La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, en juicio oral, lo acusa como presunto instigador del delito contra la Administración Pública, en la modalidad tráfico de influencias reales, y también como presunto instigador del delito de patrocinio ilegal, en agravio del Estado.
Por ello, ha solicitado que se le imponga 4 años y 8 meses de pena privativa de la libertad efectiva. Además, ha solicitado que sea inhabilitado para ejercer cargo público por 8 años y 8 meses.
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Junto a Villanueva Arévalo, también afrontan el juicio oral el exfiscal superior Alberto Orlando Rossel Alvarado, José María Santisteban Zurita, el exfiscal provincial Ronald Nicolás Chafloque Chávez y Alberto Rolando Rossel Obando.
La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, por su lado, ha solicitado que los acusados paguen S/200.000 de manera solidaria.
De este monto, S/100.000 son por el delito de tráfico de influencias entre Villanueva Arévalo, Rossel Alvarado, Chafloque Chávez y Santisteban Zurita. Y los otros S/100.000.00 por el delito de patrocinio ilegal entre Villanueva Arévalo, Rossel Alvarado, Santisteban Zurita y Rossel Obando.
Al juicio oral fueron convocados 17 testigos, tres peritos y se actuarán 12 pruebas testimoniales y 98 pruebas documentales por parte del Ministerio Público y la Procuraduría anticorrupción.
La instancia a cargo de llevar adelante el juicio oral es la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, integrada por los jueces supremos José Antonio Neyra Flores, Walter Ricardo Cotrina Miñano y Óscar Eliot Alarcón Montoya
Los presuntos vínculos con Odebrecht
En agosto del 2019, cuando César Villanueva aún se desempeñaba como congresista, el Ministerio Público a través del Equipo Especial Lava Jato desplegaba diversas investigaciones a raíz de las confesiones de la empresa Odebrecht y sus directivos como Jorge Barata.
Una de las indagaciones previas -aún sin formalizar como investigación- estaba referida a la confesión que Barata había realizado sobre el pago de $380 mil que se le habría otorgado a César Villanueva, en su condición de exgobernador de la Región San Martín, a cambio de haberles entregado de manera irregular el proyecto “San José de Sisa-Cuñumbuque, Carretera San José de Sisa- Bellavista”.
Según las declaraciones, desde la “Caja 2″ (fondos ilícitos de Odebrecht), inicialmente se le habría otorgado $60 mil y luego, según las planillas del Departamento de Operaciones estructuradas se le entregó $320 mil, bajo el seudónimo de “CV” o “Currículum Vita”; codinome que la empresa brasileña reconoció haberle asignado al exgobernador regional (Desde el 2007 al 2013).
Un mes después, diversos medios de comunicación, entre ellos El Comercio, comenzaron a dar más detalles sobre las vinculaciones del exgobernador regional con la empresa Odebrecht, que obraba en manos del Equipo Especial Lava Jato.
Fue entonces que Villanueva Arévalo, aún en el cargo congresal, se habría interesado en buscar contactos que puedan tener llegada hasta el Equipo Especial Lava Jato para obtener detalles de la información que manejaban los fiscales y obtener las condiciones más favorables para él en ese caso.
Así se estableció a través de registros de comunicaciones y diversas conversaciones interceptadas, por orden judicial, entre los acusados.
Es aquí que nace el proceso judicial por el que hoy Villanueva Arévalo, debe rendir cuentas ante la justicia, en el banquillo de los acusados.
Mientras que, los hechos por la recepción de presuntas coimas, aún esperan transitar por el control de acusación donde la fiscalía ha solicitado 33 años de cárcel para el exfuncionario.
La acusación por desplegar actos para obtener información privilegiada
La acusación que pesa sobre César Villanueva, en el juicio oral que se inició este miércoles por los presuntos delitos de tráfico de influencias real y patrocinio ilegal, señala que ante las primeras informaciones sobre el reconocimiento de pagos que habría hecho la empresa Odebrecht a su persona, buscó acceder a las delaciones brasileñas.
Debido a que los actos desplegados los hizo cuando aún se desempañaba como congresista de la República; es decir, tenía la condición de alto funcionario, serán los fiscales supremos Alcides Chinchay y Alejandra Cárdenas Ávila, de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, quienes sustentarán la acusación.
El Ministerio Público acusa a Villanueva Arévalo de haber solicitado al Fiscal Superior Alberto Orlando Rossel Alvarado, quien estaba en funciones, que interceda a su favor ante el Tercer Despacho del Equipo Especial Lava Jato, a cargo del fiscal Germán Juárez, al ver que su persona era objeto de informes periodísticos que lo involucraban en las delaciones que colaboradores eficaces de Odebrecht.
La conducta delictiva habría sido desplegada entre los meses de agosto hasta el 26 de noviembre del 2019, según la imputación.
Villanueva, señala la acusación fiscal, le habría ofrecido a Rossel Alvarado que sería recompensado de diversas formas, entre ellas incentivos económicos.
