La Comisión de Energía y Minas del Congreso aprobó el último miércoles 17 un predictamen que introduce cambios sustanciales al régimen de concesiones mineras. Especialistas consultados por El Comercio advirtieron que la propuesta afectaría la estabilidad jurídica y la competitividad del sector si es respaldada por el pleno.
La Comisión de Energía y Minas del Congreso aprobó el último miércoles 17 un predictamen que introduce cambios sustanciales al régimen de concesiones mineras. Especialistas consultados por El Comercio advirtieron que la propuesta afectaría la estabilidad jurídica y la competitividad del sector si es respaldada por el pleno.
El texto recibió 11 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones. Respaldaron la iniciativa los congresistas Víctor Cutipa, Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), Wilson Soto, Carlos Alva (Acción Popular), Guido Bellido, José Arriola (Podemos Perú), Pasión Dávila (Bancada Socialista), Elizabeth Medina, Héctor Valer (Somos Perú), Kelly Portalatino (Perú Libre) y Segundo Quiroz (Alianza para el Progreso).
Solo votó en contra la congresista Diana Gonzales (Avanza País), mientras que Esdras Medina, Miguel Ciccia y Jorge Montoya (Renovación Popular) se abstuvieron. El presidente de la comisión es el congresista Víctor Cutipa, integrante de la bancada que lidera Roberto Sánchez, Juntos por el Perú.
Entre los cambios más relevantes que plantea el predictamen figura la reducción del plazo para que una concesión minera entre en producción o acredite una inversión. De acuerdo con el texto, la autoridad declarará la caducidad de la concesión al vencimiento del año 15 si el titular no cumple con estas condiciones. Actualmente, la normativa permite mantener concesiones hasta por 30 años.
Además, se incluye un nuevo esquema de cobro que aumenta en función de la extensión total de hectáreas que posea un titular. Mientras la tarifa base suele ser de US$ 3 por hectárea, esta podría elevarse hasta US$ 12 para aquellos que superen las 100 mil hectáreas.
Otro punto es la participación de las comunidades en beneficios y acciones. Aunque el texto señala que los acuerdos son voluntarios, menciona la posibilidad de que las comunidades participen en instrumentos financieros como acciones preferentes.
A ello se suma el condicionamiento de los contratos de estabilidad jurídica. Si bien el predictamen afirma que no afecta los acuerdos vigentes, introduce la obligación de cumplir con la producción o inversión mínima anual establecida en la propuesta.
El especialista en minería Iván Arenas advirtió: “El predictamen coloca al sector en una situación sumamente crítica. El principal peligro de esta propuesta es que se basa en dos pilares erróneos: primero, validar el relato de que existen ‘concesiones ociosas’ en la minería, lo cual es un mito; y segundo, modificar la Ley General de Minería respecto al régimen de concesiones basándose en esa premisa falsa”.
En opinión de Arenas, se trata de una propuesta inviable que el pleno del Congreso debería rechazar.
El especialista señaló los posibles efectos que tendría la eventual reversión de concesiones en plazos reducidos. “Los riesgos son severos porque se pretende alterar la forma en que se han constituido las concesiones en el país. El predictamen establece que si en un plazo de 10 años no se realiza actividad, se produciría una reversión de las concesiones para que estas pasen a manos de la minería artesanal. Sin embargo, esto ignora la realidad técnica, en el Perú, un proyecto minero puede demorar hasta 40 años en madurar plenamente”, dijo en diálogo con El Comercio.
Arenas señaló que las denominadas “concesiones ociosas” no existen en la práctica, pues forman parte del ciclo de desarrollo de los proyectos.
Además, cuestionó las motivaciones políticas detrás de la iniciativa: “Si se aprueba este texto, se destruiría toda la arquitectura jurídica del Perú, la cual se ha basado durante los últimos 30 años en el actual régimen de concesiones. Detrás de esta iniciativa se encuentran congresistas como Víctor Cutipa, Guido Bellido y Roberto Sánchez. Su verdadera finalidad es favorecer políticamente a los mineros informales, politizando el tema para su propio beneficio en este momento preciso, en plena campaña electoral”.
Diana Gonzales votó en contra del predictamen en la Comisión de Energía y Minas. (Foto: Antonio Melgarejo para El Comercio)
/ ANTONIO MELGAREJO
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Desde el Parlamento, la vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas, Diana Gonzales, también cuestionó el predictamen, que calificó de nefasto.
