En Colombia, el área sembrada con hoja de coca aumentó un 10 % en un año. Si en 2022 se identificaron 230 000 hectáreas, para el 2023 esta cifra llegó a 253 000. El 48 % de esa superficie se concentra en parques naturales, territorios colectivos y zonas de reserva forestal. Estas cifras se desprenden del Monitoreo de territorios con presencia de cultivos de coca 2023, un informe elaborado por la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas (UNODC).
“El aumento de la demanda a nivel mundial presiona el incremento del área cultivada en Colombia, Perú y Bolivia”, aseguró Ángela María Buitrago, ministra de Justicia de Colombia, durante la presentación del informe.
El número de consumidores de drogas se ha incrementado en un 20 % en los últimos diez años. Se calcula que en la actualidad, cerca de 23 millones de personas consumen cocaína, de acuerdo con el Reporte Mundial de Drogas 2024 de la UNODC.
El monitoreo realizado en Colombia identificó que 16 de los 19 departamentos con cultivos de hoja coca muestran tendencia al incremento; Cauca y Nariño son los más afectados. En esos departamentos, así como en Putumayo, Norte de Santander, Bolívar y Antioquía, se mantienen los 15 enclaves productivos identificados desde hace tres años. Estos enclaves representan el 14 % del territorio nacional y en ellos se concentra el 39 % del área sembrada con hoja de coca. “[Esos enclaves] están cerca de la zona de frontera o cerca de la ruta de tráfico”, explicó a Mongabay Latam Leonardo Correa, coordinador técnico del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de la UNODC
Correa destaca que el reporte de la UNODC realiza una clara diferenciación entre las zonas de concentración —lugares de alta productividad, en donde cada vez hay mayor cantidad de cultivos de coca— y de desconcentración —lugares en donde la cantidad de sembradíos está disminuyendo—, eso marca la necesidad de que la política pública también sea diferenciada.
El monitoreo muestra que en las zonas de concentración se utiliza el 82 % del total de sustancias químicas para la producción de cocaína. Asimismo, ahí sucede el 47 % de toda la deforestación en Colombia. El especialista de SIMCI explicó que la coca no es un factor tan fuerte de deforestación, pero en estas zonas también hay minería ilegal. Mientras tanto, en las zonas de desconcentración se da el 18 % de la deforestación del país.
“El hecho de que la coca se esté concentrando hace que en estos territorios, el peso específico de la actividad se esté volviendo muy fuerte”, asegura Correa. En este caso ya no se trataría de implementar solo alternativas productivas para las familias, sino de escalar las soluciones a los municipios.
Una amenaza a la conservación
El 48 % de los cultivos de hoja de coca está en zonas que tienen alguna declaratoria como área de conservación o de manejo especial. De ese porcentaje, el 20 % se encuentra en tierras de las comunidades afrodescendientes; el 14 %, en reservas forestales de Ley segunda; el 10 %, en resguardos indígenas y el 4 %, en parques nacionales naturales.
Correa expuso que la presencia de sembradíos de hojas de coca no es el único problema, sino todo lo que gira en torno a la producción de la planta.
Por ejemplo, en las zonas de concentración, el narcotráfico requiere el transporte de casi 1 millón de metros cúbicos de insumos líquidos y de 192 980 toneladas de insumos sólidos, la construcción de vías para movilizar el material, la corrupción a las autoridades de control y la implementación de sistemas de seguridad para toda la cadena de producción. “Esos elementos amenazan la biodiversidad en el sitio y nuestra capacidad de proteger la biodiversidad. Eso hace que los líderes ambientales estén en más riesgo en esos sitios”, dijo.
En entrevista con Mongabay Latam, el especialista detalló que un quinto de los cultivos de coca se despliegan en territorios afrocolombianos, asentados a lo largo de la Costa pacífica, pues están en las zonas de salida y entre dos grandes puertos usados por el narcotráfico, el de Buenaventura, en Colombia, y el de Guayaquil, en Ecuador.
Para Correa, Tumaco “es uno de los sitios más complejos del análisis”, debido a su estratégica ubicación geográfica para el narcotráfico y a la “situación de abandono histórico”. Los resguardos indígenas enfrentan una situación similar. Ahí hay una fuerte presión sobre las comunidades y los líderes sociales y ambientales que quieren ejercer gobernanza en sus territorios.
En la conferencia de prensa, la titular del Ministerio de Justicia adelantó que el gobierno está concentrando esfuerzos en la región del Pacífico, del Catatumbo (Norte de Santander) y del Putumayo.
