— En un comunicado que firma la Cámara de Comercio de Lima (CCL) y otros 22 gremios empresariales señalan que “existe un gobierno paralelo” y que este es “el crimen organizado”. ¿De quién o quiénes es la responsabilidad de este escenario?
En primer lugar, quiero manifestar nuestra profunda preocupación por la situación de inseguridad que viven todos los peruanos, no solamente nuestros más de 10 mil socios, todos los días somos testigos de que la gran, mediana, pequeña y microempresa son víctimas de extorsiones, que incluso los obligan a cerrar sus negocios. Ya ninguna actividad está a salvo, bodegas, salones de belleza, restaurantes, ferreterías y hasta comedores populares son víctimas de este flagelo, lo cual es inaceptable.
[…] Nosotros [como CCL] hemos sacado un pronunciamiento, donde exigimos al gobierno que exista una estrategia integral contra la criminalidad, lo que percibimos es que son acciones aisladas las del Ejecutivo y reactivas. No hemos percibido que haya una estrategia integral. ¿Qué pensamos nosotros? En primer lugar, para combatir a la criminalidad tiene que haber un liderazgo directo de la presidenta, ella preside el Conasec y es la jefa suprema de la Policía y de las FF.AA.
— ¿Y en este momento, la presidenta ejerce este liderazgo?
No, nosotros no vemos que exista ese liderazgo. Creemos que debe haber presupuesto para la Policía y otras instituciones, si no lo hay, tampoco se va a tener éxito. Otro punto es la inteligencia, es la clave para luchar y vencer a la criminalidad. Y, además, debe haber un buen trabajo conjunto de la Policía con la fiscalía y el Poder Judicial. Mientras ello no ocurra vamos a seguir perdiendo terreno.
Desde la CCL planteamos que se declare en estado de emergencia a la Policía Nacional, ahora se ha declarado en emergencia 14 distritos [de Lima], pero hemos visto que en el pasado no ha funcionado. ¿Por qué pedimos que se declare en emergencia a la Policía? Para poder dotarla de infraestructura, de equipamiento, de todos los recursos logísticos y operativos que se necesite para luchar contra la criminalidad. Al ser declarada en emergencia, se podrá comprar de manera directa. Y se debe crear una comisión que vigile los procesos para evitar la corrupción.
— El jefe del Estado Mayor de la Policía, Óscar Arriola, dijo que “el Perú, después de El Salvador, es uno de los países que registra menos incidencia y es más seguro”. ¿Usted comparte esa postura?
La percepción de inseguridad que existe en las encuestas de Ipsos es alta, el 87% de las personas se sienten inseguras cuando salen en la calle a la noche, entonces no podemos decir que somos un país seguro. No he escuchado las declaraciones del general Arriola, pero definitivamente no somos un país seguro.
“El Congreso tiene que hacer su tarea, porque ha estado sacando leyes que están debilitando la lucha contra la criminalidad”
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— El empresariado le solicitó al Congreso derogar “la última modificación al Código Penal que relajó la persecución del delito de crimen organizado”. Pero la Junta de Portavoces rechazó si quiera que se debata en el pleno. ¿Cómo interpreta esta postura del Parlamento?
[…] El Congreso tiene que hacer su tarea, porque ha estado sacando leyes que están debilitando la lucha contra la criminalidad y una de ellas es que la usted comenta, que es la de crimen organizado. La Cámara de Comercio de Lima se ha pronunciado cuando está ley estaba por salir, también cuando la aprobaron, le pedimos al Ejecutivo que la observe, pero no lo hizo. Ahora estamos en el problema de que salió esa ley donde excluye a la extorsión, el secuestro y varios delitos de la figura de crimen organizado. Entonces, consideramos que esa ley debería ser derogada, como están pidiendo los transportistas, o modificada. ¿En qué puntos? En la definición que se les da a las organizaciones criminales. Si corrigen ese punto, se pueden incluir los 67 delitos que ya no están. El mismo fiscal Chávez Cotrina dijo que tenían más de 1.000 expedientes que se iban a quedar en el aire, tras la promulgación de esa ley.