Por ello, también se le acusa de haber instigado, mediante la entrega de donativo y promesa de ventajas para que Alberto Rossel Alvarado, fiscal de la Tercera Fiscalía Superior Penal de Lima Norte, pueda interceder ante Alexander Taboada Guardián, quien se desempeñaba como fiscal provincial adjunto del equipo liderado por Juárez Atoche y quien tenía a su cargo las indagaciones sobre el caso de Villanueva y otros.
Es así que el 23 de agosto del 2019, se llevó a cabo una primera reunión entre César Villanueva Arévalo, el empresario José María Santisteban Zurita y Alberto Orlando Rossel Alvarado en el segundo piso del Casino Atlantic City, en Miraflores. Aquí se habría concretado el acuerdo ilícito y las acciones que llevarían a cabo.
Es así que empezaron las coordinaciones entre los antes mencionados, donde el enlace entre Villanueva y los fiscales era Santisteban Zurita, para que las conversaciones de ambos se produzcan sin ser descubiertas.
“Santisteban (…) me refirió, dado que lo veía bastante preocupado y (…) afligido (…), si yo podría averiguar en el Ministerio Público si Cesar Villanueva estaba sujeto a una investigación, (…) y me tomé por eso esa libertad para poder tratar de establecer si el Ministerio Público lo estaba investigando o no al señor Villanueva.”
Declaración de Alberto Orlando Rossel Alvarado ante la fiscalía.
A estos se sumó Alberto Orlando Rossel Obando, hijo del fiscal superior, quien debido a que se encontraba en funciones no podía aparecer en los documentos. Sin embargo, en la sombra, era el encargado de comunicarse por teléfono, hacer coordinaciones personales y preparar documentos que eran presentados ante la Fiscalía, el Congreso y medios de prensa.
Una de las acciones que le atribuye la fiscalía, es que a fines de setiembre del 2019 buscó comunicarse con el Fiscal Adjunto Provisional de Lima Norte, Ronald Nicolás Chafloque Chávez, a fin de que a través de este, Rossel Alvarado pueda reunirse con el fiscal del Equipo Especial, Alexander Daniel Taboada Guardián.
Chafloque conocía a Taboada puesto que compartieron labores en las sedes de Huánuco y Lima Norte, incluso bajo la presidencia de Alberto Orlando Rossel Alvarado, hasta la incorporación de Taboada Guardián al Equipo Lava Jato.
La fiscalía señala que posterior a ello, todos se reunieron en la casa de Villanueva para continuar las coordinaciones.
Luego de ello, Chafloque buscó comunicarse con Taboada, según el registro de comunicaciones, desde el 4 de octubre del 2019.
En esta instancia se registra un pago realizado por Villanueva a Rossel Obando, hijo del fiscal superior. Así se da cuenta, en una comunicación interceptada entre ambos, donde el primero le informa a su padre que Villanueva les había depositado más de lo acordado.
“El señor Villanueva me ha depositado… en vez de tres mil soles, el señor puso tres mil dólares (…) lo llamé al toque y le dije ‘creo que ha habido un error’, y el señor se empezó a reír …’ya, no te preocupes, eso tómalo como adelanto (le dijo)’ ¿cómo vamos?”
Alberto Orlando Rossel Obando, hijo del fiscal superior Alberto Rossel Alvarado.
“Vamos a saunear y conversamos”
Finalmente, luego de idas y venidas, la acusación fiscal señala que el 11 de octubre del 2019, se produjo la reunión entre Rossel Alvarado y Taboada Guardián, en el “Café Lima”, en la que también participó Chafloque.
Aquí, el fiscal superior le informó a Taboada que estaba apoyando a Villanueva y que este quería que se abra una investigación formal lo más pronto posible, porque “el hombre tiene intenciones políticas y esto tiene que esclarecerse”.
“El doctor Villanueva me pidió que llamara a Rossel porque estaba preocupado por su caso, no recuerdo por qué exactamente. En cuanto a la indicación que le hice de que no se olvide del caso, fue porque Villanueva me dijo algo como que estaban abandonando el caso (…) le puse en contacto con Villanueva para que hablen.”
Taboada le confirmó que tenía a su cargo el caso de Villanueva, pero para ese momento aún no había elaborado el proyecto para iniciar las diligencias , por lo que se comprometió a realizarlo “la próxima semana”. Esto fue agradecido por Rossel quien le reiteró la necesidad de hacerlo rápido y le prometió al fiscal que, si todo salía bien, lo llevaría a casa de Villanueva puesto que “él era un hombre agradecido”.
Todo esto le fue informado a Villanueva Arévalo, señala la fiscalía.
Además, según un registro de comunicaciones del 14 de octubre del 2019, Rossel Alvarado le indica a Chafloque Chávez que se había reunido con Villanueva el día anterior. Mientras que, Chafloque le comenta que había conversado con “el hombre” en referencia a Taboada, y que este le preguntó qué quería exactamente Rossel Alvarado.
“…Alex quieres que te diga, que es lo que desea … le digo, hermano, apoyarlo al hombre cien por ciento, ya entonces búscame el miércoles me dijo… vamos a saunear y conversamos…”, le respondió Chafloque al fiscal Taboada.
