El documento –cuya versión final aún no ha sido entregada– revela que el 2025 fue el año con más denuncias policiales por extorsión en la historia. Además, estas se sextuplicaron en solo seis años.
El incremento más notorio se registró después de la etapa más crítica del COVID-19, la pandemia que paralizó al mundo. En el 2022, ante la policía fueron presentadas 16.346 denuncias por extorsión. Solo un año antes, en el 2021, hubo 4.501.
El director de Investigación Criminal de la Policía Nacional, Víctor Revoredo, explica que la dinámica del crimen ha tenido un importante giro a partir del acelerado avance de la tecnología. Hoy, los teléfonos celulares son prácticamente bienes de primera necesidad.
“La tecnología ha sido aprovechada por estos sujetos. Desde este aparatito [un celular], yo puedo hacer todo. Los criminales tradicionales han visto en la tecnología una cubierta que les da una oportunidad de ser menos vulnerables frente a las fuerzas del orden”, asegura Revoredo en diálogo con El Comercio.
A través de una solicitud de acceso a la información pública, este Diario comprobó que están prófugos 29 presuntos extorsionadores incluidos en el Programa de Recompensas –antes llamado “Lista de los más buscados”–, una iniciativa del Ministerio del Interior que ofrece a los ciudadanos “un beneficio económico” a cambio de aportes que faciliten la ubicación de “miembros de organizaciones criminales o requisitoriados por quienes se ofreció un determinado monto de recompensa”.
“El extorsionador tiene un ecosistema: la informalidad. Él sabe que si ataca un mercado o una empresa de transporte informal, no va a haber denuncia. El anonimato es su principal herramienta”
La gran mayoría de estos, 22 de 29 (75,9%), están prófugos desde hace más de cinco años. En su reciente libro “Extorsión, el negocio del miedo” (Aguilar, 2026), el experto en crimen organizado Julio Corcuera sostiene que el referido delito es un “fenómeno complejo, flexible y adaptativo”, por lo que “no existe única modalidad, un solo método o una estructura fija”.
Por ese motivo, enfrentar la extorsión es una labor compleja. Si bien existen millonarias organizaciones criminales como la de Erick Moreno Hernández, el ‘Monstruo’, también hay pequeñas bandas e incluso los llamados aventureros.
“Estas son personas que no pertenecen a una banda y quizá no han sido criminales, pero compran chips y se aventuran a ver quién cae. Ese, el que nadie conoce, es difícil de rastrear porque bota el chip y no lo encuentras”, relata.
Actualmente, la máxima recompensa por un presunto extorsionador es S/50.000. Solo hay dos personas por las que se ofrece ese monto: Luis Joel Sonco Broncano y Jonathan ‘Caras’ Rondón Vera.
A Sonco también se lo busca por sicariato y homicidio calificado. Según información policial, pertenece a la organización criminal Los Soncos, la cual opera en Lima. En tanto, Rondón es sindicado de pertenecer a la banda Los Gatilleros de Loreto.
Esta semana, El Comercio halló que este último figura como fallecido en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Aun si, aparece en la base de datos enviada por el Ministerio del Interior.
Ellos están prófugos desde hace 3.636 y 3.634 días, respectivamente, casi 10 años. En ese período, el Perú tuvo ocho presidentes.
Un caso similar al de Rondón Vera es el de Mario Vílchez Pérez, quien también es consignado como fallecido por Reniec.
Por otro lado, seis de cada 10 prófugos por extorsión actúan en tres regiones, todas de la costa peruana: Lima (34,5%), La Libertad (13,8%) y Lambayeque (13,8%).
“El mercado de la extorsión se ha extendido desde mediados de la década del 2000 hasta la fecha, primero en el norte y luego en otras ciudades”, destaca Corcuera en su libro.
Entrevista
“Nuestro crimen es también un reflejo de nuestra propia sociedad”
Corcuera explica que la extorsión surge y se desarrolla como un fenómeno de la costa norte del país. (Foto: Joel Alonzo)
/ JOEL ALONZO
