La Cámara de Diputados de Chile aprobó este martes el corazón de la megarreforma económica y tributaria impulsada por el Gobierno de José Antonio Kast, pero el proyecto emblema del líder ultraderechista no podrá ser promulgado aún porque queda un artículo pendiente de revisión final.
“La Cámara de Diputados ha ratificado en un 99 % el proyecto de ley y la necesidad imperiosa que tiene Chile de volver a tener competitividad tributaria para que vuelva a ser atractivo para invertir”, dijo en una rueda de prensa el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.
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La gran mayoría de los artículos superaron los 78 votos requeridos y fueron aprobados por el oficialismo (ultraderecha y derecha tradicional) y varios diputados del populista y opositor Partido de la Gente (PDG).
Algunas normas también recibieron el apoyo de la Democracia Cristiana (centro) y solo una deberá ser discutida en las próximas semanas en una comisión mixta integrada por diputados y parlamentarios: un mecanismo de compensación para los municipios tras la exención de las contribuciones a las primeras viviendas de los adultos mayores de 65 años.
“Estas normas se han aprobado por un amplio margen con apoyos transversales, que van mucho más allá de los partidos y parlamentarios del oficialismo. Estamos muy satisfechos”, añadió Quiroz.
Con la megarreforma, el Ejecutivo busca impulsar el decaído crecimiento (el PIB creció un 2,5 % en 2025, pero la actividad ha encadenado caídas durante los primeros cinco meses del año) y crear empleo formal, pero distintos organismos autónomos han alertado que la iniciativa puede presionar las arcas fiscales y que el crecimiento podría no compensar la menor recaudación.
Las principales medidas del proyecto son la reducción del impuesto a las empresas del 27 al 23 % (cercano al promedio de los países desarrollados), la exención de IVA a la compra de vivienda durante un año, beneficios fiscales para la repatriación de capitales o una polémica medida que garantiza invariabilidad o congelamiento tributario a grandes inversiones.
La megarreforma, considerada la más ambiciosa de los últimos años, también incluye medidas para agilizar permisos ambientales y acelerar inversiones o un controvertido mecanismo de indemnización estatal para inversionistas cuyas Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) sean anuladas por los tribunales.
El lunes, la izquierda adelantó que presentará tres requerimientos en el Tribunal Constitucional (TC) para objetar aspectos fiscales, como la propuesta de invariabilidad tributaria a los grandes inversionistas.
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Desde el progresismo, aseguran que el proyecto beneficiará a los ricos y profundizará las desigualdades sociales.
“Ha quedado demostrado que toda la preocupación que tenia Kast respecto a seguridad, empleo y migración era solo un ‘caballo de Troya’ para hacer avanzar el proyecto que realmente le importa: reducirle los impuestos a los más ricos”, dijo Constanza Martínez, presidenta del izquierdista Frente Amplio.
“Al gobierno que se autodenominó de la ‘emergencia’ solamente le urge salvarle el bolsillo a quienes más tienen, y no a las personas que en estos momentos la están pasando mal (debido al fuerte temporal que azota al país”, indicó por su parte la diputada comunista Daniela Serrano.
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