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La Comisión Permanente del Congreso archivó este jueves 15 de febrero la denuncia constitucional que se había presentado contra Dina Boluarte por supuestas gestiones en el Club Departamental Apurímac cuando era ministra de Desarrollo e Inclusión Social en el gobierno de Pedro Castillo.
El informe -elaborado y sustentado por el parlamentario Edgard Reymundo (Cambio Democrático-Juntos por el Perú)- recibió 17 votos a favor, 3 en contra y 6 abstenciones. La denuncia desestimada era por presunta infracción constitucional y los supuestos delitos de actos funcionales y negociación incompatible.
Votaron a favor del archivo, legisladores de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Cambio Democrático – Juntos por el Perú, Podemos Perú, Acción Popular y Somos Perú. En contra se pronunciaron congresistas de Perú Libre y en abstención Renovación Popular, Unidad y Diálogo Parlamentario, entre otros.
Según las denuncias, que fueron desestimadas, Boluarte habría violado los artículos 38 y 126 de la Constitución. El primero establece que los peruanos están obligados a respetar el ordenamiento jurídico y el segundo que los ministros “no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas”.
La Comisión Permanente también aprobó el informe final de la subcomisión que recomendó el archivo de la denuncia constitucional contra el excongresista fujimorista Héctor Becerril por presuntos delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias.
El parlamentario había sido implicado en el caso Los Temerarios del Crimen pero la subcomisión rechazó los cargos y propuso el archivo.
La decisión fue ratificada este jueves con 14 votos a favor y 7 en contra, además de 3 abstenciones. Se pronunciaron en contra Perú Libre, Bloque Magisterial, Cambio Democrático – Juntos por el Perú y Podemos Perú.
La Comisión Permanente evaluó estos puntos en agenda, donde también se han incluido dos denuncias constitucionales contra Martín Vizcarra y ministros de su gobierno.
En primer lugar, se evaluará la admisión a trámite de una acusación por la designación del procurador general Daniel Soria, y luego se ha agendado el informe final sobre el caso ‘Richard Swing’ donde se propone que sea denunciado por peculado doloso, negociación incompatible y obstrucción a la justicia”.
