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El canciller colombiano, Álvaro Leyva, informó este miércoles a la Procuraduría (Ministerio Público) que va a acatar la suspensión provisional de tres meses que le fue impuesta a finales de enero y se va a separar del ejercicio de sus funciones.
En una carta dirigida a la procuradora, Margarita Cabello, Leyva informó que ha recibido la medida de suspensión provisional y le comunicó que: “De inmediato proceso a cumplir lo dispuesto separándome del ejercicio de funciones como Ministro de Relaciones Exteriores”.
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El Ministerio Público suspendió a Leyva el pasado 24 de enero por posibles irregularidades durante el proceso de licitación de pasaportes, pero el canciller ha seguido en sus funciones firmando decretos y haciendo labores de representación.
Leyva aseguró que siguió en el cargo porque consideraba que la Procuraduría tenía que enviar su decisión al presidente colombiano, Gustavo Petro, “para que diera cumplimiento a la medida de suspensión provisional”.
Y una vez que hoy le ha sido “comunicada la decisión de la señora procuradora general de la Nación”, ha decidido separarse del ejercicio de sus funciones.
Esta decisión se produce el mismo día en el que una delegación del Consejo de Seguridad de la ONU llega a Colombia para una visita de tres días para supervisar los avances en la implementación del acuerdo de paz y reafirmar el compromiso con las negociaciones de paz abiertas con grupos armados.
Leyva se reunió el lunes, a pesar de la suspensión, con altos funcionarios estadounidenses, entre ellos el consejero principal adjunto de Seguridad Nacional de EE.UU., Jon Finer, y también ha firmado nombramientos en embajadas e iba a ser quien recibiera al Consejo de Seguridad en su tercera visita a Colombia.
Sin embargo, queda ahora en manos del presidente el nombramiento de un sustituto.
La suspensión del canciller
En septiembre pasado, la Procuraduría abrió una investigación contra Leyva y contra el secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, por irregularidades en la anulación de la licitación para expedir los pasaportes.
La Cancillería indicó entonces que esa decisión fue tomada porque, según otras empresas interesadas en la licitación, no existe libre competencia ya que en los últimos 17 años la misma firma, Thomas Greg & Sons, se ha encargado de producir los pasaportes y etiquetas de visado colombianas, y suspendió su contrato, al que le quedaban todavía tres años.
Tras no llegar a un acuerdo de conciliación con el Gobierno, la empresa anunció en diciembre pasado una demanda contra el Estado por 117.000 millones de pesos (unos 29,8 millones de dólares, al cambio de hoy).
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Por haber podido incurrir en dos faltas disciplinarias, al extralimitarse en sus funciones al declarar desierto el proceso y luego decretar la urgencia manifiesta aparentemente sin necesidad, Cabello anunció en enero su suspensión por tres meses.
Y hoy ordenó abrir una investigación disciplinaria por “presunto desacato”, a la vez que compulsó copias ante la Fiscalía para que evaluaran “si el posible comportamiento del ministro de Relaciones Exteriores constituye alguna conducta penal que amerite ser investigada por esa entidad”.
La controversia por el contrato de los pasaportes le costó el cargo a la directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora, a quien el presidente Petro le pidió la renuncia luego de que Leyva le reprochara porque supuestamente no estaba haciendo bien la defensa del caso.
