Luego de resolver el contrato de asistencia técnica con PMO Vías para los proyectos de la Nueva Carretera Central y la Vía Expresa Santa Rosa, Provías Nacional ha solicitado a la embajada de Francia que asigne a una nueva compañía para la realización de esta labor. Así lo informó Claudia Dávila, directora ejecutiva de dicha unidad ejecutora del MTC, a El Comercio.
Luego de resolver el contrato de asistencia técnica con PMO Vías para los proyectos de la Nueva Carretera Central y la Vía Expresa Santa Rosa, Provías Nacional ha solicitado a la embajada de Francia que asigne a una nueva compañía para la realización de esta labor. Así lo informó Claudia Dávila, directora ejecutiva de dicha unidad ejecutora del MTC, a El Comercio.
“Hoy (ayer) sacamos un documento para solicitar a la embajada de Francia que asigne una nueva compañía para continuar la asistencia técnica. Ayer [jueves 5 de febrero] hemos tenido una reunión con la embajada para ponernos de acuerdo en la necesidad de tener un nuevo asistente técnico especializado“, mencionó a este Diario.
Claudia Dávila es directora de Provías y fue ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en el 2022. (Foto: MIMP)
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Además, Dávila reiteró que la resolución del contrato con PMO Vías no anula el acuerdo gobierno a gobierno (G2G) entre Perú y Francia para la ejecución de ambos megaproyectos. “El contrato G2C se firma mediante un memorando de entendimiento entre el MTC y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia. No se ha resuelto. A partir de este memorando, Provías suscribió un acuerdo con la empresa EGIS [gestora de PMO Vías], que se ha resuelto en el marco del código civil”, sostuvo.
La funcionaria mencionó que esta decisión se debe a inhabilitaciones y sanciones internacionales contra EGIS por presuntas prácticas de corrupción. “La empresa ha aceptado que tenía un acuerdo conciliatorio con la Fiscalía de París por delitos de corrupción de funcionarios en el extranjero. Pero esto no lo advirtió el 2021 cuando se firmó el G2G. Los delitos se pueden homologar en el Perú a cohecho activo, es decir, corrupción de funcionarios. En noviembre del 2025, la Defensoría del Pueblo nos pidió analizar la viabilidad de continuar con una empresa con estos cuestionamientos. Este proceso de investigación terminó en febrero y por eso hemos invocado la cláusula 13.1 del contrato para resolverlo“, expresó.
Sobre el impacto de la decisión en el desarrollo de los proyectos, Dávila sostuvo que la ejecución del Puente Santa Rosa, que cruzará el río Rímac para conectar el Aeropuerto Jorge Chávez y el viaducto, está asegurada. “Tiene recursos asignados y un contrato suscrito entre Provías Nacional y el Consorcio Chalaco, que está compuesto por Sacyr y Aecon, empresas españolas y canadienses, respectivamente”, detalló.
No obstante, mencionó que la fecha de entrega del viaducto, proyectada para fines del 2028, podría modificarse debido a la falta de asignación de recursos económicos. “Estamos a la espera de recibir los recursos del MEF para firmar el contrato de ejecución de la Vía Expresa Santa Rosa. El cronograma de entrega podría alterarse, pero no por la resolución de contrato con EGIS”, afirmó.
Sobre el proyecto de la Nueva Carretera Central, Dávila precisó que el MEF ha asignado S/190 millones. “La ejecución de la obra inicia con el túnel de Pariachi, que funcionará de forma autónoma para unir Ate y Lurín y cuesta 2 mil millones de soles. Por eso, hemos hecho una demanda adicional de 500 millones para optimizar el presupuesto e iniciar la ejecución durante la actual gestión”, afirmó. Añadió que la fecha de entrega de la Nueva Carretera Central, programada para el 2031, se mantendrá en la medida en que existan recursos.
Por otro lado, la funcionaria indicó que los 80 millones de euros que se le pagaban a la empresa EGIS por la asistencia técnica “podrían ser destinados a la nueva empresa que designe Francia o apalancar las megaobras”.
¿Cuál es la postura de PMO Vías?
PMO Vías emitió un comunicado en el que sostuvo que Provías decidió resolver de manera unilateral el acuerdo G2C, destinado a brindar la asistencia técnica para la ejecución de los dos proyectos mencionados.
PMO anuncia que acudirá a instancias nacionales e internacionales para hacer salvaguardar sus derechos e intereses frente a la decisión tomada por PVN
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“Se pretende responsabilizar a PMO Vías por situaciones ajenas a su ámbito de actuación, negándole su derecho a la defensa (…) PMO Vías rechaza enfáticamente la comisión de cualquier acto de corrupción y reafirma su compromiso con el Perú”, se lee en el escrito. Además, la entidad señaló que se reserva el derecho de acudir a instancias nacionales e internacionales para salvaguardar sus derechos e intereses.
Al respecto, Dávila declaró a El Comercio que Provías tomará acciones legales por su parte, porque considera que el Estado peruano ha sido afectado.
La opinión de dos expertos
Paola Lazarte, exministra de Transportes y Comunicaciones, explicó que la empresa EGIS firmó en representación del Estado francés, mientras que Provías Nacional lo hizo en representación del Estado Peruano. Por ello, afirmó que resolver el contrato con la empresa significa que el Perú ha resuelto el contrato con Francia. “Lo indicado por el comunicado del MTC es falso”, aseveró.
Así también, mencionó que, para que el Estado peruano haya decidido resolver el contrato con EGIS, debe tener en sus manos las pruebas que acrediten los actos de corrupción. «El Perú acaba de abrirse un frente diplomático, pues no se resuelve el contrato a una empresa, sino a un Estado, y no se le imputa corrupción a una empresa, sino al Estado de Francia», agregó.
Por su parte, para el abogado Cristian Castillo, experto en contrataciones del Estado, la decisión de Provías Nacional no resuelve el contrato entre Perú y Francia. “Se está resolviendo un contrato de asistencia técnica en el que no participa directamente el gobierno de Francia, sino una empresa a cargo de la ejecución del proyecto”, explicó.
Además, afirmó que las dos megaobras estarán paralizadas hasta que se encargue a otra empresa para que realice la asistencia técnica. “Si PMO Vías toma acciones legales e inicia un arbitraje al Perú, los proyectos se van a retrasar por lo menos entre un año o un año y medio”, aseveró.
