Sábado, Mayo 4

Este domingo, las últimas paredes de la emblemática Casa Boza ya no se dejaban ver. Fueron demolidas este fin de semana para dar paso a la transformación del predio en un nuevo espacio. Este hecho tabmbién marcó el fin definitivo a una polémica en la que estuvieron inmersos el Ministerio de Cultura, la Municipalidad de Lima, Universidad Tecnológica del Perú (UTP), propietaria del inmueble, colectivos culturales y ciudadanos.

Casa Boza

El 2017, la UTP manifestó su intención de construir un edificio de doce pisos en este espacio. Ese mismo año, Prolima, el programa de la Municipalidad de Lima (MML) a cargo de recuperar el Centro Histórico, solicitó su declaratoria como inmueble de ‘Valor Monumental’ para realizar su puesta en valor.

En esa línea, el Ministerio de Cultura (Mincul) inició el 2020 el procedimiento de declaración de la Casa Boza como ‘Inmueble de Valor Monumental integrante del Patrimonio Cultural de la Nación’ a partir de un informe de la Dirección de Patrimonio Histórico Inmueble (DPHI) que sustentaba la propuesta.

Sin embargo, el Mincul concluyó este proceso en julio del 2023 a través de una resolución, que concluyó que la casa no presenta un valor monumental relevante en la actualidad debido a sus deterioradas condiciones. No obstante, se le reconoce como un ‘inmueble de entorno’ ubicado en el “Ambiente Urbano Monumental del Parque Mariscal Cáceres, actual Hernán Velarde y Pasaje Velarde”.

La última evaluación técnica de la DPHI del Mincul sostuvo que la edificación presenta signos de deterioro debido a las grietas en sus muros de adobe, fisuras y desprendimiento de baldosas del cielo raso, desprendimiento del barro de los muros de quincha, entre otros factores que ponen en riesgo a la estructura interior y exterior del inmueble. Así también, se advirtió la falta de mantenimiento de la Casa Boza.

Por su parte, ante el inicio del procedimiento para la declaración del inmueble como merecedor de ‘Valor Monumental’, la UTP argumentó que este “no posee valor arquitectónico de ningún tipo” debido las alteraciones en su estructura y diseño, y a que fue acumulado con un inmueble vecino en el 2016.

¿Qué responden el Ministerio de Cultura y la UTP?

La demolición de la Casa Boza ha reavivado las protestas de decenas de ciudadanos y colectivos culturales, como Lima la Única y el Instituto de Estudios Históricos de Lima (IEHL). Desde el 2017, ambos impulsaron la detención de su destrucción a través de recolección de firmas y envío de cartas al Mincul, pero fueron sido desestimadas.

La UTP difundió un comunicado donde señala que la edificación fue considerada como un “inmueble de entorno”, por lo que no integra el Patrimonio Cultural de la Nación. La institución afirma que cumple con todos los requisitos de ley y que la nueva obra inició “cumpliendo con lo dispuesto por el Ministerio de Cultura y la Municipalidad Metropolitana de Lima”.

En relación con este punto, el Mincul respondió a una crítica de un usuario de X (antes Twitter). “La Casa Boza es una propiedad privada (propiedad UTP) considerada como inmueble de entorno, parte integrante del Ambiente Urbano de valor Monumental de Santa Beatriz, dentro del cercado de Lima”, refiere.

Además, menciona que “la licencia de demolición es un procedimiento municipal, con opinión del delgado Ad Hoc de Cultura en la comisión revisora”. “Quien preside y tiene voto dirimente es la MML”, añade el Mincul.

“La Casa Boza pertenece al Patrimonio Cultural”

De acuerdo a la norma A.140 de bienes culturales inmuebles del Ministerio de Vivienda, un ‘Ambiente Urbano Monumental’ es aquel espacio público cuya fisonomía y elementos poseen valor urbanístico en conjunto. Por ello, deben conservarse total o parcialmente.

Asimismo, la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación indica que los bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural comprenden a “(…) ambientes y conjuntos monumentales, centros históricos (…)”, que deben ser protegidos por el Estado.

En relación con este tema, Fabricio Valencia, abogado y exasesor del Mincul, explicó a El Comercio que la Casa Boza sí pertenece al Patrimonio Cultural debido a que integra el Ambiente Urbano Monumental del Parque Mariscal Cáceres. “Todo conjunto con esta categoría debe protegerse integralmente. No se puede dañar un espacio o una parte del mismo, y esto impide la demolición de la Casa Boza. Pretender demolerla es un obrar negligente por parte del Mincul”, sostiene.

Uno de los grandes ámbitos de acción del Mincul es el Patrimonio Cultural. Si la Casa Boza no formara parte, el ministerio no tendría por qué emitir una opinión, porque actuaría fuera de sus competencias”, añade.

A partir de esta postura, El Comercio solicitó una entrevista con el Viceministerio de Patrimonio cultural para consultar su opinión sobre la pertenencia de la Casa Boza a la lista de bienes que integran el Patrimonio Cultural. Sin embargo, la petición no fue aceptada y el Mincul reiteró que la edificación no pertenece a este conjunto.

David Pino, gestor cultural y director de los colectivos Lima La Única y el IEHL alega que la demolición de la Casa Boza representa un perjuicio para la memoria de la capital. “La arquitectura siempre es el referente de una época. Esta casa se construyó en el contexto del proyecto modernizador del gobierno de Augusto B. Leguía. Entonces, su destrucción nos privará de una parte de la memoria de la ciudad y romperá la unidad arquitectónica del pasaje donde se encuentra”, subraya.

Por otro lado, el Mincul señaló que la licencia de demolición del inmueble es un procedimiento que corresponde a la MML. Al respecto, la Gerencia de Desarrollo Urbano de la MML respondió a El Comercio que la UTP “está en su derecho” de realizar la demolición de la Casa Boza debido a que el ministerio no la consideró como un inmueble que conforme el Patrimonio Cultural.

Por otra parte, la demolición estuvo paralizada del viernes 19 de enero al viernes 2 de febrero tras una revisión de la Gerencia de Fiscalización y Control de la MML. La entidad decretó la interrupción de los trabajos por concepto del código de infracción 08-0217 de la normativa municipal. Este sanciona la falta de instalación de un cerco de seguridad en una obra.

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