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La inseguridad sigue golpeando el distrito de Comas. Varios colegios han sido obligados a cerrar sus puertas tras recibir amenazas de extorsionadores, dejando a cientos de niños sin clases y a los padres en alerta por la seguridad de sus hijos.
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El colegio Hans Christian Oersted fue uno de los primeros en tomar medidas drásticas, anunciando su cierre definitivo el pasado 8 de marzo, apenas dos días antes del inicio del año escolar. Otras instituciones, como Los Olivos College, optaron por la modalidad virtrual desde el 17 de marzo para resguardar la integridad de sus estudiantes y docentes.
Padres exigen intervención militar
Ante la creciente ola de amenazas, los padres de familia han solicitado la presencia de las Fuerzas Armadas en las inmediaciones de los colegios afectados. La incertidumbre sobre la seguridad de sus hijos ha generado protestas y exigencias de medidas más drásticas por parte de las autoridades.
“Lo que solicitamos es seguridad, que nuestros hijos tengan la tranquilidad de llegar a su colegio y que no les pase nada”, expresó un representante de los padres de familia.
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Refuerzo policial en instituciones educativas
En respuesta a esta crisis, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Educación, en coordinación con la Policía Nacional del Perú, han desplegado más de 3200 efectivos policiales para resguardar los colegios públicos y privados afectados por las extorsiones.
Las autoridades han asegurado que estas medidas buscan devolver la tranquilidad a la comunidad educativa y permitir que las clases presenciales se desarrollen con normalidad. Sin embargo, aún queda la incertidumbre sobre si estas acciones serán suficientes para erradicar la amenaza del crimen organizado en el sector educativo.
Mientras tanto, los estudiantes y sus familias siguen esperando una solución definitiva que les garantice un entorno seguro para la educación.
Estado de emergencia y aumento de la delincuencia
El gobierno peruano declaró recientemente el estado de emergencia en Lima y Callao debido al incremento de la criminalidad. Esta medida permite la suspensión de ciertas libertades civiles y la realización de arrestos sin órdenes judiciales durante 30 días. Se han desplegado 1,000 soldados adicionales y se han incrementado las patrullas en estaciones de tren y autobús.
Según estadísticas gubernamentales, en 2024 se registraron 2,057 asesinatos en Perú, en comparación con los 674 de 2017. Además, el año pasado se presentaron 22,800 denuncias por extorsión, cuatro veces más que en 2017.
La Defensoría del Pueblo ha señalado que la declaración del estado de emergencia no es suficiente para enfrentar la inseguridad ciudadana y ha instado a implementar medidas integrales que aborden las causas estructurales de la violencia.
