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Iniciativa del Legislativo podría permitir que conductores sancionados por manejar en estado de ebriedad vuelvan al volante. Así lo aprobó la Comisión de Transportes y Comunicaciones, presidida por el congresista Juan Carlos Mori Celis (Acción Popular). La medida se da a través del Proyecto de Ley 9490, que propone habilitar, de manera excepcional, el trámite administrativo para el otorgamiento de licencias de conducir de clase A, categoría I.
Con esta decisión, se habilita a conductores sancionados a solicitar nuevamente su licencia. De este modo, toda persona con licencia suspendida, cancelada o que se encuentre inhabilitada podrá obtener una nueva.
La medida incluye a quienes cometieron la infracción M01, que corresponde a conducir con presencia de alcohol en la sangre por encima de los límites legales o bajo el efecto de estupefacientes, narcóticos y/o alucinógenos, ya sea comprobado mediante el examen respectivo o por negarse a realizarlo, además de haber participado en un accidente de tránsito. Esta falta es considerada una de las más graves dentro del Reglamento Nacional de Tránsito y suele conllevar la cancelación definitiva de la licencia e inhabilitación para conducir.
La medida incluye a quienes cometieron la infracción M01, que corresponde a conducir con presencia de alcohol y haber participado en un accidente de tránsito.
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“Las personas que cometieron la infracción M01 y que deseen acogerse al beneficio excepcional del trámite administrativo deben contar con documento nacional de identidad o carné de extranjería vigente, así como domicilio real en el territorio nacional”, se lee en el documento.
Se plantea que la propuesta esté vigente hasta el 31 de julio de 2027 y, según expertos, representa un riesgo para la seguridad vial y la movilidad urbana.
El dictamen aprobado por la Comisión de Transportes y Comunicaciones será remitido al Pleno del Congreso para su debate y eventual aprobación.
El Proyecto de Ley 9490-2024-CR buscaba originalmente habilitar la regularización de licencias suspendidas o inhabilitadas, y contemplaba su aplicación entre 2024 y 2025.
Conducir en estado de ebriedad se sanciona con la cancelación del brevete. Foto: GEC.
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Sin embargo, debido a que la iniciativa no fue aprobada en ese periodo y continuó en debate, la Comisión de Transportes y Comunicaciones modificó algunos aspectos y actualizó los plazos para que la norma entre en vigencia desde este año hasta 2027.
En el Proyecto de Ley 9490 se señala que “cometer una infracción en Perú es más común de lo que se piensa debido a diversos factores. Uno de los principales es, sin duda, el congestionamiento vehicular, que provoca que muchos conductores incurran en faltas que terminan en papeletas de tránsito y afectan su récord”.
Asimismo, se indica que “el proyecto ofrece una vía clara y accesible para que los conductores cuya licencia ha sido suspendida o cancelada puedan recuperar su derecho a conducir. Esto genera un efecto positivo al permitir que dichos conductores regularicen su situación sin necesidad de seguir acumulando infracciones o de enfrentarse a sanciones adicionales”.
Expertos en transporte consultados por El Comercio han criticado esta iniciativa. Uno de ellos es Roberto Vélez, gerente general de “AMovernos” y exsecretario técnico del Consejo de Transportes de Lima y Callao del MTC. “Conducir un vehículo no es un derecho de los ciudadanos, sino un deber. En la mayoría de casos, las personas víctimas de accidentes de tránsito no obtienen justicia. Por ello, es increíble que se esté trabajando un enfoque centrado en el conductor que perjudica al peatón, en lugar de priorizar a este último”, dijo.
Hombre en estado de ebriedad ocasiona un accidente de tránsito en la Vía Expresa. Foto: GEC.
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“Me parece una norma muy contradictoria. El Congreso no debería perder su tiempo en esto y debería, en su lugar, buscar otras maneras de legislar que sean más importantes y prioritarias en materia de seguridad vial. Manejar bajo los efectos del alcohol o drogas es responsabilidad totalmente del conductor. Por eso, es un mal precedente que se esté tratando de flexibilizar una situación que debería reprimirse completamente”, agregó.
El experto considera preocupante que esta medida se materialice, ya que “si es así, en unos meses podría salir una norma similar. Esto podría condicionar a que las personas ya no sientan una fiscalización efectiva para corregir cualquier comportamiento relacionado con conducir bajo sustancias”.
“Tal vez en otras realidades, en países más desarrollados, con mejor cultura cívica y una mayor educación vial de los ciudadanos, se podrían considerar medidas de esa índole, sobre todo en aquellos países que no registran muertes por este motivo. Pero, en nuestra realidad, definitivamente no es un buen precedente, sino algo que contradice el marco regulatorio, cuyo fin debería ser frenar este tipo de conductas, sobre todo porque —y lo reitero— tenemos un Poder Judicial que no hace justicia para las víctimas”, añadió.
Quien también manifestó su posición en contra fue Adrián Revilla, presidente de la asociación “Cruzada Vial”, organización sin fines de lucro que busca promover una gestión eficiente del tránsito en el Perú. “Me parece gravísimo y absurdo lo que se está proponiendo. Si a una persona con problemas de alcohol o drogas se le permite volver a tener una licencia, muy probablemente volverá a incurrir en la misma falta. Esto tiene que sancionarse de manera efectiva. No puede ser que se esté intentando implementar una medida contraria”, expresó.
El Comercio se contactó con el congresista Juan Mori Celis (Acción Popular), quien preside la Comisión de Transportes y Comunicaciones, pero no obtuvo respuesta.
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“Esto genera muchos riesgos, como que a las personas que cometen infracciones les importe poco lo que ocurrirá. Si alguien comete un accidente, no debería volver a tener la capacidad de manejar un vehículo”, enfatizó.
Finalmente, Federico Battifora Laca, consultor experto en seguridad vial y prevención de accidentes, y miembro de la “Fundación Transitemos”, también cuestionó el proyecto, al considerar que este tipo de iniciativas refuerzan el imaginario cultural peruano de “hago lo que me da la gana y no pasa nada”.
“Un conductor que, en estado de ebriedad, causa destrozos, deja heridos o incluso mata a una persona no es algo que deba tomarse a la ligera. Ahora bien, si una persona maneja en estado de ebriedad, dependiendo del caso se le podría restituir la licencia por primera vez, pero si es reincidente no debería permitirse. Debemos evitar que un ciudadano piense que, pasado un tiempo, será perdonado”, sostuvo.
Battifora Laca concluyó que la medida “no tiene ningún sentido. Lo que se debe hacer es prevenir los riesgos viales a través de capacitación permanente a conductores y autoridades. En el Perú, donde la inseguridad vial es evidente, este tipo de acciones genera involución en lugar de mejoras, además de reforzar la cultura del ‘más vivo’”.
