Cinco fiscales titulares, entre ellos José Domingo Pérez, suspendido fiscal del caso Lava Jato, interpusieron una denuncia penal ante la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, contra el jefe de la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público, Antonio Fernández Jerí.
Los abogados acusan a Fernández Jerí de los presuntos delitos de usurpación de función pública, abuso de autoridad, omisión de actos funcionales, prevaricato, falsedad ideológica y falsedad genérica, previstos y sancionados en los artículos 361, 376, 377, 418, 428 y 438 del Código Penal.
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Además de Pérez Gómez, los otros fiscales provinciales denunciantes son Fany del Rosario García Caro, Rocío Angélica Vences Gonzales, Yesenia Karla Miroslava Saldarriaga Lores de Bacon y Juan Ander Alvites Llanos.
Los fiscales denunciantes argumentan que las sanciones impuestas por el jefe de la ANC afectan sus derechos de permanencia e inamovilidad en el cargo, previstos en el artículo III de la Ley de Carrera Fiscal.
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También fundamentan en que para sancionarlos, Fernández Jerí ha utilizado un Reglamento Disciplinario incompleto, que nunca se publicó en el diario El Peruano ni en sede digital institucional bajo el dominio en Internet de la Plataforma gob.pe.
“El régimen creado por la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público es uno que pone en riesgo el ejercicio de los fiscales, creando un estado de cosas inconstitucional, conjuntamente con un régimen arbitrario”, enfatizaron.
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Los fiscales explicaron que en los últimos 24 meses un total de 4.349 fiscales fueron sancionados, cifra cercana a los 5.842 representantes del Ministerio Público amonestados por la Fiscalía Suprema de Control Interno (FSCI).
“Por el contrario, el hecho de que se haya continuado sancionando a una gran cantidad de fiscales, es un mal síntoma de que este sistema no ha estado funcionando y que, por tanto, el desempeño de los fiscales no se ha visto mejorado con este sistema sancionador”, acotaron.
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Finalmente, alertan que Fernández Jerí estaría determinando a que otros funcionarios de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público incurran en el delito de prevaricato, al tramitar procesos disciplinarios inválidos.
