El Tribunal Constitucional (TC) incorporó al Ministerio Público en la demanda de hábeas corpus presentada por la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en el marco del ‘Caso Cocteles’.
La finalidad es que la fiscalía pueda ejercer su derecho de defensa frente a una de las pretensiones centrales de la demanda, que es la nulidad de todos los actos procesales desde el inicio de la investigación fiscal.
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En su resolución, el TC otorgó a la fiscalía un plazo excepcional de 10 días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación con la demanda, para que alegue, de forma escrita, lo que estime conveniente a sus derechos e intereses.
Fujimori Higuchi solicita que se declaren nulas dos resoluciones emitidas en el proceso que se sigue por los delitos de organización criminal y lavado de activos, así como otra donde se dispuso que el caso pase a juicio oral.
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Al respecto, el TC señaló que se invoca una cuarta pretensión, que es autónoma e independiente, y que atañe al Ministerio Público, que es que se declaren nulos todos los actos precedentes del proceso desde el inicio de las investigaciones preliminares.
Cabe precisar que la demanda ha sido dirigida contra el juez del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional y el procurador público del Poder Judicial.
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“En tal sentido, de emitirse algún pronunciamiento respecto a la cuarta pretensión mencionada sin la participación del Ministerio Público, se vulneraría su derecho de defensa, por cuanto no habría podido esgrimir argumento alguno en defensa de las actuaciones realizadas durante la investigación preparatoria”, expresó.
“Por tanto, resulta relevante la participación del Ministerio Público en este proceso, a fin de conocer su posición respecto de las investigaciones preliminares efectuadas”, agregó.
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Finalmente, el tribunal remarcó que una vez ejercido el derecho de defensa por parte del Ministerio Público o vencido el plazo para ello, la causa quedará expedita para la emisión de la resolución definitiva.
El caso
Días atrás el Equipo Especial Lava Jato presentó una nueva acusación penal en el proceso seguido contra la lideresa de Fuerza Popular y otros por el financiamiento a las campañas electorales de 2011 y 2016, en el denominado ‘Caso Cocteles’.
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En relación con Keiko Fujimori, la fiscalía solicitó 35 años de pena privativa de libertad y 730 días multa, por los delitos de lavado de activos agravado en organización criminal, en concurso con los delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica.
Asimismo, la fiscalía ha requerido el sobreseimiento de 19 investigados y el sobreseimiento parcial de dos de ellos.
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Como se recuerda, en enero del 2025 el Tercer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional acogió el pedido de la lideresa de Fuerza Popular y de otros acusados y anuló el juicio oral por presuntos aportes ilícitos.
Los abogados habían solicitado que se les aplique la resolución del TC a favor de José Chlimper, emitida en diciembre del 2024 y que anulaba parcialmente la acusación fiscal.
