La Comisión Especial de Alto Nivel Multipartidaria encargada de la Reforma Integral del Sistema de Administración de Justicia, presidida por la congresista María del Carmen Alva (Acción Popular), aprobó por unanimidad su informe fina, el cual deberá ser evaluado en el pleno del Congreso y posteriormente en la Comisión de Constitución.
El documento se enfoca en las modificaciones constitucionales con las que busca modernizar y fortalecer el sistema de justicia del país y lograr una justicia más eficaz y oportuna.
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“Este informe establece una reforma constitucional que son 96 páginas, que hemos aprobado por unanimidad y que debe pasar al pleno y luego a Constitución”, explicó Alva a Canal N.
La parlamentaria recordó que, dado que la comisión especial no puede presentar dictámenes, la propuesta será evaluada por la Comisión de Constitución. “Los que tienen que dictaminarla son las comisiones ordinarias, en este caso la Comisión de Constitución que lo acoge”, explicó.
La Comisión Especial desarrolló su trabajo a lo largo de más de 26 sesiones. En este proceso, se recogieron los aportes de más de 80 funcionarios e incluyó cuatro sesiones descentralizadas realizadas en el sur, centro y Amazonía del país.
Entre otros cambios, la propuesta plantea el reemplazo de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por la nueva Escuela Nacional de Justicia (ENJ), entidad que también asumirá las funciones de la Academia de la Magistratura.
La ENJ tendría a su cargo la formación de jueces y fiscales mediante un proceso que incluiría dos años de estudios y un año de práctica. El objetivo es establecer una carrera meritocrática que elimine la provisionalidad y las designaciones que se realizan “a dedo”.
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“Que sea como una escuela diplomática donde uno postula a ser juez o fiscal y donde lo evalúan y que sería una carrera meritocrática, y no una designación a dedo como ocurre ahora”, reiteró Alva, quien luego aseguró que la actual conformación de la JNJ va a terminar su periodo.
También se dispone que la obligatoriedad del ejercicio titular de las funciones judiciales y fiscales regirá de manera plena a partir del año siguiente de la entrada en vigencia de la reforma, completando la eliminación progresiva de la provisionalidad.
El informe final incluye también el aumento del número de integrantes de la Junta de Fiscales Supremos de seis a once miembros, así como precisiones para que las autoridades nacionales de control cuenten con autonomía plena con sus propios pliegos que no dependan de sus respectivas instituciones.
