Lunes, Diciembre 16

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, informó que la presidenta Dina Boluarte fue citada a declarar el próximo 2 de enero del 2025 por el caso del vehículo asignado a su despacho, conocido como el ‘cofre’, y que fue visto en la zona donde se realizó un operativo para dar con el paradero del prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

En entrevista con ‘Punto Final’, indicó que el último jueves 12 de este mes firmó la resolución para la convocatoria de Boluarte Zegarra a declarar ante su despacho sobre este tema.

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“El día jueves temprano firmé la resolución ya fijando la fecha para los próximos días, para que la señora presidenta sea convocada. Es lo único que podemos expresar en ese sentido”, expresó.

“Para 2 de enero, si mal no recuerdo, precisamente por el tema de las agendas, los tres días de notificación previo y con los feriados que vienen. Somos muy cuidadosos y respetuosos de los plazos”, agregó.

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Como se recuerda, días atrás, en un mensaje a la Nación, Dina Boluarte exigió a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ser convocada a declarar en el marco de la investigación fiscal por presunto abandono del cargo y omisión de funciones, relacionada con la intervención quirúrgica que se realizó sin informar al Congreso, así como los cuestionamientos en torno al ‘Caso Cofre’.

Sobre este último caso, la mandataria señaló que la Fiscalía de la Nación ha creado escenarios hipotéticos sin considerarla en las diligencias.

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“Desde el inicio de la investigación han transcurrido 79 días y no les interesa mi versión, pero sí la versión del rumor irresponsable. Señora fiscal de la Nación, desde el 22 de noviembre usted asumió competencias sobre este caso, llámeme y declararé. Se lo pido, se lo exijo en aras del debido proceso”, dijo.

Cuestiona al Congreso

De otro lado, la titular del Ministerio Público consideró que el Parlamento está legislando “con improvisación” respecto a diversos temas y estimó que dos de los proyectos que aprobó son “inconstitucionales”.

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“Me temo que se está legislando muy apresuradamente o hasta con improvisación. Habría que preguntarles qué motivaciones hay, pero lo que se ve objetivamente es que hay bastante improvisación”, subrayó.

“Las cuatro leyes que han salido, dos de ellas son abiertamente inconstitucionales: el tema de la detención preliminar; la 32182, que habla de la penalización a los criterios jurídicos de jueces y fiscales, generando una nueva forma de prevaricato solo por no ordenar prisión preventiva, decretar detención preliminar”, añadió.

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En ese sentido, Espinoza enfatizó que se está “exacerbando la persecución” a los operadores de justicia con cuestiones no objetivas y aseveró que la intención sería “buscando un poco amedrentar”.

“Se penalizan los criterios de ambos operadores, de jueces y fiscales, para constituir como faltas graves el hecho de dar libertad a detenidos en flagrancia. Hay detenciones en flagrancia que también son abusivas, extralimitadas y que no son racionales”, acotó.

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“Siempre la detención en flagrancia tiene que ser calificada legalmente, jurídicamente. No se puede obligar con una ley que se constituya falta grave al juez o al fiscal si es que no ha procedido con el trámite y no ha denunciado luego de la flagrancia”, sentenció.

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