La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, presidida por Juntos por el Perú (JP), sesiona este martes 29 -desde las 3 de la tarde- para sustentar y debatir el predictamen que recomienda no aprobar y enviar al archivo el pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo. El análisis continuará este miércoles desde las 9 de la mañana.
El debate del dictamen negativo se da un mes después de que el gobierno de Keiko Fujimori solicitara facultades especiales para legislar, por un plazo de 120 días calendario sobre 66 puntos. Justamente desde Fuerza Popular se ha criticado duramente que se plantee rechazar todo el pedido y se adelantó que se elaborará un dictamen en minoría.
En tanto, desde el Ejecutivo, el primer ministro, Luis Galarreta, pidió a los diputados “recapacitar” y a los aliados “dar la batalla política” para sacar adelante el tema.
La administración Fujimori busca legislar en temas referidos a materia penal, procesal penal, ejecución penal, policial, seguridad ciudadana, orden interno, penitenciaria y migratoria; así como en micro y pequeñas empresas; laboral y promoción del empleo; simplificación administrativa, eliminación de barreras burocráticas, calidad regulatoria y transformación digital.
El pedido también comprende materias vinculadas al desarrollo productivo, innovación, agraria y riego, recursos hídricos, infraestructura hidráulica, pesquera, acuícola, minería, turismo, hidrocarburos, electricidad, asuntos ambientales, recursos naturales e infraestructura productiva industrial.
De igual forma, incluye materias tributarias, aduaneras, de facilitación del comercio e implementación de acuerdos comerciales; reforma estructural, organización, modernización del Estado y servicio civil; además de vivienda y saneamiento.
Tal como se informó, el predictamen indica que si bien los pedidos de delegación de facultades formulados por los gobiernos se han repetido en los últimos 25 años, “no necesariamente significa que sus resultados hayan sido favorables para los propósitos de la democracia constitucional”.
“Tampoco puede suponerse que el otorgamiento de estas facultades sea un derecho del Ejecutivo o una obligación del Legislativo. El derecho a plantear una iniciativa de delegación no equivale a que haya un derecho automático a que la delegación sea otorgada”, indica el documento.