El terremoto de 7,4 ha dejado más de 260 fallecidos y 3.400 heridos, según el último balance oficial. El panorama de destrucción se mezcla con el lamento de quienes lo han perdido todo, la búsqueda de decenas desaparecidos y con incontables muestras de solidaridad.
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La crisis también ha puesto el foco en las dificultades que enfrenta el nuevo gobierno -en funciones desde el 7 de agosto- para atender el terremoto, sobre todo debido a la ruptura del proceso de transición con el presidente saliente, el izquierdista Gustavo Petro.
Una de las consecuencias del quiebre del proceso de empalme fue que la nueva gestión tuvo que afrontar las primeras horas de la emergencia sin director propio en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). De hecho, el gobierno anunció ayer que este miércoles 13 el ingeniero David Tamayo Roldán asumirá oficialmente como nuevo titular del cargo.
“Yo creo que el mayor contratiempo ha sido el empalme de los gobiernos porque el desastre pasó justamente en el momento de transición. Hubo una carga ideológica muy grande y eso dificultó la transición. Por ejemplo, la idea del gobierno entrante era liquidar a la Ungrd porque ahí hubo unos actos de corrupción y paradójicamente hoy esa unidad es el área más importante y la que más se necesita. Entonces, la falta de empalme es un primer punto débil”, dice a El Comercio Néstor Julián Restrepo Echavarría, analista político colombiano y catedrático de la Universidad EAFIT.
Por su parte, Alejo Vargas, analista político en paz, seguridad y defensa y docente de la Universidad Nacional de Colombia, señala que, lamentablemente, el terremoto casi coincidió con la posesión del gobierno entrante, por lo que la mayoría de los nuevos funcionarios no estaban oficialmente en sus puestos.
“Para mí el problema central es esa coincidencia de dos elementos: la inexistencia del empalme -que no se dio por razones políticas-, y la casi coincidencia del evento con el inicio del nuevo gobierno. La mayoría de los funcionarios no se había posesionado, con excepción de los ministros que lo hicieron en Cali, junto con el presidente, y que apenas el lunes estaban llegando a sus oficinas en Bogotá. Por lo tanto, las cosas empezaron a funcionar realmente el lunes, el mismo día que se produjo el terremoto”, comenta a este Diario.
El gobierno de De la Espriella tuvo que salir a desmentir las informaciones que daban cuenta de que el país había rechazado ayuda internacional. El debate, que creció durante la jornada en los medios de comunicación y las redes sociales, planteaba que la nueva administración no había autorizado la entrada de rescatistas de algunos países por motivos ideológicos.
“Trabajamos con países sin ninguna consideración ideológica ni política”, declaró el canciller colombiano, Omar Bula, en una rueda de prensa.
Posteriormente, David Tamayo aclaró que Colombia solo formalizó solicitudes de apoyo “de equipos de búsqueda y rescate de Estados Unidos, El Salvador, Ecuador e Israel”.
Vargas apunta que varios expertos colombianos en el tema de gestión de riesgos señalaron que existen protocolos que especifican que para recibir ayuda como la de equipos de rescate debe haber una solicitud del gobierno que enfrenta la emergencia para evitar complicaciones.
Los escombros de un edificio derrumbado tras el terremoto que sacudió Cali, Colombia, el 12 de agosto de 2026. (Raul ARBOLEDA / AFP)
/ RAUL ARBOLEDA