El Ministerio Público citó a declarar a 21 personas, entre ellas figuras públicas, en el marco de la investigación por lavado de activos que se sigue contra Andrés Hurtado, ‘Chibolín’, detenido desde hace casi un año en el penal de Lurigancho.
Entre los convocados destacan el humorista Jorge Benavides, quien deberá explicar la compra de un vehículo vinculado al caso; el futbolista argentino nacionalizado peruano Tiago Cantoro, citado para declarar sobre su proceso de nacionalización ante Migraciones; y Ana Altamirano García, directora de la revista VIP Diplomática, llamada a detallar su relación con el exconductor.
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Además, el Poder Judicial solicitó el levantamiento del secreto bancario de Hurtado como parte de las diligencias.
Carta desde prisión
Desde el penal de Lurigancho, donde permanece recluido en el pabellón 5, Hurtado envió un manuscrito al Tribunal Constitucional en el que pide revisar su expediente y evaluar su libertad.
“Suplico revisar las copias del expediente y los arraigos que ostento y demuestran que puedo llevar mi proceso en libertad sin riesgo de fuga”, escribió.
Aunque la carta no ha sido registrada formalmente, sí existen dos hábeas corpus presentados por su defensa en abril y agosto de este año. En el documento, Hurtado cuestiona la acusación fiscal y asegura que se le imputa un supuesto “tráfico de influencias en cadena” sin sustento legal.
La defensa responde
El abogado de Hurtado, Elio Riera, sostuvo que busca el archivamiento del caso. Según explicó, la Fiscalía sostiene que su patrocinado habría favorecido a terceros en coordinación con la fiscal Elizabeth Peralta —también bajo prisión preventiva—, pero cuestionó la calificación legal de los hechos.
Como se recuerda, el Poder Judicial dictó que fuese inhabilitado de sus funciones como abogado por tres meses, pero este ha presentado una apelación.
“El problema es que cuando la Fiscalía incorpora al Dr. Salyrosas y a la Dra. Bailón plantea una hipótesis de tráfico de influencias en cadena, lo cual no es punitivo, no es sancionado penalmente. Ahí estoy buscando el archivo del caso”, declaró.
Riera indicó que el futuro de este proceso está en manos del magistrado César San Martín, quien deberá resolver conforme a ley.
