La pitahaya es una fruta tropical de alto valor en los mercados de exportación. Su rentabilidad creciente y la promesa de ganancias anuales sostenidas bastaron para convencer a cientos de peruanos de poner sus ahorros en manos de la empresa R COORP. Treinta y tres de esas personas han presentado una denuncia penal por presunta estafa agravada contra R Coorp e & D, su gerente general, Diego Rodríguez Valverde, y otras cinco personas vinculadas a la compañía.
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El modelo y promesa
R Coorp opera a través de tres entidades: R Coorp e & D SAC, la inmobiliaria encargada de vender los lotes y dejarlos sembrados; R Coorp SAC, la empresa agrícola y exportadora; y la Cooperativa Agraria de Agricultores Terra, que agrupaba a los inversores. Ambas empresas tienen como gerente general a Diego Rodríguez Valverde.
El producto era una parcela de 1,000 m² con 350 plantas de pitahaya American Beauty en Olmos, valorizada en S/ 40,000, con una cuota inicial de aproximadamente S/ 28,000. El saldo se descontaría de las ganancias anuales de la cosecha. La propuesta llegaba a través de anuncios en Facebook, y los interesados eran contactados. En charlas mostraban un folleto que señalaba una rentabilidad de S/ 6,000 ganados el primer año como mínimo por parcela, con proyecciones crecientes hasta alcanzar cerca de S/ 42,000 anuales en el quinto año, cuando la planta llegaría a su máxima producción. La empresa se comprometía a encargarse de todo: siembra, riego, mantenimiento, personal y exportación. El inversor solo debía pagar y esperar.
Varios de los hoy denunciantes verificaron antes de comprar. Algunos consultaron con contadores, quienes confirmaron que la empresa figuraba en regla ante la Sunat. Otros revisaron que contaba con trabajadores en planilla. Todo parecía legítimo para los inversores, pero se llevarían una gran decepción.

Diego Rodríguez gerente general de R Coorp e & D y de R Coorp SAC. Foto: YouTube
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Los que pusieron todo
Los denunciantes que declararon de forma anónima a El Comercio son personas de distintas regiones y perfiles. Todos llegaron al Proyecto Terra a través de las redes sociales y declaran bajo el anonimato porque temen represalias.
Una de las afectadas es adulta mayor. Es natural de Cajamarca y vive en Trujillo. Firmó su contrato en febrero de 2024. Narra que renunció a su trabajo de oficina por problemas de salud —artrosis en las vértebras cervicales y dificultades de visión— y utilizó el dinero de su AFP para invertir los S/ 28,000. Cuando fue a visitar Olmos junto a otros interesados, la empresa les mostró las parcelas de la etapa 1 y 2, con plantas de un metro de altura. A su regreso, llegó convencida. Nunca le mostraron la etapa 4, a la que pertenecía. Hasta ahora no ha habido siembra en esa etapa. Hoy, su única exigencia es recuperar el dinero. “Ya no deseo nada (del proyecto)”.
Otro de los denunciantes trabajó más de un año en Estados Unidos y sumó esos ahorros a los que había acumulado desde sus primeros empleos en Lima para invertir S/ 84,000 en tres parcelas. Era el dinero de toda su vida. Le prometieron en el primer año de producción una ganancia mínima y la recuperación total de su capital en los siguientes años. Promesas que nunca llegaron. Fue a la oficina de la empresa en el distrito de Surco, se reunió personalmente con Diego Rodríguez y le pidió que le devolviera, aunque fuera una parte de inmediato. La respuesta fue que la empresa estaba en un proceso de contracción. Siente que podría sufrir represalias y teme los vínculos de la empresa con personas de reputación cuestionada.

Los contratos firmados con R Coorp tienen como Partida N° 11313475. Foto: El Comercio
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Un tercer denunciante adquirió más de 7 parcelas por más de S/ 250.000. No era un excedente, sino dinero que necesitaba. Desde que comenzaron los incumplimientos ha tenido daño psicológico. “Amanezco preocupado todos los días”, dijo. Fue expulsado del grupo de WhatsApp de la cooperativa —creado por la propia empresa— por reclamar su dinero. Le propusieron un acuerdo de devolverle todo en 19 meses, pero lo rechazó, ya que no tenía ninguna garantía real de cumplimiento y la credibilidad de la empresa ya era nula. Nunca recibió un pago.
Una cuarta afectada utilizó los ahorros de su negocio familiar —un taller de máquinas perforadoras vinculado al sector minero— para pagar S/ 28,000 de cuota inicial. Con el dinero inmovilizado, tuvo que pedir al banco un crédito de S/ 14,000 para adquirir una compresora que su negocio necesitaba. “Si ese dinero lo hubiera tenido, no me hubiera endeudado”, señaló. Está cansada. Quiere que le devuelvan su dinero más daños y perjuicios.
El patrón en estos casos es similar: pagaron, esperaron, recibieron aplazamientos y cuando reclamaron con firmeza algunos fueron retirados del grupo. La inversión era dinero que necesitaban. Además, según ellos, vieron la etapa 1 que ya estaba sembrado, pero no las otras etapas. Incluso no les permitían el uso del celular.

De acuerdo al folleto entregado a los denunciantes, le prohibían el uso de los celulares durante la visita.
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