“Es un predictamen absurdo y nefasto que contiene una serie de mentiras populistas. En realidad, lo que se intenta con esto es justificar caprichos ideológicos que solo lograrían empobrecer al país. No tienen la mínima vergüenza al intentar aprobar iniciativas que forman parte del propio plan de gobierno de Juntos por el Perú y de su candidato presidencial, Roberto Sánchez, a quien considero el presidente en la sombra de la Comisión de Energía y Minas”, denunció en diálogo con El Comercio.
La legisladora también cuestionó la reducción del plazo de las concesiones. Coincidió con Arenas en que el plazo propuesto no se ajusta a la realidad del sector.
“En primer lugar, pretenden modificar la Ley General de Minería para reducir el periodo de la concesión a 15 años. Sin embargo, según datos del Banco Mundial, un proyecto minero formal en el Perú puede demorar entre 25 y 28 años en concretarse, mientras que el Instituto Peruano de Economía (IPE) estima que este plazo es de 45 años. Por lo tanto, un proyecto tarda entre 25 y 40 años debido a que se deben obtener más de 230 permisos, muchos de los cuales son requisitos previos para tramitar otros”, explicó.
Gonzales también advirtió sobre el impacto económico de las nuevas penalidades.
“Incrementar la penalidad en casi un 400% solo provocará que no haya inversión futura en nuestro país, haciendo que el Perú siga el pésimo ejemplo de Bolivia.”
Por último, criticó el nivel de ausencias durante la sesión en la que se aprobó el predictamen. “Ayer [miércoles 17] en la Comisión de Energía y Minas hubo un gran ausentismo; me llamó la atención la cantidad de licencias que se solicitaron. Es necesario mostrar una posición firme contra la minería ilegal y defender al país; de lo contrario, se le está haciendo el juego a las mafias. En esta lucha no hay espacio para licencias ni para abstenciones. El que no vota, encubre con un silencio cómplice, y el que se ausenta permite que este tipo de dictámenes nefastos para el país pasen al pleno. Aquí no hay grises: o se defiende al Perú o se favorece a la ilegalidad”.
Los congresistas que no votaron por encontrarse con licencia o dispensa fueron Arturo Alegría, Patricia Juárez, César Revilla Villanueva (Fuerza Popular), Ruth Luque (Bloque Democrático Popular) y Rosio Torres (Alianza para el Progreso). Tampoco votaron Paul Gutiérrez (Somos Perú), Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso), Héctor Ventura (Fuerza Popular).
El abogado César Ipenza, especialista en derecho ambiental, destacó que el predictamen contiene disposiciones que vulnerarían principios constitucionales y afectarían la inversión privada.
“La propuesta señala que las empresas podrán suscribir acuerdos que incluyan aportes a fondos comunales y programas de empleo local; sin embargo, en la práctica, esto obliga a transferir patrimonio empresarial a terceros sin indemnización alguna. Considero que esto representa una expropiación encubierta e inconstitucional, que afecta la libertad de empresa y desincentiva la inversión necesaria en el sector”, dijo a El Comercio.
Ipenza también cuestionó el incremento en los derechos de vigencia.
“Otro punto crítico es el aumento del derecho de vigencia hasta en un 300%, establecido sin justificación técnica. Se propone una escala progresiva que llega a los 12 dólares por hectárea para quienes superen las 100,000 hectáreas. Dado que este cobro no está vinculado a una obligación de producción, se termina castigando las operaciones mineras y restando competitividad al Perú, que ya posee costos de mantenimiento de concesiones elevados en comparación con la región”, destacó.
En opinión de Ipenza, el término “concesión ociosa” es sumamente cuestionable, pues en la realidad peruana un proyecto minero puede tardar más de 40 años en desarrollarse. “El plazo propuesto por la norma no permite siquiera cubrir la etapa exploratoria, debido a las exigencias de análisis técnicos y procesos de consulta previa”, alertó.
Por último, consideró que la iniciativa no aborda adecuadamente el problema de la minería informal.
Ipenza señaló que la propuesta carece de sustento técnico y reduce la competitividad del país. “Esta iniciativa ha sido impulsada por el congresista Bellido bajo la premisa de otorgar concesiones a pequeños mineros ante invasiones de informales a la gran minería. No obstante, está documentado que el 70% de las concesiones invadidas pertenecen a otros pequeños mineros, y no a la mediana o gran minería, por lo que el problema no se está abordando correctamente”, dijo.
Con la aprobación en la Comisión de Energía y Minas, el predictamen queda listo para ser debatido en el pleno del Congreso, la última y definitiva instancia parlamentaria.
El tema surge en un contexto electoral.
