Por 16 votos a favor y 4 en contra, la Comisión Permanente del Congreso aprobó este miércoles el informe final que acusa y propone inhabilitar por diez años en el ejercicio de la función pública a la suspendida fiscal suprema Delia Espinoza, a quien el pleno del Parlamento ya le impuso una sanción similar por otro caso.
La acusación contra Espinoza es por presunta infracción constitucional al haber presentado -en su calidad de fiscal de la Nación- una denuncia constitucional contra 11 congresistas, que integraron la Comisión de Defensa del Parlamento (2021-2022).
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Espinoza denunció a José Williams Zapata, Jorge Montoya, Alfredo Azurín, Roberto Chiabra, José Cueto, Hamlet Echevarría, Américo Gonza, Patricia Juárez, Juan Carlos Lizarzaburu, Edwin Martínez y Lucinda Vásquez por presunta negociación incompatible al haber aprobado el dictamen que autorizó la percepción simultánea de remuneración y pensión para los pensionistas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
El informe final aprobado por la Comisión Permanente del Congreso deberá ser debatido ahora por el pleno. El legislador Jorge Montoya será el encargado de sustentar la acusación ante dicha instancia.
Se le atribuye a Espinoza la presunta infracción de los artículos 45, 93 y 139 de la Constitución al considerar que habría vulnerado los principios básicos del ejercicio público.
Previamente, en votaciones separadas, los congresistas archivaron el extremo del informe sobre la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad y prevaricato, así como las infracciones de los artículos 158 y 159 de la Constitución.
Mira aquí la sesión:
Este informe -basado en la denuncia constitucional de los legisladores Kira Alcarraz y José Cueto – fue aprobado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, por 10 votos a favor y una abstención.
Durante la sesión, el abogado de Delia Espinoza, Rodolfo Pérez, indicó que el informe final “que no tiene ninguna lógica jurídica, sino política”.
Afirmó además que no se ha cumplido el debido proceso porque el congresista Elvis Vergara, delegado del caso, es investigado por la fiscalía y sobre él pesa una denuncia constitucional del Ministerio Público.
Sostuvo que el Congreso pretende inhabilitar a Espinoza solo por cumplir con su trabajo. “La fiscal de la Nación es la única autoridad que puede denunciar constitucionalmente a congresistas. Ha cumplido con su deber”, enfatizó.
A su turno, Espinoza remarcó que inmunidad, no es impunidad y señaló que el congresista “no tiene un poder intocable” y es un funcionario más.