Y lo otro que deben corregir en la norma es el procedimiento para el allanamiento. No se puede esperar al abogado, eso ya se ha comprobado. Pedimos al Congreso que corrija esa mala ley que sacó.
— En el Parlamento se ha entrapado el debate respecto a la ley sobre terrorismo urbano. ¿Esta propuesta es suficiente?
Dada la coyuntura que estamos viviendo sí es necesario que se cree, que salga una ley tipificando un nuevo delito, esta figura de terrorismo urbano. Si puede ayudar sobre todo en dos sentidos, el primero es que crearían unidades especializadas para luchar contra este delito, tanto desde el lado de fiscalía como Policía Nacional. Y lo otro es que amplía el plazo de detención, porque normalmente son 48 horas, aquí podría ser de 15 días. Sí ayudaría una norma de este tipo. Pero lo importante es que se haga bien. Tiene que ser bien pensada, tengo entendido que ha habido una mesa técnica de trabajo [en el Congreso] con varios especialistas. El Ejecutivo también ha enviado una propuesta, entonces tiene que salir una buena norma para que no tenga complicaciones como hace unos años cuando se quiso crear la figura de terrorismo agravado, pero al final el TC se lo tumbó porque había una serie de inconsistencias.
— El Ejecutivo en su proyecto de ley sobre terrorismo urbano ha planteado también que los militares y policías que sean denunciados por actos cometidos durante estados de emergencia no sean procesados por la justicia ordinaria sino por el fuero militar policial. ¿Usted está de acuerdo con esta iniciativa?
Lo importante es que debería darse la protección al policía para que cumpla su labor, el Congreso también debería sacar buenas normas, ahora estamos viendo cómo muchos policías terminan siendo procesados por cumplir con su deber. Y estamos hablando de buenos policías. Si cumplen con su tarea, no deberían ser procesados. Lo importante es que salga una norma, más que los juzguen en un fuero diferente, los policías también son ciudadanos, lo importante es que respeten sus derechos y los protejan de que no se vean involucrados en procesos por cumplir con su trabajo, encima en procesos largos. Eso es más importante a que los juzguen en un fuero policial o común.
“Creo que el Congreso va a reflexionar y va a corregir la ley de crimen organizado, tenemos esperanza de que no se tenga que llegar a acciones del paro convocado por los transportistas que están luchando por algo que todos queremos”
— Los gremios de transporte público han anunciado un paro nacional, a raíz de la negativa del Congreso de derogar la Ley N°32108. ¿El empresariado respaldaría esta paralización?
[…] Yo creo que el Congreso va a reflexionar y va a corregir la ley de crimen organizado, tenemos esperanza de que no se tenga que llegar a acciones del paro convocado por los transportistas que están luchando por algo que todos queremos, estamos hartos de la inseguridad que se vive, pero las señales que ahorita vemos a pesar de que dijeron “no queremos derogar”, también se están escuchando comentarios “se tiene que revisar con más detalle en la Comisión de Justicia”. Esperamos que corrijan, porque de que tienen que corregirla, la tienen que corregir.
— ¿Qué medidas adoptarían si el Parlamento no retrocede con esta cuestionada norma?
Tenemos que seguir haciendo presión a las autoridades con el apoyo de la prensa y de la sociedad civil para que corrijan lo que está mal. Todos estamos reclamando eso y se supone que los congresistas representan a todos los ciudadanos. Entonces, tienen que escuchar nuestra voz, el acuerdo es unánime de la sociedad civil y del sector empresarial de que esa ley nunca debió salir.
— ¿En cuánto afecta la Ley N°32108 al país desde el punto de vista del sector empresarial?
Lo que pasa es que al retirar una serie de delitos que venían siendo investigados como organización criminal, todos los casos que se tenían, esas pesquisas se caen y cuando ya tenías avanzado muchos procesos que podían llegar a buen término y meter presos a los integrantes de redes criminales. Al caerse [los procesos], estas organizaciones quedan impunes y libres para seguir cometiendo actos ilícitos que afectan a la economía, a la estabilidad social y económica del país. El IEP ha estimado que el costo de la inseguridad es el 3% del PBI, estamos hablando de US$8.000 millones, es fortísimo.
