Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
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La Comisión de Energía y Minas del Congreso del Perú aprobó un dictamen que propone cambios sustanciales al régimen de concesiones mineras, generando cuestionamientos desde el sector por su potencial impacto en la inversión y la seguridad jurídica.
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Actualmente, la concesión minera es considerada un derecho estable sujeto a causales específicas de caducidad. Sin embargo, la propuesta incorporara un mecanismo de revocación más amplio, lo que —según críticos— podría exponer a los proyectos a decisiones discrecionales.
El dictamen también plantea un incremento del derecho de vigencia de hasta 300%, que “fija una escala progresiva según el total de hectáreas del titular”, alcanzando los US$12 por hectárea para grandes extensiones, así como un recorte del plazo para iniciar producción de una mina de 30 a 15 años. A ello se suma un aumento de penalidades de hasta 400% en caso de incumplimiento de metas de inversión o producción.
Otra de las medidas es la obligación de presentar un plan quinquenal de trabajo e inversión desde etapas tempranas, cuyo incumplimiento podría derivar en sanciones o incluso en la pérdida de la concesión. Este requisito ha sido cuestionado debido a la incertidumbre propia de las fases iniciales de exploración.
El proyecto también contempla la posibilidad de que las empresas suscriban acuerdos de participación con beneficios para las comunidades, incluyendo mecanismos como aportes a fondos comunales o participación en instrumentos financieros. Para algunos actores, esta disposición podría implicar una transferencia indirecta de valor empresarial.
Dictamen plantea modificar el régimen de concesiones, con medidas como la posibilidad de revocarlas, mayores costos y nuevas obligaciones para las empresas.
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Además, el dictamen propone aplicar los nuevos costos de manera progresiva a concesiones ya existentes y establecer nuevas exigencias para contratos de estabilidad jurídica, lo que ha generado cuestionamientos por una eventual vulneración de principios como la irretroactividad de la ley.
Estas modificaciones se dan en un contexto en el que el Perú compite por atraer inversión minera a nivel global. El dictamen deberá ser evaluado ahora por el pleno del Congreso de la República, en medio de un debate sobre el equilibrio entre mayores exigencias al sector y la necesidad de mantener condiciones competitivas para la inversión.
