Con el incremento de academias de boxeo y otros deportes de contacto en el país, cada vez más personas se están volviendo hábiles e incluso profesionales en estas disciplinas. Sin embargo, surge una preocupación: ¿qué ocurre si, en medio de un conflicto personal —una pelea callejera o un caso de defensa propia— una persona con este tipo de entrenamiento golpea a otra, dejándola herida o incluso causándole la muerte? El Comercio se contactó con especialistas en la materia para conocer qué dice la normativa peruana al respecto.
En otros países ya se han registrado casos similares. Boxeadores profesionales y deportistas de contacto han enfrentado problemas legales al utilizar sus habilidades para causar daño fuera del ámbito competitivo. Incluso, en algunos lugares es obligatorio declarar ante la policía que se cuenta con formación en artes marciales o deportes de contacto.
En muchos países se considera que practicar boxeo fuera del ámbito formal y profesional, es decir, cuando no se realiza dentro del contexto ni bajo las condiciones adecuadas, implica un alto riesgo de sufrir lesiones graves e incluso la muerte.
El auge de academias de boxeo y artes marciales ha generado debate sobre las implicancias legales de su práctica fuera del ring.
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Un ejemplo se dio en Argentina. El abogado Augusto María Cassiau explicó que, en dicho país, si un boxeador golpea y mata a una persona fuera del ring, el juez puede considerar que, por su condición de profesional, se trata de un homicidio culposo. En consecuencia, la pena se agrava y puede derivar en prisión.
En Irlanda también hubo un caso sonado. El boxeador olímpico Dean Walsh fue condenado a cuatro años de prisión (con 18 meses suspendidos) por dos asaltos ocurridos en un bar. Alegó que actuó en defensa propia, pero las pruebas demostraron que ocasionó lesiones graves, como fracturas faciales, a otro hombre. El juez enfatizó que, por ser un deportista entrenado, su reacción fue desproporcionada.
En Estados Unidos, James Butler, conocido como “The Harlem Hammer”, fue condenado a 29 años de cárcel por homicidio involuntario tras la muerte de un ciudadano en medio de una discusión personal. Aunque alegó provocación y defensa propia, la fiscalía argumentó que, por su condición de boxeador profesional, era plenamente consciente del daño que podía causar.
¿Cómo es la situación en Perú?
En entrevista con El Comercio, el abogado penalista Iván Torres explicó que en el Perú no existe un agravante específico en los casos en que una persona entrenada en boxeo u otros deportes de contacto provoque lesiones fuera del ámbito deportivo. “No hay un agravante como tal. El solo hecho de estar entrenado en deportes de contacto no constituye automáticamente una circunstancia que aumente la pena. En Perú no tenemos esa regulación”, indicó.
En países como Argentina, Irlanda y Estados Unidos, boxeadores han enfrentado condenas de cárcel por agredir en contextos personales.
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Torres comparó esta situación con la de España, donde sí existe la figura del “abuso de superioridad”. “En ese país, si una persona entrenada utiliza sus habilidades para causar daño, se considera un agravante, ya que se reconoce que posee una ventaja que puede generar lesiones graves. En el Perú no ocurre así: el juez debe valorar las técnicas empleadas y el contexto del hecho. Nuestro Tribunal Constitucional se ha pronunciado muy poco sobre casos de abuso de superioridad física en este tipo de situaciones”, señaló.
El abogado también planteó la necesidad de contar con un registro de atletas en deportes de contacto. “Las academias deberían reportar al Estado y a las autoridades competentes, como las federaciones, la lista de alumnos que alcanzan un nivel avanzado de entrenamiento. Es un riesgo no tener una regulación diferenciada para quienes poseen este tipo de habilidades. Un solo golpe de un deportista puede resultar letal. Sin una norma clara, los tribunales se enfrentan a vacíos. Es necesario reglamentar”, opinó.
Por su parte, el abogado penalista Ronny Santillán explicó que las sanciones en el Perú dependen del contexto de la agresión, ya sea una pelea callejera o un caso de legítima defensa. “Si la lesión ocurre dentro de un ring de boxeo profesional, no hay responsabilidad penal. Pero en una pelea callejera existen distintos escenarios”, aclaró.
“Si un boxeador es asaltado en la calle y noquea a los delincuentes, estamos ante un caso de defensa de su vida e integridad. Sin embargo, si es él quien inicia la agresión, la situación cambia y sí existe responsabilidad. Según el artículo 122 del Código Penal, si la víctima requiere entre 11 y 20 días de atención médica, se trata de lesiones leves. De acuerdo con el artículo 121, si las lesiones demandan más de 20 días, son consideradas graves. Y si estas fueron causadas de manera dolosa y derivan en la muerte de la víctima, la pena puede llegar hasta los 20 años de cárcel”, detalló.
Algunos sistemas jurídicos consideran el entrenamiento como un agravante, al reconocer la superioridad física del deportista.
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Respecto a la defensa propia, Santillán subrayó que en el caso de un deportista de contacto el análisis es distinto, ya que sus extremidades se consideran armas. “Si un profesional recibe un ataque y responde con un solo golpe para neutralizar al agresor, puede hablarse de legítima defensa. Pero si continúa golpeando cuando la persona ya está reducida, causándole parálisis o incluso la muerte, se excede el límite y se configura un delito”, explicó.
El abogado enfatizó que los boxeadores y artistas marciales conocen los puntos vitales del cuerpo humano, por lo que saben cómo golpear sin sobrepasarse. “Si lo hacen de manera dolosa y la víctima muere, se podría hablar de homicidio. No es algo fortuito: los profesionales saben cuáles son sus límites”, remarcó.
Finalmente, Santillán recordó que en el Perú no existe una norma específica que establezca un agravante legal para boxeadores o artistas marciales en caso de ocasionar lesiones. “Debería difundirse más cuáles son los límites de estos deportistas. No basta con el entrenamiento físico: es necesario que también tengan claridad sobre las consecuencias legales de sus actos”, concluyó.