Finalmente, el 22 de noviembre del 2019, el fiscal provincial Germán Juárez Atoche del Tercer Despacho del Equipo Especial Lava Jato, emitió la Disposición N.° 01 de fecha 22.11.2019, cuyo proyecto fue elaborado íntegramente por el fiscal adjunto Alexander Taboada Guardián, advirtiéndose que se dispuso el inicio de las diligencias preliminares contra César Villanueva Arévalo y los que resulten responsables, “sin adoptar medidas cautelares de ningún tipo y con cierta celeridad”, por la presunta comisión de los delitos de Colusión, Aprovechamiento Indebido de Cargo y Asociación Ilícita, por los presuntos pagos recibidos por César Villanueva Arévalo de la Caja 2 del Grupo Odebrecht bajo el “codinome” CV, cuando se desempeñaba como Gobernador Regional de San Martín.
La notificación con el inicio de las diligencias preliminares le fue notificada al domicilio de Villanueva, “donde se efectuaron las coordinaciones delictivas”, en martes 26 de noviembre del 2019.
Ese mismo día, los acusados César Villanueva Arévalo, Alberto Orlando Rossel Alvarado y José María Santisteban Zurita, se reunieron en el Restaurante “La Choza Náutica” donde habrían celebrado que se cumplió con el objetivo que buscaban, pues con dicha notificación le facilitaban el conocimiento de todos los elementos de convicción que tenía el Ministerio Público y, sobre todo, se aseguraban que en ese momento no se había solicitado medidas preliminares de detención o allanamientos contra Villanueva Arévalo.
Todas las acciones señaladas como ilegales, fueron seguidas por el Ministerio Público. Por ello, ese mismo 26 de noviembre del 2019, Villanueva Arévalo fue detenido en “La Choza Náutica” junto a los otros dos acusados.
Ante la fiscalía, Villanueva Arévalo ha confirmado que José Santisteban fue quien le presentó al Fiscal Superior Alberto Orlando Rossel, el mes de agosto de 2019, en un restaurante en Miraflores. Aquí dijo, también conoció a Alberto Rossel Obando.
También reconoció algunas reuniones con los implicados que fueron objeto de registro fílmico, en su domicilio, en la Clínica Internacional y el día de la intervención policial en la Choza Náutica.
“En tercer lugar le informé sobre el tema relacionado al fondo de las noticias que estaban saliendo sobre ciertas irregularidades en la carretera San José de Sisa – Cuñumbuque, en la región San Martin y durante mi Gobierno Regional”, dijo Villanueva sobre lo que se habló en la reunión.
Sin embargo, aseguró que contrató los servicios de Rossel Obando como abogado por su “experiencia”, y no a su padre, el fiscal superior.
También reconoció haber realizado el pago de $3 mil dólares a Rossel Obando, indicando que “por sus servicios le retribuiría con s/ 3.000 mensuales por el plazo de tres meses”.
De otro lado, también confirmó que la gran mayoría de veces recurría a Santisteban para coordinar con Rossel Obando, pues este último era una persona ocupada.
“Porque es a través del (…) señor Santisteban que yo conocí al doctor Rossel y no tenía una comunicación muy directa ni conocía los teléfonos inicialmente del doctor Rossel (…)” , la misma pregunta pero respecto a la comunicación con Rossel Obando dijo: (…) a pesar que yo tenía el teléfono del (…) abogado Rossel Obando él tenía muchas actividades (…) no tenía mucho tiempo para atender las llamadas, (…) por eso (…) a veces utilizaba el medio del señor Santisteban.”
Declaración de César Villanueva ante la fiscalía.
1
CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
En su condición de excongresista
Como presunto instigador del delito contra la Administración Pública, modalidad tráfico de influencias reales, previsto en el primer y segundo párrafo del artículo 400 del Código Penal, en agravio del Estado. La fiscalía pide una condena efectiva de cuatro años y 8 meses.
2
ALBERTO ORLANDO ROSSEL ALVARADO
En su condición de exFiscal Superior Penal de Lima Norte
Como presunto autor del delito contra la administración pública, modalidad tráfico de influencias reales, y como presunto autor del delito de patrocinio ilegal, en agravio del Estado La fiscalía ha solicitado que se le imponga 8 años de pena privativa de libertad.
3
JOSÉ MARÍA SANTISTEBAN ZURITA
Empresario
Como presunto cómplice secundario del delito contra la administración pública, modalidad tráfico de influencias reales, y como presunto cómplice primario del delito de patrocinio ilegal, en agravio del Estado. La fiscalía ha pedido que se le imponga cuatro años de pena privativa de libertad.
4
RONALD NICOLÁS CHAFLOQUE CHÁVEZ
En su condición de exfiscal provincial de Lima Norte
Como presunto cómplice primario del delito contra la administración pública, modalidad tráfico de influencias reales, en agravio del Estado. La fiscalía ha solicitado una condena de cuatro años de cárcel efectiva.
5
ALBERTO ORLANDO ROSSEL OBANDO
Hijo del exfiscal Alberto Rossel Alvarado
Como presunto cómplice primario del delito de patrocinio ilegal, en agravio del Estado. La fiscalía ha solicitado que se le imponga un año y cuatro meses de pena privativa de libertad.
