El juicio al expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) llega a su fin. Junto con el exmandatario están procesados también los exfuncionarios de ProInversión Alberto Pasco-Font Quevedo y Sergio Bravo Orellana, como “terceros civiles responsables”.
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El Ministerio Público abrió, en el 2017, una investigación contra ambos y el fallecido Patrick Barclay por el supuesto delito de colusión. Según la tesis fiscal, los tres, en su calidad de miembros del comité de infraestructura y servicios de ProInversión, se habrían puesto de acuerdo con Odebrecht y las empresas consorciadas para favorecelos con la buena pro de la carretera Interoceánica en el 2005.
En diálogo con El Comercio, Iván Meini y Percy García, abogados de Pasco-Font y Bravo, respectivamente, rechazaron las imputaciones de la fiscalía y pidieron que se tome en cuenta que durante el proceso de investigación Jorge Barata, ex número uno de Odebrecht en el Perú, declaró que no se había coludido con los exfuncionarios.
Indicaron que, pese a ello y a “que no hay pruebas” del delito, el fiscal José Domingo Pérez decidió imputarlos y pedir nueve años de prisión para los ex funcionarios.
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“Jorge Barata, José Graña Miró Quesada y Hernando Graña Acuña, quienes declararon como colaboradores eficaces, han manifestado expresamente que ellos nunca le entregaron nada [a Pasco-Font]. Ninguna dádiva ni premio y que nunca se coludieron con él. Y más bien refirieron que el trabajo del comité fue un estorbo para Odebrecht a tal punto que tuvieron que buscar en las adendas y los arbitrajes algún tipo de beneficio”, aseveró Meini.
En esa línea, dijo que “ha quedado probado” que Odebrecht y las consorciadas buscaron beneficiarse luego de la celebración del contrato con el Estado y no durante el proceso.
“Más allá de la responsabilidad que tenga Toledo, eso no puede arrastrar a una personas que han cumplido con una función pública de manera absolutamente objetiva, formal y legal, cuando eso lo acreditan las mismas declaraciones de los colaboradores”, puntualizó.
A su turno, García señaló que el propio Ministerio Publico ha reconocido que “no hay prueba” directa de la participación de los exfuncionarios. “Si se utiliza, por ejemplo, la declaración de Barata para pedir la condena del señor Toledo […] por qué esa misma declaración no la utilizan cuando dicen lo mismo de los señores Bravo y Pasco-Font”, cuestionó.
“Barata decía que salía frustrado de las reuniones con la gente de ProInversión porque no conseguían nada. Incluso, cuando José Domingo Pérez le pregunta por el día que se tenía que firman el contrato de concesión en Palacio de Gobierno, él responde que no tenía aliados en el proceso”, acotó.
Remarcó que se debe considerar que los beneficios que recibió la constructora brasileña fueron en las adendas y los arbitrajes, “pero esos son ámbitos que estaban lejos del alcance del comité”, que integraban Pasco-Font y Bravo.
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De otro lado, diversos exministros como Luis Castilla, Elsa Galarza, Claudia Cooper, Hania Pérez de Cuéllar, Milton Von Hesse, Hernan Garrido Lecca, Alfredo Thorne, Alonso Segura y Piero Ghezzi, así como el ex gobernador Fernando Cilloniz y personalidades como Roque Benavides y Jaime de Althaus, entre otros, suscribieron un pronunciamiento en el que rechazan las imputaciones de la fiscalía contra los ex funcionarios.
Cabe recordar que, según la tesis fiscal, Alejandro Toledo recibió U$S35 millones por parte de la constructora brasileña a cambio de la ejecución del proyecto IIRSA Sur durante su gobierno. El caso está en la recta final y este lunes 21 de octubre, desde las 2 p.m., los jueces anunciarán su sentencia: recibirá una condena de hasta 20 años y 6 meses o será absuelto y puesto en libertad. A meses de cumplir 80 años, una pena podría llevarlo a pasar el resto de sus días en prisión.
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Procuraduría responde
Silvana Carrión, procuradora Ad Hoc del Caso Lava Jato, explicó que la tesis de la fiscalía es “que a partir del pacto colusorio que hubo entre Toledo y Jorge Barata para adjudicar la buena pro de la carretera Interoceánica Sur, tramo 2 y 3, se hicieron varios actos para poder favorecer a la empresa (Odebrecht)”.
Agregó que este pacto colusorio requería de varios actores para cumplirse y que se comprobó, con pericias, que “se permitió desde las bases y el contrato, condiciones que no podían ser aceptadas por el comité (de ProInversión). Y que esas condiciones, en los contratos del tramo 2 y 3, permitieron después que el Estado desembolse pagos indebidos a favor del concesionario”.
“No es verdad lo que dice la defensa sobre que ellos no habrían tenido participación para la ejecución de este acto colusorio, pues si no hubiese existido la intervención del comité, Odebrecht no hubiera sido favorecida con la concesión”, remarcó.
