La Cámara de Comercio de Lima (CCL) saludó el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró fundada la demanda de acción popular contra el Decreto Supremo N.° 001-2022-TR, confirmando su ilegalidad y dejándolo sin efecto con alcance general.
El gremio, que impulsó este proceso, recordó que desde la publicación de la norma en febrero de 2022 advirtió que excedía las facultades reglamentarias del Poder Ejecutivo. Según indicó, la medida afectaba la libertad de empresa y generaba incertidumbre, lo que frenaba inversiones y ponía en riesgo miles de empleos formales en sectores como minería, industria y servicios.
En esa línea, la CCL señaló que el fallo establece un precedente al precisar que el Poder Ejecutivo no puede restringir la tercerización laboral mediante disposiciones reglamentarias que contravengan el marco legal vigente. Con esta decisión, agregó, las empresas y sus contratistas podrán continuar operando bajo esta modalidad, en cumplimiento de los requisitos legales que evitan su desnaturalización.
Asimismo, sostuvo que la eliminación de esta restricción fortalece la seguridad jurídica y la predictibilidad normativa, condiciones necesarias para promover la inversión, el crecimiento económico y el empleo formal.
Finalmente, la CCL reafirmó su compromiso de seguir defendiendo estos principios en beneficio de sus más de 10.000 asociados y del empresariado nacional.
