Durante la madrugada de este martes 13 de mayo, dos personas fueron asesinadas a tiros en plena vía pública mientras se desplazaban en un vehículo blanco por el jirón Luna Pizarro, en el distrito del Callao. El crimen, que dejó al menos 30 impactos de bala en la carrocería del automóvil, generó alarma entre los vecinos del sector.
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De acuerdo con testigos, los ocupantes del vehículo fueron seguidos por sicarios a bordo de una motocicleta. Los atacantes dispararon sin tregua, provocando que el auto se detuviera a un lado de la vía. A poca distancia del lugar del crimen, se habría encontrado un segundo automóvil en el que los asesinos escaparon, acompañado por otros cómplices.
Las víctimas, aún no identificadas oficialmente, serían dos hombres jóvenes. La Policía Nacional del Perú ha iniciado las investigaciones y espera identificar a los responsables mediante las cámaras de seguridad instaladas en la zona.
Por la modalidad del ataque, no se descarta que se trate de un ajuste de cuentas vinculado a organizaciones criminales. Este nuevo hecho de sangre ocurre solo horas después del asesinato de un exintegrante de la banda ‘Barrio King’ en el Cercado de Lima, lo que aumenta la preocupación ciudadana sobre el avance del sicariato.
Las autoridades piden colaboración de la población para recabar información clave, mientras los vecinos del Callao reclaman mayor patrullaje y acciones contundentes frente a la ola de violencia.

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Estado de emergencia y aumento de la delincuencia
El gobierno peruano declaró recientemente el estado de emergencia en Lima y Callao debido al incremento de la criminalidad. Esta medida permite la suspensión de ciertas libertades civiles y la realización de arrestos sin órdenes judiciales durante 30 días. Se han desplegado 1,000 soldados adicionales y se han incrementado las patrullas en estaciones de tren y autobús.
Según estadísticas gubernamentales, en 2024 se registraron 2,057 asesinatos en Perú, en comparación con los 674 de 2017. Además, el año pasado se presentaron 22,800 denuncias por extorsión, cuatro veces más que en 2017.
La Defensoría del Pueblo ha señalado que la declaración del estado de emergencia no es suficiente para enfrentar la inseguridad ciudadana y ha instado a implementar medidas integrales que aborden las causas estructurales de la violencia.













