El Gobierno de Colombia cesó este miércoles las funciones del encargado de la embajada de Bolivia en Bogotá, Ariel Percy Molina Pimentel, en reciprocidad a la decisión de ese país de expulsar a la embajadora colombiana, Elizabeth García, alegando “injerencia” en asuntos internos.
El Ministerio de Relaciones Exteriores señaló en un comunicado que “se vio precisado a declarar, por reciprocidad, la conclusión de sus funciones al señor Ariel Percy Molina Pimentel, encargado de oficina de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Colombia”.
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Todo comenzó el domingo cuando el presidente colombiano, Gustavo Petro, al referirse a las protestas en Bolivia, dijo que ese país vive una “insurrección popular” que, a su juicio, es una “respuesta a la soberbia geopolítica”.
Esto en referencia a las protestas y bloqueos de carreteras impulsados por sectores campesinos, la Central Obrera Boliviana (COB) y afines al exmandatario boliviano Evo Morales, quienes exigen la renuncia del actual presidente, Rodrigo Paz.
El presidente Paz afirmó que esas declaraciones de Petro son un “ataque a la democracia” porque “él ha preferido su ideología que, parece, carece de conceptos democráticos, por encima de las relaciones y el respeto a la democracia de nuestras naciones”.
En ese sentido, la Cancillería colombiana señaló hoy que “no ha mediado por parte de ningún funcionario o miembro del Gobierno nacional, el interés o el propósito de inmiscuirse en los asuntos internos de Bolivia”.
“Consecuentemente ratifica su compromiso con los principios de igualdad soberana; no intervención en asuntos internos de los Estados; la autodeterminación de los pueblos; la solución pacífica de las controversias; y el respeto a la integridad territorial”, añadió la información.
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Petro, entre tanto, ofreció la disposición de su Gobierno, que concluye el próximo 7 de agosto, para contribuir a una salida pacífica de la crisis. También pidió que “no haya presos políticos en ninguna parte de las Américas” y llamó a construir una “democracia profunda, multicolor” en la región.
La crisis, que comenzó a principios de mes por reclamos salariales, escasez y mala calidad de combustibles y el rechazo a varias reformas, derivó en pedidos de renuncia contra Paz, quien asumió el poder hace solo seis meses.
Los bloqueos de carreteras y las protestas se concentran principalmente en las ciudades de La Paz y El Alto, ambas en el departamento de La Paz, donde participan sindicatos, campesinos aimaras y sectores afines al expresidente Morales (2006-2019).
