Esta semana, sorpresivamente, el Ejecutivo presentó nuevos resultados sobre la evolución de la inseguridad ciudadana en el país de la mano del INEI, que adelantó algunas estimaciones. Sin embargo, en un contexto de elevada incertidumbre política e información inconsistente según las fuentes, los presuntos avances en la lucha contra el crimen deben ser evaluados con cautela. En efecto, la evidencia disponible no permite identificar una mejora clara. Además, persisten retos estructurales en el manejo penitenciario que limitan la efectividad de las políticas de seguridad.
Datos disponibles
Según los cálculos del Gobierno, basados en estadísticas de la Policía, en el cuarto trimestre del 2025 se habrían registrado 5.494 denuncias por extorsión, 12,5% menos que en el mismo período del 2024. Sin embargo, si se revisan los datos del Ministerio Público, dicho número se habría incrementado en 2%. Esta gran diferencia entre ambos resultados evidencia lo complejo que resulta medir con precisión la evolución de la criminalidad, especialmente en el corto plazo. Además, lo presentado omite mencionar que, según el mismo INEI, menos del 20% de la población que es víctima de algún delito lo denuncia.
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Aun con estas limitaciones, los datos disponibles sugieren que la extorsión continúa siendo un fenómeno creciente. Según el Ministerio Público, en todo el 2025 se alcanzó un promedio de 82,4 denuncias por extorsión por cada 100 mil habitantes, un aumento de 25,6% frente al 2024 y más de cinco veces la tasa del 2019. Entre los 10 distritos con mayor número de casos, cinco se concentran en Lima y tres en el norte del país. Huacho, Santa Anita e Independencia (Lima), Arequipa (Arequipa) y Trujillo (La Libertad), encabezan el ranking de mayores tasas, con niveles que superan en más de 10 veces el promedio nacional. A nivel regional, La Libertad fue la región con mayor participación en las denuncias por extorsión (12,1%), detrás de Lima (46,7%), pese a concentrar apenas el 6% de la población del país.
Retos pendientes
De acuerdo con Nicolás Zevallos, fundador del Instituto de Criminología y Estudios sobre la Violencia, una manera de evaluar la prioridad política otorgada a la seguridad pública es examinar el nivel de ejecución del presupuesto asignado a la lucha contra la inseguridad. Sin embargo, contrario a los resultados mostrados esta semana, en los últimos trimestres se observa una desaceleración en la ejecución del gasto destinado a este objetivo. En particular, en el cuarto trimestre del 2025, el gasto ejecutado fue de S/743 millones (soles del 2025), lo que equivale a un crecimiento de apenas 3,2%; muy por debajo del registrado en trimestres previos, cuando incluso superó el 10%.
A la limitada capacidad de ejecución para enfrentar la inseguridad se suma la situación crítica de los establecimientos penitenciarios a cargo del INPE, entidad cuyo presidente presentó su renuncia esta semana. A octubre del 2025, el sistema penitenciario contaba con una capacidad de albergue cercana a 42 mil plazas frente a una población penal superior a 103 mil personas, lo que implica un nivel de sobrepoblación de 148%. Este desbalance se ha profundizado en el tiempo: hace dos décadas era de 47%. Además, los mayores niveles de sobrepoblación se concentran en regiones con alta incidencia delictiva, como La Libertad (317%) y Piura (230%).
Desafío para elecciones
La inseguridad ciudadana continúa consolidándose como el principal problema público del país. Ello se refleja claramente en la percepción ciudadana: en Lima y Callao, el 75% de los entrevistados la indican como el problema que más afecta la calidad de vida, con un nivel mayor entre los estratos más bajos. Conscientes de ello en un contexto electoral, 34 de 35 planes de gobierno presentados abordan propuestas para enfrentarla. Sin embargo, solo cinco incluyen estimados del costo de implementarlas, evidenciando que se requieren estrategias concretas más que solo ideas.
La inseguridad ciudadana no es un problema que pueda resolverse en tres meses y resulta paradójico presentar como éxito cifras cuestionables. El gobierno de transición podría sentar las bases para la elaboración de una política de seguridad pública de largo plazo. Combatir la inseguridad requiere de un liderazgo serio y acción constante, más que medidas simbólicas.
