Este miércoles, el restaurante Tanta se pronunció respecto a las investigaciones por el fallecimiento de la deportista Lizeth Marzano Noguera, ocurrido el pasado 17 de febrero, cuando fue atropellada por Adrián Villar, de 21 años, quien manejaba un auto a nombre de la periodista Marisel Linares.
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Pese a la entrega del material, horas antes y en sus redes sociales, el restaurante puntualizó que aún existen canales de comunicación pendientes con ciertos sectores de la investigación.
“Hasta la fecha no hemos sido contactados por las autoridades, pero reiteramos nuestra absoluta voluntad de colaborar con ellas. Reafirmamos nuestro ánimo de colaborar para que los hechos queden esclarecidos”, señalaron sus representantes.
Para luego expresar su solidaridad con los familiares de la víctima, quien fue deportista y campeona nacional de buceo. “Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, seres queridos y a toda la comunidad deportiva ante esta irreparable pérdida”, escribieron.
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El pronunciamiento de la empresa coincide con la difusión de material audiovisual por parte del programa Magaly TV, la Firme, que reconstruye el accionar de Adrián Villar (21), quien conducía el vehículo implicado.
Las imágenes muestran que, tras el impacto ocurrido a las 11:20 p.m. en la avenida Camino Real, Villar huyó del lugar omitiendo semáforos en rojo, al punto de casi provocar dos accidentes vehiculares adicionales.
A las 3:00 a.m. del día siguiente, las cámaras captaron una reunión en el parque Alfonso Ugarte donde participaron el padre del joven, Rubén Villar, su pareja Francesca Montenegro y la periodista Marisel Linares.
Estas evidencias contradicen la versión de la defensa, que alegaba que el investigado se encontraba en “estado de shock” o internamiento clínico.
Por otro lado, debido a su presencia en las coordinaciones posteriores al siniestro, la Primera Fiscalía Corporativa Penal de San Isidro – Lince ha incluido formalmente a Marisel Linares en las pesquisas por el presunto delito de encubrimiento personal en agravio del Estado.
Según el Ministerio Público, las reuniones registradas habrían tenido como objetivo “sustraer al investigado de la persecución penal”.