Si bien el porcentaje de cultivos de hoja de coca en los parques nacionales naturales es bajo, no deja de ser un problema. Correa explicó que ese 4 % está “fuertemente” concentrado en tres parques naturales. Además, en la periferia de las reservas “hay una gran cantidad de (hoja de) coca”, dijo y aseguró que estas plantaciones han acorralado al Parque Munchique.
Crecimiento y concentración de los cultivos
Otro hallazgo del monitoreo realizado por la UNODC es que la producción potencial de cocaína subió al 53 % durante 2023. “Cada vez estamos encontrando que se inventan nuevas formas, nuevos elementos que mejoran los rendimientos de la producción”, aseguró Correa. En 2015, la producción promedio de la hoja de coca fue de 4 800 kilos al año; mientras que en 2023 fue de 8 500.
Durante la presentación de los resultados y para graficar la concentración, Correa informó que cuatro departamentos tienen más de 30 000 hectáreas de sembradíos: Nariño, Putumayo, Cauca y Norte de Santander. En contraste, siete departamentos concentran menos de 500 hectáreas: Amazonas, Vaupés, Guainía, Vichada, Santander, Boyacá y Magdalena. Ocho departamentos tienen entre 2 000 y 20 000 hectáreas: Caquetá, Meta, Guaviare, Valle del Cauca, Chocó, Antioquia, Córdoba y Bolívar. El departamento de César dejó de tener coca en 2023.
En las zonas de enclaves, la cantidad de hoja de coca sembrada se incrementó casi por tres, informó el especialista de la UNODC. A diferencia del pasado, en estos territorios se ha creado un sistema de incentivos en el que las personas pueden acceder a bienes y servicios con las ganancias de la venta de hoja de coca, explicó Correa. “Eso hace que la gente quiera hacer el esfuerzo de mejorar la productividad”, afirmó.
El Monitoreo también encontró que el 86 % de los centros poblados más cercanos a los cultivos de hoja de coca tiene nivel submunicipal y que 93 000 de las 253 000 hectáreas de cultivos están a menos de 15 kilómetros de una cabecera municipal. Este dato es importante, aclaró Correa, porque las cabeceras municipales son unidades de planificación internas con las que el gobierno podría trabajar para la implementación de obras públicas, en contraste con los centros de nivel submunicipal, que no tienen presupuesto propio.
Otro hallazgo es que Popayán es el centro metropolitano más cercano al 59 % de los lotes con cultivos de hojas de coca. Se definieron los centros poblados como las 12 principales ciudades de Colombia. Esta cifra también es útil para guiar el mejoramiento de las capacidades institucionales gubernamentales en temas de justicia o salud.
En las zonas de desconcentración, que están principalmente en el centro del país, los grupos armados siguen presentes y en búsqueda de otras fuentes de delito, señaló el especialista. “El hecho de que no haya coca no implica que la situación en esos territorios sea positiva”, dijo.
Alternativas y soluciones
Entre 1994 y 2023, en Colombia se erradicaron cerca de tres millones de hectáreas de cultivos de coca, “y el problema sigue sin resolverse”, aseguró la ministra de Justicia. Buitrago aseguró que no se abandonará la erradicación. El gobierno planifica “erradicar de manera controlada, mediante aspersión terrestre de un producto que no causa daño ambiental ni a la población campesina o humana”, dijo. Aunque no aclaró qué sustancia se utilizará.
“Las respuestas de orden represivo son insuficientes y sus resultados pasajeros”, dijo Buitrago antes de aclarar que se busca implementar una política de drogas que no solo aborde las manifestaciones del narcotráfico, sino que apunte a las causas estructurales del crimen organizado con una perspectiva de justicia social y ambiental.
El Monitoreo de la UNODC resalta la Estrategia de Misiones Territoriales, un mecanismo de coordinación y articulación interinstitucional que busca que las comunidades rurales que dependen de las economías ilícitas ligadas a las drogas transiten de manera progresiva y sostenible a economías lícitas.
También destaca el Banco de Proyectos, que en 2023 apoyó técnica y financieramente a unas 20 000 personas de 12 iniciativas agroproductivas y de conservación de comunidades y organizaciones campesinas, resguardos indígenas y consejos comunitarios en las regiones de Catatumbo, Nariño, Guaviare, Caquetá y Sur de Bolívar. Además, se puso en relieve el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, que hasta agosto de 2023 comprometió 2.3 miles de millones de dólares para apoyar a más de 80 000 personas vinculadas al programa.
*Imagen destacada: Imágenes aéreas de los cultivos de coca en Colombia. Cortesía de UNODC.
El artículo original fue publicado por Ana Cristina Alvarado y Antonio José Paz en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.
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