Un violento ataque armado dejó gravemente herido a un conductor de transporte público esta mañana en el Callao, en un aparente ajuste de cuentas vinculado al cobro de cupos. El incidente ocurrió alrededor de las 11:30 a.m. en la cuadra 52 de la avenida Venezuela, frente al Hospital Naval, cuando dos hombres a bordo de una moto dispararon contra la víctima y se dieron a la fuga aprovechando la congestión vehicular.
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El conductor, quien recibió varios impactos de bala, fue trasladado de urgencia al Hospital Naval del Callao, donde su estado es reportado como grave. Las autoridades confirmaron que el chofer fue sometido a atención inmediata, pero aún no se sabe si logró superar los riesgos derivados de las heridas.
Según los testimonios de testigos y las primeras investigaciones, todo apunta a que el ataque fue un ajuste de cuentas relacionado con el cobro de cupos en el transporte público. Se sospecha que el conductor había sido víctima de extorsiones previas por parte de bandas delictivas que operan en la zona.
El hecho resalta una vez más la creciente ola de violencia en el sector del transporte público, donde los choferes son constantemente víctimas de amenazas y ataques por parte de organizaciones criminales que imponen el pago de cupos. La policía ha iniciado las investigaciones para dar con los responsables, pero hasta el momento no se han reportado detenciones.
La comunidad de transportistas exige medidas urgentes para garantizar su seguridad y poner fin a los constantes ataques que sufren.
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Estado de emergencia y aumento de la delincuencia
El gobierno peruano declaró recientemente el estado de emergencia en Lima y Callao debido al incremento de la criminalidad. Esta medida permite la suspensión de ciertas libertades civiles y la realización de arrestos sin órdenes judiciales durante 30 días. Se han desplegado 1,000 soldados adicionales y se han incrementado las patrullas en estaciones de tren y autobús.
Según estadísticas gubernamentales, en 2024 se registraron 2,057 asesinatos en Perú, en comparación con los 674 de 2017. Además, el año pasado se presentaron 22,800 denuncias por extorsión, cuatro veces más que en 2017.
La Defensoría del Pueblo ha señalado que la declaración del estado de emergencia no es suficiente para enfrentar la inseguridad ciudadana y ha instado a implementar medidas integrales que aborden las causas estructurales de la violencia.
