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“Cerrón me sembró la única denuncia que tengo”. Con esa afirmación, realizada en una entrevista televisiva, la candidata presidencial Fiorella Molinelli intentó reducir su situación judicial a un solo caso. Los registros del Ministerio Público, sin embargo, evidencian que la cabeza de Fuerza y Libertad afronta dos procesos penales por colusión, además de una denuncia por abuso de autoridad y omisión de funciones.
Documentos fiscales a los que accedió la Unidad de Investigación de El Comercio confirman que ambos procesos por colusión continúan en trámite en expedientes distintos y que este año se registró una nueva denuncia en Ica, donde Molinelli figura como imputada en etapa preliminar por abuso de autoridad.
En su historial, Molinelli ha sido imputada por diversos delitos en distintas sedes fiscales, entre ellos genocidio (Arequipa), tráfico de influencias (Apurímac), falsedad ideológica (Junín), negociación incompatible (Tumbes), peculado (Ventanilla), además de exposición al peligro, lavado de activos y organización criminal en Lima.
Los procesos en curso
Actualmente, la Fiscalía concentra sus investigaciones en los presuntos actos de corrupción cometidos durante la gestión de Fiorella Molinelli en EsSalud. Según expedientes fiscales, la candidata figura como investigada por colusión, por un supuesto favorecimiento a empresas proveedoras en pandemia.
El caso EsSalud fue crítico para la ahora candidata presidencial. Su vivienda fue allanada en 2021 y el Poder Judicial le dictó un impedimento de salida del país por doce meses. Es más, en el marco de ese proceso, durante una diligencia fiscal quedó registrado que su abogado, Fernando Ugaz, habría mutilado el registro de visitas a su despacho de cuando ella era presidenta ejecutiva. El hecho fue alertado por la fiscal Jhannice Bastidas quien solicitó a la DIVIAC el registro de la grabación del incidente.
A ello se suma otra denuncia relacionada con EsSalud pendiente de calificación en Ica. Esta nueva acusación se vincula al hospital María Reiche, en Marcona, por los presuntos delitos de omisión ilegal de acto de su cargo y abuso de autoridad. La carpeta fiscal fue ingresada el 8 de enero del presente año y permanece en etapa preliminar. Sobre el caso Molinelli indicó que se trata de una “denuncia genérica” que proviene de un frente de defensa.
El fantasma de Chinchero
En paralelo, este Diario pudo confirmar que continúa abierto el proceso por el caso Chinchero. La investigación, que se originó por la firma de una adenda al contrato de concesión del aeropuerto en febrero de 2017, se dio cuando Molinelli era viceministra de transportes. Actualmente la carpeta fiscal 073-2017 se encuentra fragmentada en decenas de cuadernos en etapa de apelación.
A este expediente se sumaría una nueva denuncia anunciada en setiembre por la Procuraduría del Ministerio de Transportes. La acusación fue comunicada por el entonces ministro Sandoval, luego de que el Estado perdiera el arbitraje internacional y se viera obligado a pagar US$100 millones a Kuntur Wasi, empresa que, según indicó, no ejecutó obra alguna. El ex titular del sector atribuyó a Fiorella Molinelli la responsabilidad por este desembolso.
Lejos de tomar distancia, la candidata respondió que la derrota del Perú en el arbitraje refuerza su posición y ha acusado a la Fiscalía de insistir injustificadamente en el caso.
El Estado ha desembolsado más de S/280 mil en la defensa legal de Fiorella Molinelli a la fecha, con pagos realizados desde el MTC y EsSalud. De resultar electa presidenta, estas investigaciones no se cerrarían, pero sí quedarían en suspenso, pues una reciente sentencia del Tribunal Constitucional impide formular acusaciones penales contra un mandatario en funciones.
Molinelli indicó que ha ganado procesos en la vía administrativa y que, además, enviará un documento al Ministerio Público. “Voy a enviar una carta a Fiscalía porque sus anulaciones del sistema no sirven”
