La Comisión de Ética Parlamentaria de la Cámara de Diputados sesiona este lunes 14 de setiembre para evaluar denuncias contra los legisladores Christian Aranda y Milagros Santana. El grupo de trabajo analizará estos dos casos sobre presuntas faltas a la conducta ética en el ejercicio de la función pública.
La Comisión de Ética Parlamentaria de la Cámara de Diputados sesiona este lunes 14 de setiembre para evaluar denuncias contra los legisladores Christian Aranda y Milagros Santana. El grupo de trabajo analizará estos dos casos sobre presuntas faltas a la conducta ética en el ejercicio de la función pública.
La tercera sesión ordinaria de la comisión empieza a las 16:00 horas en la sala Fabiola Salazar Leguía del Palacio Legislativo. La agenda establece que los integrantes del grupo de trabajo evaluará dos casos específicos.
El pleno de la Cámara de Diputados instaló este grupo parlamentario el 10 de agosto del 2026 para el periodo ordinario de sesiones. La comisión asume la función principal de velar por el cumplimiento irrestricto de los deberes de conducta e integridad de sus miembros.
Denuncia contra el diputado Christian Aranda
El expediente contra el diputado Christian Aranda (Renovación Popular) proviene de una denuncia que presentó la bancada de Juntos por el Perú ante la comisión. La acusación señala que el parlamentario expuso públicamente datos médicos de una paciente gestante del hospital de Abancay.
El legislador rechazó la falta ética y afirmó que su actuación buscó fiscalizar al centro médico de Apurímac. Sin embargo, los denunciantes cuestionaron la difusión del documento confidencial sobre la solicitud de aborto terapéutico.
Investigación de oficio a la diputada Milagros Santana
La comisión evalúa de oficio el caso de la diputada Milagros Santana (Partido del Buen Gobierno) tras denuncias sobre uso inapropiado de personal policial en Huaral. Informes periodísticos registraron a un efectivo de Seguridad del Estado mientras cargaba mascotas de la parlamentaria a su vehículo privado.
La legisladora envió requerimientos notariales con amenazas de acciones judiciales a comunicadores locales de Huaral. La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) rechazó esos escritos por considerarlos actos de intimidación a la prensa.