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— ¿A su juicio, el ministro del Interior debe dar un paso al costado? ¿Ha cumplido su ciclo?
El señor Santiváñez se ha puesto una fecha, él mismo lo ha hecho, ha dicho que, si en 60 días no tiene resultados las estrategias que está implementando, él va a dar un paso al costado. Lo que pedimos es que cumpla su palabra. Y también si empeora la cosa antes de los 60 días, entonces que adelante su paso al costado. Eso es lo que pedimos como cámara.
“El estado de emergencia ya demostró que no ha tenido éxito cuando lo han implementado, el solo hecho de declarar estado de emergencia no funciona, tiene que hacerse toda una estrategia”
— ¿Está funcionando el estado de emergencia? Continúan las muertes, las extorsiones, entre otros.
El estado de emergencia ya demostró que no ha tenido éxito cuando lo han implementado, el solo hecho de declarar estado de emergencia no funciona, tiene que hacerse toda una estrategia. Nosotros incidimos [como CCL] que haya una estrategia integral. Estamos hartos de ver que la Policía capturan y la fiscalía y el Poder Judicial devuelven a la calle a los delincuentes. Tiene que haber una reforma para que estos delincuentes terminen presos y no regresen a las calles.
Otro punto de esta estrategia son las cárceles, no tenemos nuevas cárceles y si esto funciona a dónde vas a meter a los delincuentes. Los penales están al doble de la capacidad que tienen, se tienen que hacer nuevas cárceles, ya anunciaron una inversión de S/3.000, pero el tema lo deben hacer rápido. Desde cuándo no se hace una cárcel nueva. Pueden tratar de ver que el sector privado colabore, puedes hacer cárceles más rápido por obras por impuesto o APP.
— Durante la administración de Dina Boluarte, los índices de inseguridad aumentaron, la pobreza creció y el Ejecutivo no ha observado leyes polémicas, como la de crimen organizado, la que debilita la colaboración eficaz, la que limita los alcances de los delitos de lesa humanidad, entre otras. ¿Cuál es su balance de este gobierno?
Vemos que la lucha contra la criminalidad no funciona. Vemos que el gobierno está perdiendo esta lucha. No vemos un liderazgo ni estrategias integrales y es, por eso, que se ha venido desbordando. La extorsión ha llegado a su punto máximo en Lima, pero este mal se viene dando desde hace varios años en provincias, como Trujillo. Ya está explotando, la conclusión es que el gobierno ha dejado que la extorsión se desborde. No ha habido un buen trabajo para luchar contra la criminalidad. La nota es jalada.
Y, además, en el tema de liderazgo la presidenta tiene el mandato constitucional [de hacerle frente a la inseguridad] como jefa suprema de la Policía y de las Fuerzas Armadas. El Conasec se reunió el martes y antes de eso, solo dos veces en el año. Son reactivos. Había un ofrecimiento de que el sector privado iba a formar parte del consejo, nos invitaron a la segunda sesión, pero a esta última no, a pesar de que tenemos ideas y propuestas. No está funcionando.
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— ¿Qué tipo de autocrítica debe realizar el empresariado ante la situación límite en la que se encuentra el país frente al crimen organizado?
Una autocrítica puede ser de la poca participación que hemos tenido, en el pasado, de generar propuestas, de presionar más a las autoridades para que tomen acción, como ahorita se está haciendo, no debemos dejar que las cosas exploten. Esa autocrítica apunta a que debemos tener una participación más activa en proponer soluciones a los problemas del país. Tiene que haber más unión y trabajar más de cerca el sector privado, el gobierno y la academia, tampoco hay esa unión, que es clave para tratar de analizar los problemas del país. En la cámara tenemos claro que el rol del sector empresarial tiene que trascender tu propia actividad económica, no solo debemos preocuparnos por el PBI, cómo funciona la economía, que afecta a tu negocio, sino debemos ocuparnos de los grandes problemas del país, ejercer un liderazgo empresarial.
