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A Darwin Condori se le imputa violar, junto a otros dos policías, a una joven a la que había invitado para celebrar, el 29 de enero del 2023, la inauguración de su departamento, ubicado en el condominio Torres Las Praderas, en Comas, en el mismo inmueble donde fue asesinada Sheyla Cóndor.
Por este caso, Condori Antezana cumplió 15 días de detención preliminar y luego fue liberado. La víctima contó que la Policía solo suspendió seis meses a dicho sujeto y no lo separó de sus filas, por lo que él luego se reincorporó sin ningún problema.
Sin embargo, en esta grave denuncia hay dos policías más involucrados: Jerry Luis Albornoz Torres y Jony Albert Aylas Romero. La gran pregunta es ¿qué pasó con ellos?
Agentes acusados de violación grupal siguen en actividad, según fuentes policiales
Fuentes de El Comercio indicaron que Jerry Luis Albornoz Torres pertenece a la División de la Policía Comunitaria y ha participado en diversas actividades públicas, incluso ha interactuado con jóvenes y niños, sin que sus superiores tomen en cuenta la grave acusación que pesa en su contra.
Por su parte, Jony Albert Aylas Romero trabaja en la Unidad de Servicios Especiales (USE) y recibió una distinción del Ministerio del Interior, el 31 de julio del 2023, por la actuación de la Policía durante las protestas de la denominada “Toma de Lima”. Lo que llama la atención es que eso ocurrió solo 6 meses después de la denuncia de violación sexual.
Además, él fue denunciado, en enero del 2017, por negarse, cuando era integrante de la comisaría de Monterrico, a auxiliar a una madre de familia que solicitaba que intervenga debido a que su hija había sido víctima del robo de su celular.
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No obstante, la Policía y el Ministerio del Interior evitaron confirmar a El Comercio la información sobre si los dos agentes continúan en actividad.
La víctima denuncia que su proceso está estancado
La víctima que denunció la violación grupal por parte de tres policías indicó que las autoridades judiciales no han avanzado en el proceso, pese a que han transcurrido un año y 10 meses.
Incluso, recordó que la fiscal ha dejado entrever que la denuncia puede archivarse, sin tomar en cuenta que han presentado diversas pruebas y testigos de la violación grupal, como el examen del médico legista.
“Nosotras tenemos el caso en proceso, la fiscal nos da a entender que el caso se puede caer porque dice que falta pruebas. ¿Qué quería, encontrarnos muertas a las tres?”, señaló.
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La joven remarcó que solamente ha pasado por la cámara Gesell y por la evaluación del médico legista y que no se han realizado más diligencias.
Exoficiales PNP cuestionan al tribunal administrativo-disciplinario de la Policía
El general (r) PNP Eduardo Pérez Rocha, excomandante general de la Policía, indicó que la PNP debió abrir un proceso administrativo-disciplinario a los agentes Jerry Luis Albornoz Torres y Jony Albert Aylas Romero y darles de baja al tratarse de un delito grave.
“Dentro del sistema del régimen disciplinario el aspecto de ser partícipe de un delito y tratándose de una violación agravada, que es lo que ha sucedido, automáticamente es sancionado con el pase al retiro por medida disciplinaria, sin perjuicio de ponerlos a disposición del Ministerio Público y Poder Judicial”, afirmó a El Comercio.
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Pérez Rocha recordó que, en el 2017, se emitió la Ley N°30714, que regula el régimen disciplinario de la Policía, y que dicha norma implementó un tribunal administrativo disciplinario, que se encarga actualmente de los procesos a los agentes acusados de perpetrar delitos, pero consideró que ese aspecto debió quedar en el ámbito de la Inspectoría de la PNP.
“La ley de régimen disciplinario indica que es el tribunal administrativo-disciplinario como el superior nivel, que es el único y definitivo para expulsar a los malos elementos, y tienes a Asuntos Sociales, que también está compuesto por civiles que dependen del ministro del Interior y que son los encargados de las investigaciones a oficiales generales”, indicó.
