La Justicia de Chile resolvió este martes decretar prisión preventiva en contra de la exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga, investigada por presuntos actos de corrupción durante su administración (2016-2021) que involucran un fraude por más de 33.000 millones de pesos (más de 33 millones de dólares).
El Noveno Juzgado de Garantía de Santiago determinó revocar el arresto domiciliario al que Barriga estuvo sometida desde enero de 2024 y decretar la máxima medida cautelar luego de acoger la solicitud del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y la Municipalidad de Maipú (las partes querellantes), considerando que la libertad de la exedil, que llegó a esa posición apoyada por el partido de derechas Unión Demócrata Independiente (UDI), significa un peligro para la seguridad de la sociedad.
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De esta forma, los querellantes sumaron otra victoria judicial luego que el juzgado accediera a la petición de embargar el dinero que Barriga consiguió a través de la venta de contenido para adultos en la plataforma Onfayer durante su arresto domiciliario, con la finalidad de “asegurar el cumplimiento de una eventual sentencia civil condenatoria que obligue al imputado a reparar los perjuicios causados con ocasión de la comisión de un delito”.
Un informe elaborado por una funcionaria de Contraloría, según la prensa local, apunta a una cifra similar a la definida por al actual Administración de Maipú en torno al monto defraudado, redondeando en 31.000 millones de pesos (más de 30 millones de dólares).
Además de los presuntos ilícitos de fraude al fisco, el Ministerio Público investiga a Barriga por presunta falsificación de libros contables comunales que habrían sido alterados.
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A esta trama de corrupción, cuyo epicentro se sitúa en la segunda comuna más poblada de Chile, se suma el papel del marido de Barriga, el diputado Joaquín Lavín León, hijo del político de la UDI del mismo nombre.
Lavín está bajo la lupa de la Fiscalía por supuesta emisión de facturas falsas que habrían sido elaboradas a nombre de la muncipalidad de Maipú cuando su esposa ocupada el sillón comunal. A raíz de esta indagatoria, la Policía de Investigaciones (PDI) allanó su oficina parlamentaria en el Congreso, su sede distrital y su domicilio, hechos tras los cuales presentó su renuncia a la UDI.
