrenamiento intensivo de tres a seis meses en formación policial, así tendrían una segunda especialidad y apoyarían de manera directa en la seguridad ciudadana.
Asimismo, una buena medida que entró en vigor recientemente es la Ley 32181, que prohíbe la detención preliminar y la prisión preventiva a los efectivos de la PNP que empleen sus armas de fuego de forma reglamentaria. Con esto se protege totalmente a nuestra PNP toda vez que su vida está en riesgo ante los criminales.
De la misma forma, es urgente reformar el proceso de selección de nuestra PNP no solo para reclutar a los mejores cuadros profesionales, sino también para cortar lazos con la delincuencia y la corrupción. Una propuesta es encargar el proceso de reclutamiento a las mejores universidades del país que son reconocidas por su meritocracia, excelencia académica y transparencia como la PUCP o la Universidad del Pacífico.
Por otro lado, Gary Becker, Premio Nobel de Economía 1992 y uno de los primeros en estudiar el vínculo entre el crimen y la economía desde una perspectiva de costo-beneficio, sugiere que es positivo elevar rápidamente los costos esperados del crimen. Una mayor probabilidad de ser capturado y penas más severas reducen la inclinación hacia cometer delitos.
Nos queda claro que sin seguridad es imposible crecer y menos cerrar las brechas sociales. No dejemos que la violencia, la criminalidad y la inacción nos roben nuestro futuro.
