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No se trata de un fenómeno exclusivo del país. Su alcance es regional: entre 15 naciones de América Latina, el Perú ocupa el noveno lugar en un ránking de mayor porcentaje de casos de prisión preventiva. Las cifras más altas se registran en Paraguay (66,5%) y Bolivia (62,70%), y la más baja en Uruguay (7%).
En promedio, el 35,92% de los internos en América Latina están encarcelados sin sentencia. En tanto, en la Unión Europea, la cifra llega a 20%, una diferencia de más de 15 puntos porcentuales.
De acuerdo a la Oficina de las Naciones contra la Droga y el Delito (UNODC), hay “cerca de 12 millones de personas privadas de la libertad a nivel mundial, casi un tercio sin condena, con cárceles sobrepobladas en la mitad de los países”.
“La prisión preventiva no es una sanción anticipada al imputado, sino que tiene carácter procesal: busca evitar que este se fugue o entorpezca el proceso. Debería ser el último recurso y [debería aplicarse de forma] excepcional. […] Su mal uso o abuso no es solo del Perú”, explica Rafael Chanjan, abogado penalista y docente de la PUCP.
Los casos más mediáticos de prisión preventiva han involucrado a líderes políticos vinculados a presuntos actos de corrupción: los expresidentes Alejandro Toledo y Ollanta Humala, la exalcaldesa de Lima Susana Villarán, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, entre otros.
Sin embargo, esta es una fracción mínima del total. Más de la mitad de internos (57,68%) sin sentencia ingresó a la cárcel por tres presuntos delitos, sus formas agravadas o tentativa de los mismos: robo agravado (28,62%), tráfico ilícito de drogas (16,97%) y violación sexual (12,09%).
Por robo agravado cumplen prisión preventiva 10.027 personas. La abogada penalista Romy Chang considera que existe una mala aplicación de la medida.
“En muchos casos [por robo agravado] se puede optar por un proceso inmediato, cuando el delito es muy evidente y/o existe flagrancia, y puede haber sentencia en un mes, aproximadamente. […] Pero para un fiscal es más rápido y más fácil pedir prisión preventiva que presentar directamente su acusación”, cuestionó.
Por otro lado, casi 6.000 internos por tráfico ilícito de droga no han sido sentenciados. Según el INPE, la mayoría de reos por este delito son ‘burriers’, uno de los niveles más bajo en el escalafón de las esas redes criminales.
“La mayoría se ubica dentro del tipo básico de transporte del ilícito cargamento que proviene de organizaciones criminales internacionales. […] El tratamiento penitenciario deberá diseñar otros mecanismos de apoyo, al ser un delito que tiene un origen de connotación económica”, destaca la autoridad penitenciaria en su último anuario.
Para Chang, existe un problema estructural, tanto normativo como de aplicación de la normativa penal. “Hay delitos con penas muy altas, pero no se cumple la función de estas, que debería ser la resocialización. La criminalidad no va a dejar de existir solo porque las penas sean más altas”, refirió.
“El hacinamiento en las prisiones y los retrasos en el proceso judicial están estrechamente relacionados. Muchas de las personas en prisión en el mundo no han sido aún condenadas por ningún delito”, destaca un informe de UNODC (2021).
Uno de los principales problemas del sistema carcelario peruano es el hacinamiento: 49 de las 68 prisiones tienen un exceso de población superior al 20% y en 10 de ellas, más de la mitad de reos permanecen encarcelados sin haber recibido sentencia.
En Bolivia –el segundo país con el mayor porcentaje de reos sin sentencia de la región–, el incremento en el uso de la prisión preventiva es un factor que agrava el hacinamiento. Así lo reconoció el director de Régimen Penitenciario de ese país, Juan Carlos Limpias, en una entrevista con el diario local La Razón. “Los jueces tienen miedo porque piensan que los van a censurar”, declaró.
En Bolivia, la sobrepoblación carcelaria alcanza el 174% y en el Perú 124%.
“La prisión preventiva es uno de los principales factores de la situación crítica que se vive en las cárceles de Bolivia y provoca una situación objetiva: el hacinamiento. Los otros dos factores fundamentales son la corrupción policial y los vínculos de las redes criminales con el poder”, dijo a El Comercio Gisela Derpic, abogada y docente universitaria boliviana.
