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La Comisión Permanente del Congreso sesiona este jueves 15 de febrero para evaluar, entre otros puntos en agenda, diversas acusaciones constitucionales contra el expresidente Martín Vizcarra y ministros de su gobierno.
El documento que detalla los temas que serán debatidos a partir de las 10 a.m. en la sesión de este jueves detalla que se evaluará el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales sobre la denuncia que presentó Zoraida Ávalos como fiscal de la Nación contra Vizcarra por el caso Richard Swing.
El informe recomienda acusar al exmandatario y a la exministra Patricia Balbuena por los presuntos delitos de peculado doloso, negociación incompatible y obstrucción a la justicia.
Adicionalmente, se evaluará la admisión a trámite de una denuncia contra Martín Vizcarra y la exministra de Justicia Ana Revilla presentada por Patricia Benavides, esta vez por la designación de Daniel Soria como procurador general del Estado.
La Comisión Permanente debe otorgar el plazo de investigación para devolver este caso a la subcomisión para que se elabore el informe final correspondiente.
Otros procesos que están en la agenda son el informe final por la denuncia contra la congresista María Cordero Jon Tay por parte de Martha Moyano. La recomendación es que sea acusada por concusión, suspenderla durante las investigaciones e inhabilitarla para ocupar cargos públicos por hasta 10 años.
También se deberá debatir y votar el archivo de la denuncia presentada por un grupo de parlamentarios de Avanza País contra Dina Boluarte por presuntamente haber omitido información en su declaración jurada de intereses cuando fue ministra del gobierno de Pedro Castillo.
Otros archivamientos que la Comisión Permanente ha agendado son el caso del exparlamentario fujimorista Héctor Becerril, y la acusación contra Digna Calle (Podemos Perú) por supuesto abandono del cargo. Este último debido a que Roselli Amuruz desistió de su acusación.
Finalmente, se han incluido otros procesos pendientes y que la comisión apruebe la declaración como improcedentes de unas 18 denuncias constitucionales.
