La Comisión Permanente del Congreso de la República sesionará este lunes para debatir y votar una serie de informes finales vinculados a denuncias constitucionales contra exautoridades del Poder Ejecutivo. La reunión está programada para las 3:00 p.m. en el hemiciclo del Parlamento y se desarrollará bajo la modalidad semipresencial.
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Uno de los casos más relevantes en agenda es el del expresidente Martín Vizcarra Cornejo. Según la denuncia constitucional 424, presentada por la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, se le atribuye la presunta comisión de delitos contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo. El informe incluye también a la exministra de Justicia, Ana Teresa Revilla, al señalar que ambos habrían intervenido indebidamente en la designación de Daniel Soria como procurador general del Estado, pese a que este no habría cumplido los requisitos legales para el puesto.
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Asimismo, se abordará el caso de la extitular del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, quien afronta una denuncia por infracción a los artículos 38, 39 y 45 de la Constitución Política, en relación con los hechos ocurridos el 7 de diciembre de 2022, cuando el expresidente Pedro Castillo intentó un golpe de Estado. El informe recomienda inhabilitar a Chávez por diez años para ejercer cargos públicos.

La agenda también incluye la denuncia constitucional 588, que propone admitir a trámite el proceso contra Pedro Castillo por el presunto delito de cohecho pasivo impropio. La acusación alcanza además a los exministros Geiner Alvarado (Vivienda) y Félix Chero (Justicia).
Del mismo modo, se revisarán denuncias contra la suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza. Entre ellas figuran los expedientes 563 y 618, acumulados, presentados por los congresistas Kira Alcarraz y José Cueto, que señalan presuntas infracciones constitucionales y los delitos de abuso de autoridad y prevaricato. Sin embargo, en lo referente al presunto delito de prevaricato, la Comisión evaluará declararlo improcedente.
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Con una agenda cargada de procesos sensibles, la Comisión Permanente se alista para una sesión clave que podría definir el futuro político y judicial de exmandatarios, exministros y actuales funcionarios en el Perú.














