El Ministerio Público (MP) acusa al economista de haber incurrido en el presunto delito de corrupción en la modalidad de colusión agravada y/o alternativamente negociación incompatible, cuando ejerció su cargo como rector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).
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En marzo del año pasado, la fiscal Norah Córdova, titular del Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, solicitó cinco años de cárcel en contra del candidato presidencial, además de 12 años de inhabilitación para ejercer cargo público.
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Por ello, el 29 de setiembre del 2025, el 29 Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios y Crimen Organizado de Lima dispuso iniciar las audiencias para revisar la acusación y determinar si procedía o no un juicio oral en contra de López Chau Nava.
Sin embargo, aquel día, la audiencia se pospuso ante un recurso de ‘excepción de cosa juzgada’, alegado por las partes, señalando que los hechos ya habían sido archivados por otra fiscalía distinta a la que presentó la acusación.
El juzgado suspendió la audiencia para el 30 de octubre del 2025 y hasta el momento, según confirmaron fuentes a El Comercio, la judicatura no ha emitido pronunciamiento.
¿De qué trata el caso?
De acuerdo a la acusación fiscal, a través de la Resolución Rectoral Nro. 1534 el entonces rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, Alfonso López Chau, designó a Sonia Anapán Ulloa en el cargo de secretaria general de la UNI sin que cumpla los requisitos para el cargo.
La fiscalía determinó que la beneficiada no era docente y tampoco cumplía con los cinco años de experiencia requeridos para ocupar el cargo.
Por ende, “el imputado Alfonso López Chau Nava habría infringido el estatuto” de la universidad, pues en este se dispone que sea el Consejo Universitario quien designe a propuesta del rector, pero en este caso fue el ahora candidato presidencial quien habría impuesto a la beneficiada.
La fiscalía también concluyó que se habría presentado documentación contradictoria en las constancias laborales para sustentar la contratación dispuesta por el entonces rector.
Otro hecho fue que López Chau habría dispuesto elevar el sueldo de la beneficiada de S/9.000 a S/13.500 en solo tres meses.
¿Por qué no avanza el control de acusación?
Como se mencionó líneas arriba, el proceso judicial en contra de López Chau lleva más de cuatro meses sin que se emita una decisión en cuanto a su continuidad o no.
A la fecha, el 29 Juzgado de Investigación Preparatoria no se ha pronunciado sobre el control de acusación en contra del candidato presidencial.
La judicatura había solicitado que el Ministerio Público corrobore y se pronuncie sobre el alegado archivo del caso por otro despacho fiscal distinto al que había formulado acusación.
Ante ello, la fiscal Norah Córdova dio cuenta en un informe enviado al juzgado el 27 de octubre del 2025, que su despacho fue el primero en conocer el caso y abrir investigación el 12 de octubre del 2022 (Carpeta Fiscal 352-2022), tras recibir la denuncia.
Sin embargo, señaló que de lo revisado, el Primer Despacho de la Primera Fiscalía Anticorrupción a inicios de marzo del 2023 recibió un caso derivado (Carpeta Fiscal 94-2023) vinculado a los hechos y a fines de ese mismo mes, archivó la investigación.
Posteriormente, con fecha 25 de julio del 2023, el Quinto Despacho de la Quinta Fiscalía Corporativa Penal de Cercado de Lima-Breña abre una tercera investigación por los mismos hechos (Carpeta Fiscal 1076-2023) y en abril del 2024 dispuso el archivo.
La fiscal Córdova, en su informe remitido al juzgado, dio cuenta que su despacho interpuso una ‘contienda positiva de competencia’ a fin de que la Fiscalía Superior anule los dos pronunciamientos emitidos tanto en la Primera Fiscalía Anticorrupción y la Quinta Fiscalía Penal de Lima-Breña; y se confirme a su despacho como el que debe continuar con el proceso del caso.
