La investigación del Ministerio Público que incluye el gobernador regional del Callao, Ciro Castillo Rojo, como presunto cabecilla de una organización criminal, revela que se habría generado un presunto perjuicio económico al Estado por la suma de S/ 1,461,121.10, provenientes de un total de 63 contrataciones sin proceso de selección, con aparentes irregularidades e ilegalidades.
Se tratan de 34 órdenes de compra y tres órdenes de servicio a favor de proveedores por un monto total de S/ 874,575.00; así como 16 órdenes de compra y tres órdenes de servicio a favor de otro proveedor, por un monto de S/ 518,525.00.
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De igual manera, en el ámbito del CAFED Callao, se habrían direccionado cuatro órdenes de compra por S/ 44,196.10, y tres órdenes de compra por S/ 23,825.00, bajo la misma modalidad.
¿Cómo operaba la organización de Ciro Castillo?
El MP sostiene que esta supuesta organización criminal entre el 2023 y 2024, se encontraba incrustada en el Gobierno Regional del Callao. Sus integrantes eran funcionarios y servidores públicos que, aprovechando sus cargos, habrían direccionado contrataciones públicas por montos iguales o inferiores a ocho (8) UIT, evitando los procesos de selección establecidos por ley.
Asimismo, se detectó que proveedores beneficiados habrían cambiado repetidamente sus actividades ante la SUNAT para ajustarse a los requerimientos, además de aparecer de forma recurrente en estudios de mercado sin contar con negocios operativos y con presuntos vínculos entre ellos y funcionarios.
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¿Quiénes son los detenidos preliminarmente por 15 días?
La Policía Nacional del Perú, a través de la Dirección Contra la Corrupción (DIRCOCOR), detuvo preliminarmente por 15 días a Jimmy Alexander Whu Cárdenas, asesor FAG, y Hiromi Zuñiga Jauregui, jefa de la Oficina de Logística del GORE Callao, quienes habrían coordinado con personal de dicha oficina para favorecer a proveedores específicos mediante la emisión de órdenes de compra y de servicio.
Abogado de Castillo Rojo cuestiona al MP
El abogado de Ciro Castillo Rojo Salas, Humberto Abanto, cuestionó el allanamiento de su defendido e indicó que apelarán a esta decisión.
En esa misma línea, indicó que esta medida carece de sustento específico. “El allanamiento se justifica en que, según el juez, suele haber en la casa de los jefes de organizaciones criminales documentación. Eso es una vaguedad”.
“Nunca se nos ha notificado de la existencia de esta carpeta, ni se nos ha pedido descargos, ni se ha hecho pregunta alguna”, dijo a los medios.