El exjefe de la Policía Nacional indicó que el caso Darwin Condori pone de relieve la necesidad de continuar cada año con las evaluaciones físicas y mentales de todos los agentes, a fin de retirar a los que no cumplan con los requerimientos.
A su turno, el general (r) PNP Carlos Tuse, exjefe de la Inspectoría de la Policía, cuestionó que muchos superiores se inhiben de actuar contra sus subordinados debido a que les resulta engorroso aplicar una sanción.
“La falta de supervisión y control de los superiores está dejando al libre albedrío a sus subordinados porque hoy los superiores se inhiben, se hacen de la vista gorda de querer sancionar porque para sancionar, incluso, una falta leve hay que hacer una serie de trámites”, expresó Tuse.
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“Con la ley antigua se detectaba la falta y se sancionaba inmediatamente, se generaba la expulsión y la degradación del efectivo policial. Se le llevaba a la escuela, se le quitaba las insignias y se le botaba por la puerta posterior porque era indigno de pertenecer a la institución. El superior que detectaba una sanción la aplicaba inmediatamente”, agregó.
Consideran que la Policía sí pudo actuar en el caso de los dos agentes acusados de violación
El abogado penalista Andy Carrión señaló que la Policía Nacional sí pudo actuar en el ámbito administrativo y sancionar a los dos policías denunciados por ultraje a una joven.
El especialista explicó que ese procedimiento se realiza a parte del proceso penal que ambos suboficiales PNP enfrentan.
“En el ámbito penal uno tiene que presumir la inocencia de las personas hasta que exista una sentencia condenatoria, pero en el ámbito administrativo no necesariamente es así. Los criterios para destituir a un funcionario e inhabilitarlo de la función son más flexibles y laxos porque responden a una finalidad distinta”, manifestó Carrión.
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“Si bien es cierto hay procesos administrativos que se tienen que implementar, estos tienen que ser céleres de cara a extirpar a estas personas de una institución policial, que ya viene de mucho tiempo atrás funcionando de esta manera”, agregó.
“Será inocente hasta que no exista una sentencia condenatoria, pero eso no quita la posibilidad de que sea apartado del cargo, de la institución policial”, afirmó.
Por su parte, el abogado Julio Rodríguez enfatizó que la muerte de Darwin Espinoza no significa que el proceso de investigación contra los agentes Jerry Luis Albornoz Torres y Jony Albert Aylas Romero se va a archivar.
Presidenta Dina Boluarte: “Feminicidios tienen que parar”
A seis días de conocerse el crimen y descuartizamiento de Sheyla Cóndor, la presidenta Dina Boluarte afirmó que los feminicidios deben parar y pidió a la Policía Nacional y al Ministerio Público profundizar las investigaciones sobre los homicidios perpetrados contra mujeres.
En una actividad en Palacio de Gobierno, la mandataria consideró que la reputación de la Policía no debe mancharse por el mal accionar de algunos de sus integrantes. Repitió en varias oportunidades la frase “Ni una menos”.
“En estos momentos es necesario alzar la voz sobre un tema urgente y al que ningún peruano puede ser indiferente: la violencia contra nuestras hermanas mujeres, nuestras jóvenes, nuestras niñas. Todos tenemos que ser agentes de prevención y de cambio frente a la violencia”, afirmó Dina Boluarte.
“Los feminicidios tienen que parar y la indiferencia hacia la violencia también. Casos como el que hemos conocido en los últimos días no pueden ni deben repetirse”, agregó.
“Hago un llamado a la Policía Nacional y al Ministerio Público para que profundicen las investigaciones de todos los casos de feminicidios y en cada uno de ellos se llegue a la verdad y que caigan todos los que resulten implicados para que se les aplique todo el peso de la ley”, señaló.
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“Asimismo les pido que tengamos presente que la Policía tiene elementos muy valiosos y su reputación no debe mancharse por malos efectivos que olvidan que están al servicio de la patria”, remarcó Boluarte Zegarra.