La Segunda Fiscalía Superior Anticorrupción, en respuesta, señaló que al tratarse de un proceso en curso y dos archivados, corresponde que los fiscales que emitieron sus respectivos archivos en las carpetas 94-2023 y 1076-2023, revisen nuevamente sus casos de cara a que se avocaron a un caso que ya estaba siendo conocido por otro despacho (el de Córdova) y emitan la respectiva disposición a fin de resguardar los principios del debido proceso y la garantía del ne bis in idem (no ser juzgados dos veces por los mismos hechos).
La fiscal Córdova cumplió con notificar a sus pares a fin de que se pronuncien, pero no obtuvo respuesta. Y, pese a que el juzgado citó a la audiencia de control de acusación para el 30 de octubre del 2025, hasta el momento no se ha definido si el proceso de López Chau Nava continuará o no.
Este Diario solicitó la versión del candidato presidencial o de su abogado, pero no hubo respuesta. Su coimputada, Anapán Ulloa tampoco respondió.
Cabe precisar que Lopez Chau ha intentado archivar el caso entre el 2024 y 2025, a través de un recurso de excepción de improcedencia de accionarial y una tutela de derechos, que fueron declarados infundados.
En el primer caso, señaló que los hechos no constituían delito y que no había inaplicado la normas como rector de la UNI y por tanto no había incumplido el estatuto de dicha casa de estudios. Mientras que en el segundo recurso alegó que la fiscalía debía haber solicitado un informe técnico a la UNI para determinar si se habría incurrido en algún ilícito.
Ambos recursos subieron en apelación y la Sala Penal de Apelaciones volvió a rechazar los alegatos de López Chau y su defensa legal, confirmando que el proceso judicial debía continuar.
Proceso de fiscalización
JEE Lima-Centro recibió 10 de 34 informes solicitados al Poder Judicial
El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 (JJE Lima Centro 1), hasta la fecha, ha recibido 10 de los 34 informes sobre sentencias penales y civiles solicitados al Poder judicial sobre los candidatos presidenciales inscritos hasta el momento.
Ante la solicitud de El Comercio, desde el Jurado Nacional de Elecciones señalaron que las hojas de vida de los 34 candidatos presidenciales inscritos, incluyendo a Alfonso López Chau, se encuentran en proceso de fiscalización.
Según explicaron, desde el cierre de inscripción de candidatos que fue el 23 de diciembre del 2025, los fiscalizadores procesan la información que llega de las diferentes Cortes Superiores, y si encuentran una observación, elaboran el informe correspondiente y si está conforme a lo que exige la Ley Electoral, se archivan los procesos.
“Desde los Jurados Electorales Especiales, en específico desde el JEE de Lima Centro 1, ha solicitado 34 informaciones sobre sentencias penales y civiles, hasta el momento se ha tenido 10 respuestas. Solo en la Corte Superior de Justicia de Lima, indicó que (Alfonso López Chau) tiene investigación preparatoria, lo cual los fiscalizadores informan al JEE, sobre lo informado por la Corte”, indicaron.
Agregaron que, desde la Central del JNE también se ha solicitado información al Registro Nacional de Condenas sobre los antecedentes penales de todos los candidatos inscritos, y una vez obtenida dicha información se enviará a los JEE, para que sea atendida a través de los fiscalizadores de hoja de vida.
Precisaron que no realizan el requerimiento de información al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) puesto que en la Declaración Jurada de Hoja de Vida de los Candidatos solo se solicita información sobre antecedentes penales, no judiciales, de acuerdo a la Ley Nro. 28094, Ley de Organizaciones Políticas, en su art. 23 inciso 3.
“La fiscalización ya inició, desde el cierre de inscripción de candidatos que fue el 23 de diciembre del 2025, y los fiscalizadores procesan la información que llega de las diferentes Cortes Superiores, si encuentran una observación, elaboran el informe correspondiente y si esta conforme se archivan”, concluyeron.
