El aumento de los homicidios supera los niveles de años anteriores, posicionándose como un pico histórico. En 2017, se registraron 671 homicidios, desde entonces las cifras han ido en aumento: 911 en 2018 y 1.070 en 2019. Aunque en 2020 se observó una ligera disminución con 1.002 casos, esto solo fue una pausa temporal. Desde 2021, los números volvieron a aumentar de manera significativa, alcanzando 1.317 homicidios en 2021, 1.516 en 2022 y, hasta diciembre de 2023, un total de 1.485 casos.
En total, desde 2017 hasta octubre de 2024, Perú ha acumulado 9.573 homicidios, un número que simboliza el sufrimiento de miles de familias y plantea un desafío inminente para las autoridades.
Un año crítico
Este año, el mes de agosto fue el más trágico, con 203 homicidios, lo que representa un promedio de siete casos diarios. Septiembre registró 181 fallecidos y en octubre,136. Lima fue la región más afectada, con un total de 672 homicidios, seguida por La Libertad, con 220.
Durante setiembre, el Ejecutivo decretó en estado de emergencia a 14 distritos de Lima y Callao. La medida, que está vigente por 60 días calendario, abarca las jurisdicciones de Ate, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Lurigancho – Chosica, Puente Piedra, San Juan de Lurigancho, Villa El Salvador, Ventanilla, entre otras.
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En ese contexto, entre el 27 de septiembre y el 27 de octubre, se registraron 56 homicidios en estas áreas, de los cuales 27 ocurrieron en los distritos en estado de emergencia: Carabayllo (1), Comas (3), Independencia (1), Los Olivos (1), Lurigancho-Chosica(1), Puente Piedra (2), San Juan de Lurigancho (7), Ate (4), Villa El Salvador (4) y Ventanilla (3).
El 78.57% de estos homicidios (44 de 56) involucraron el uso de armas de fuego, lo que refleja una alta prevalencia de violencia armada. Según datos analizados por el ingeniero electrónico y Analista de Datos Juan Carbajal, en el presente año el 70% de los homicidios a nivel nacional también incluyeron un arma de fuego, es decir casi 7 de cada 10 casos registrados.
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Del más de medio centenar de homicidios contabilizados durante el estado de emergencia, 23 ocurrieron en la vía pública, lo que ha evidenciando que las calles se han convertido en escenarios de una violencia significativa. A nivel nacional, se contabilizaron 685 homicidios en la vía pública, 500 en establecimientos de salud y 156 en los domicilios de las víctimas, además de 28 en sus lugares de trabajo.
Posibles causas
El experto en seguridad ciudadana, Frank Casas, señaló que el incremento de los homicidios se puede relacionar a un efecto de la criminalidad organizada y sus actividades delictivas como la extorsión, vinculada directamente con el sicariato. “Marca una tendencia que va acompañada con el uso de armas de fuego, principalmente es muy probable que sean armas cortas”, dijo.
Casas resaltó que es necesario investigar de dónde provienen las armas que emplean los delincuentes. Señaló que algunas investigaciones que se han realizado precisaron que las dos grandes fuentes del mercado ilegal de armas provienen de dos causas: desde el mercado legal mal regulado y la corrupción por parte de las Fuerzas Armadas.
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“Las armas funcionan con municiones que también se mantienen desreguladas. Las personas pueden comprar municiones sin mucho control. Entonces ahí tenemos grandes problemas. Es muy probable que también cuando estas cifras del Sinadef se vinculen con otras fuentes de información los números crezcan”, declaró.
En esa línea de desprotección al ciudadano, el exministro del Interior, Rubén Vargas indicó que la percepción de inseguridad ciudadana en Lima supera el 90% y la situación se repite a nivel nacional. Asimismo, indicó que la victimización ha aumentado de la mano con los homicidios. “Estos datos objetivos generan la conclusión inevitable que estamos en una grave crisis de desborde criminal. Nadie puede decirnos lo contrario”, subrayó.
Registro
Los datos rescatados del Sinadef responden a un registro diario realizado por doctores a nivel nacional. Según el ingeniero electrónico y Analista de Datos Juan Carbajal, desde el 2017 hasta antes de la pandemia había una cobertura de registros de alrededor del 60% al 70%; sin embargo, con la llegada del año 2020 y la crisis sanitaria se ingresaban los datos a diario al sistema. “Es probable que en la información registrada que existe de años anteriores, en este caso de 2017 al 2018, haya una especie de subregistro”, dijo.
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El Director General de la Oficina General de Tecnologías de la Información del Minsa, José Pérez Lu informó a El Comercio que la actualización del Sinadef es dinámica. Resaltó que el registro de todas las muertes violentas son realizadas por el Ministerio Público. En ese sentido, una vez realizada la necropsia y las investigaciones de la muerte, se procede a registrar el homicidio en el sistema.
